La renovación del Tribunal Constitucional asegurará una mayoría progresista durante una década

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de romper la negociación con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional ha tenido efectos evidentes en la construcción del liderazgo del presidente popular, sobre las que Génova quiere pasar rápidamente página para centrarse de nuevo en el discurso económico. Pero la marejada interna no se ciñe sólo al ámbito político interno, a si Feijóo tenía o no otra salida una vez que creció como la espuma la reforma de la sedición. Los efectos de esta decisión van mucho más allá y afectan al concepto del PP como partido de Estado, que se queda absolutamente aislado en el TC durante una década.

Esta nueva voladura del diálogo deja consecuencias muy negativas para los populares que internamente se reconocen sin ambages. Sin acuerdo, explican fuentes del partido, el PP ya no va a poder designar a uno de los magistrados del TC nombrados a propuesta suya por el Senado, quien debía ocupar el puesto de Alfredo Montoya, que en julio dejó el tribunal por cuestiones de salud. Y está por ver, apuntan, que Génova tenga ya algún control sobre el bloque conservador en el CGPJ, que directamente podría optar por comunicarse con la Moncloa. O al contrario. Estos ocho vocales siguen retrasando la elección de los dos miembros del Constitucional que debe designar el órgano de los jueces. Pero incluso el Gobierno ya se muestra convencido de que más pronto que tarde lo desbloquearán y eso alumbrará un largo periodo de mayoría progresista.

Como a corto plazo no hay visos de que pueda elegirse al remplazo de Montoya, la mayoría será de siete del sector progresista frente a cuatro del conservador. A lo que hay que añadir, señalan, que el PP deberá digerir en público que Cándido Conde-Pumpido será previblemente el próximo presidente del TC, una elección que deben votar los magistrados, pero que se da por hecha y que los populares habían asumido en la negociación. La diferencia es que en esos momentos aún podían ejercer alguna influencia sobre el resto de nombramientos. Ahora ya no. Tras imponerse la tesis de que quienes dentro y fuera del PP defienden de que no se debe llegar a ningún acuerdo con Pedro Sánchez, Génova queda fuera de juego.

Al cortocircuitarse ese diálogo, los populares pierden todo el control. No tienen capacidad ya de abordar con el Gobierno la presidencia del TC y, además, no pueden hacer nada para cambiar la mayoría progresista, aunque Feijóo logre llegar a la Moncloa. La elección de dos jueces del Constitucional, que puede decantar la orientación del tribunal, se produce una vez cada década.

MAYORÍA HASTA JUNIO DE 2030

La renovación se regula en la propia Constitución, en el artículo 159.3, y establece que los miembros del órgano serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres ejercicios de la siguiente forma: cuatro magistrados designados por el Senado, cuatro por el Congreso y los cuatro restantes a repartir entre el Gobierno CGPJ, que es la que está pendiente desde el pasado 12 de junio.

La lógica bipartidista que ha existido hasta ahora en nuestro país ha permitido que, durante los 42 años de historia del TC, las designaciones que marcan la diferencia sobre la 'sensibilidad' del tribunal -si existe mayoría de magistrados conservadores o progresistas en un momento dado- fueran las que corresponde efectuar al Gobierno de turno. Esto es por el equilibrio que se presupone en los nombramientos de los diez magistrados restantes, que son nombrados gracias al acuerdo político en el Parlamento -dos a propuesta del PSOE y otros dos a propuesta del PP, tanto en el turno del Congreso como el del Senado-, y al consenso entre sensibilidades similares en el seno del CGPJ.

Por esta razón, de producirse la renovación en este momento, bajo el Gobierno del PSOE como corresponde, se asegurará una mayoría progresista hasta al menos junio de 2030. Y ello siempre que en dicho momento esté gobernando la derecha, ya que si por entonces sigue habiendo un Gobierno de izquierdas, el periodo 'progresista' del órgano será renovado por otros nueve ejercicios.

EL PRECEDENTE DE MARIA EMILIA CASAS

Respecto a Conde-Pumpido, que es el más serio aspirante a la presidencia del órgano hasta finales de 2025 -pese a la oposición que su candidatura despierta entre los sectores más ultras del PP y la derecha judicial- la realidad es que en su día fue nombrado para el TC por consenso. Tanto él como Montoya fueron propuestos por la Asamblea de Madrid, también por consenso, debido a que los magistrados nombrados por el Senado se consideran representantes de las Comunidades Autónomas, y vienen propuestos previamente por los parlamentos autonómicos. Según se señala desde su entorno a este diario, sorprende que últimamente le achaquen veleidades de apoyo a los independentistas catalanes, cuando fue el magistrado que dirigió la comisión que preparó todos los borradores de las sentencias que rechazaron los recursos de los de los condenados del 'procés', e incluso acabó recusado por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

Desde María Emilia Casas, que fue la primera mujer presidenta de este órgano, entre 2004 y 2011, no ha vuelto a haber un presidente progresista del órgano. En su caso, y pese a coincidir con un gobierno del PP, el voto del Pleno se dividió y Casas obtuvo la presidencia con el voto de los conservadores, de Roberto García Calvo y Jorge Rodrígez-Zapata. Pero en todas estas vicisitudes siempre hubo diálogo entre el PSOE y el PP para abordar todas estas cuestiones fundamentales para el Estado.

SE "CULPARÁ" AL PP DE LA RUPTURA

Son muchos dentro del PP los que asumen que el Gobierno, al plantear el asunto de la sedición, lo puso "muy complicado" pero admiten también que el CGPJ "se debía haber renovado hace tiempo". No se hizo, afirman fuentes populares, por la "influencia" que el bloque "ultra", en contra de Sánchez, tenía sobre Pablo Casado. Los mismos que ahora, añaden, han convencido a Feijóo de que no pacte nada con el Gobierno, a pesar de que su perfil, a diferencia de Casado, era el de un hombre de Estado, que pone por delante el cumplimiento de la Constitución.

La consecuencia, ratifican, es que el CGPJ desbloqueará la renovación del TC, pero seguirá sin poder hacer nombramientos por el veto que le impuso el Ejecutivo. Y la situación es especialmente preocupante en el Tribunal Supremo, que tiene ya vacantes un total de 17 plazas de magistrado (serán 18 en diciembre), lo que supone casi una cuarta parte del total de 79 que deben conformar este órgano. El Supremo sienta doctrina y dirime en última instancia asuntos de vital interés para los ciudadanos como los relativos a despidos, divorcios, litigios con las administraciones, aplicación de impuestos, etc. De este colapso, apuntan las fuentes consultadas, "se culpará" al PP porque rompió de manera unilateral la negociación.