Pleno gubernativo

El Constitucional de Conde-Pumpido echa a andar con planes para impulsar asuntos pendientes

El nuevo presidente ya expuso su interés de resolver los recursos más antiguos, como es el presentado hace ya casi 13 años contra la vigente ley del aborto

Fotografía de archivo del magistrado Cándido Conde-Pumpido, elegido presidente del Tribunal Constitucional.

Fotografía de archivo del magistrado Cándido Conde-Pumpido, elegido presidente del Tribunal Constitucional. / EFE

Cristina Gallardo

El Tribunal Constitucional recién renovado y ya presidido por Cándido Conde-Pumpido echa a andar este martes, y lo hace con la convocatoria de un Pleno gubernativo que abordará su nueva configuración interna y repartirá las ponencias de asuntos que estaban en manos de los magistrados que salieron el pasado 9 de enero, y que ahora corresponderán a alguno de los cuatro nuevos miembros que entonces tomaron posesión. 

Entre ellos se encuentran, por ejemplo, uno de los recursos contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de marzo de 2021 que impide desde entonces realizar nombramientos a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encuentra aún a falta de renovación. La salida del vicepresidente Juan Antonio Xiol obliga a volver a repartir este asunto, concretamente el recurso que fue presentado por el PP, mientras María Luisa Balaguer mantiene la ponencia de la impugnación de la misma norma por parte de Vox.

Otro tema pendiente de nuevo reparto tiene que ver con uno de los recursos de amparo aún pendientes presentados por el que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo y contra la pérdida de su escaño. El primero de los asuntos recayó en el magistrado que también concluyó su mandato Santiago Martínez-Vares, por lo que también tendrá que turnarse de nuevo.

Tal y como anunció cuando presentó a sus compañeros del sector progresista su programa como aspirante a la presidencia, Conde-Pumpido se ha propuesto entre sus objetivos dar impulso a los más de cien asuntos que hay actualmente pendientes desde hace meses o incluso años, empezando por los más antiguos. 

Entre los que destaca el recurso del PP contra la ley vigente de plazos del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero, ponencia de la que se ocupa el magistrado conservador Enrique Arnaldo. Fuentes jurídicas señalan que la intención del nuevo presidente es el de zanjar este asunto en los próximos meses.

En el Pleno de este martes, donde no se tratará aún ningún asunto jurisdiccional concreto, sí se sustanciará la nueva composición de las salas primera y segunda de la corte de garantías y de sus cuatro secciones, así como los criterios de reparto de las ponencias.

CRITERIOS DE REPARTO

Los nuevos magistrados --Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa-- heredarán las ponencias encargadas a los magistrados que han sustituido -Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez-. Detallan además que podrían producirse cambios de ponente en los asuntos que se estudian a nivel de Sala (hay dos en el órgano), no siendo así con los elevados al Pleno, que continuarán en manos de sus actuales ponentes.

Se trata del primer Pleno del TC que tiene lugar desde la elección el pasado miércoles de Conde-Pumpido como su nuevo presidente, en sustitución de González-Trevijano, como consecuencia de la renovación parcial que se formalizó la semana pasada, tras más de seis meses desde que concluyeran los mandatos de los magistrados salientes.

PRESTIGIO E IMPULSO AL NUEVO ÓRGANO

Entre los objetivos del tribunal presidido ahora por Conde-Pumpido, y de mayoría progresista de siete frente a cuatro, está también del de recuperar el "prestigio" que el órgano ha podido perder en los últimos tiempos al evidenciarse su fractura en bloques irreconciliables en relación con asuntos como el decreto de estado de alarma o, recientemente, el recurso del PP que supuso la paralización de un trámite parlamentario en el Senado.

Entre la lista de pendientes, además de los temas ya citados, están los recursos de la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra leyes de gran trascendencia social como la ley de Eutanasia.

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado 'popular', que se sumó por error suyo a los síes. El TC también ha admitido, pero no resuelto, las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, así como las impugnaciones contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá --la ministra que la impulsó--. 

FISCALÍA SOBRE LA POLÉMICA MEDIDA DE TREVIJANO

Al presidente Conde-Pumpido también le corresponde decidir sobre la continuación del recurso presentado por el PP que permitió al antecesor en su cargo, Pedro González-Trevijano, llevar a Pleno para su aprobación una polémica medida cautelar que permitió suspender cautelarmente la discusión en el Senado de dos enmiendas dirigidas a acelerar la renovación de este órgano.

De hecho, este mismo lunes se ha conocido la valoración al respecto realizada por el fiscal Sala ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, que ha pedido revocar la controvertida decisión adoptada el pasado 19 de diciembre, al tiempo que advierte que dicha resolución abre una vía que podría convertir a la corte de garantías en un "órgano de fiscalización" de las iniciativas legislativas en trámite. Este punto de vista es compartido por los magistrados que suscribieron votos particulares en contra de la resolución de la mayoría, entre los que se encuentra Conde-Pumpido.

El fiscal fija que, "salvo error, en el ordenamiento jurídico español no existe ninguna norma que habilite de forma expresa al Constitucional a suspender el trámite parlamentario de una iniciativa legislativa", deduciendo que, "si no existe una previsión normativa que permita al tribunal interferir en el proceso parlamentario es porque no debe ocurrir", informa Europa Press.

Además recuerda que, según el TC, la "urgencia excepcional" viene dada por "la irreversibilidad del perjuicio que se trata de prevenir", esto es, la vulneración de los derechos de los parlamentarios por la forma en la que se tramitaron las enmiendas, si bien Crespo cree que de la demanda de amparo presentada por el PP cabe entender que "la lesión del derecho fundamental ya habría quedado consumada" con la aprobación de dichas enmiendas en el Congreso de los Diputados.