El PSOE empuja al fracaso la ley de bienestar animal tres meses después de avalarla en Moncloa

El 1 de agosto, el Gobierno publicó en su web esto: “El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales”. El Consejo de Ministros lo forman PSOE y Unidas Podemos. 

Exactamente tres meses después, el PSOE ha situado el proyecto al borde de un precipicio. Ha registrado cuatro enmiendas que desnaturalizan tanto el texto que la otra parte de la coalición no las acepta. Fuentes parlamentarias conocedoras de las conversaciones al respecto creen que en estos momentos la norma tiene más posibilidades de caer que de seguir en pie.

Hace una semana, la Mesa del Congreso desbloqueó la tramitación de la regulación. A pesar de los llamamientos de Unidas Podemos para que las retirase, el grupo socialista registró las enmiendas anunciadas semanas antes. El socio en el Gobierno no disimuló su enfado. Cargos de la formación “morada” se lo transmitieron a interlocutores del PSOE; les advirtieron de que con esa actitud estaban conduciendo a la norma al fracaso. 

Durante la presente legislatura, ha sido más o menos habitual que Unidas Podemos apareciera como el socio díscolo. Motivos no han faltado. No han sido una, dos o tres las ocasiones en las que las siglas que representan a Yolanda Díaz o a Ione Belarra reniegan en el Congreso de leyes provenientes del Consejo de Ministros. Ahí está la ley de vivienda, por ejemplo, que a pesar de que se convirtió en proyecto legislativo gracias a un acuerdo previo entre los dos integrantes de la coalición, es un campo minado por las discrepancias. 

Con la ley de bienestar animal han cambiado las tornas. Es el PSOE el que con sus enmiendas abjura de un contenido acordado antes, en el Consejo de Ministros ni más ni menos. Lo avanzó el portavoz del grupo parlamentario, Patxi López, en una comparecencia improvisada ante la prensa, hace semanas. Dijo que los perros de caza o los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedarían fuera del radio de aplicación de la norma. 

Tensiones internas

La onda expansiva de las enmiendas del PSOE es amplia porque propone añadir al artículo 1.3 del proyecto, el que precisa qué animales quedarán fuera de la ley, varios tipos más.

Estos: los animales utilizados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado); los empleados en actividades profesionales, como los perros de rescate, los de intervenciones asistidas, los de los cuerpos de seguridad del Estado y los de las Fuerzas Armadas; y los de caza, tanto rehalas (en grupos) como auxiliares. 

Cierto que, como puntualizan los socialistas, les afectarán las prohibiciones y las obligaciones generales, pero el PSOE, con la enmienda, pone el foco en unas tipologías de animales que, a criterio de Unidas Podemos, no pueden quedar fuera bajo ningún concepto. 

Laten en este conflicto abierto (muy similar al que está suscitando la tramitación de la ley trans) las tensiones internas que, más entre susurros que entre chillidos, han recorrido los pasillos de Ferraz, sede del PSOE. Agrupaciones locales y federaciones provinciales y autonómicas reprodujeron las protestas de vecinos y ciudadanos que en la caza o en el pastoreo tienen sus modos de vida, directa o indirectamente. Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía concentran estos focos de malestar. De ahí las enmiendas del grupo parlamentario.

La justificación es la siguiente; así consta en el escrito de las enmiendas: “Debe deslindarse la normativa de bienestar aplicable a los animales de compañía de aquellos otros tradicionalmente denominados de producción, o vinculados a actividades profesionales. De esta forma la nueva ley se aplicará exclusivamente a los animales de compañía que son mantenidos en el hogar familiar y conviven en él con sus titulares”.

Bozales o revisiones veterinarias

En consecuencia, y en coherencia, el PSOE aboga por suprimir un capítulo nuclear del proyecto, el número 4 del título II. Ello, de salir adelante, supondría acabar con el artículo 33, que regula las condiciones en las que deben estar los animales empleados en actividades profesionales. “No podrán ser sometidos a sobreesfuerzos y no se podrá forzar al animal a desempeñar tareas que no sean acordes a sus condiciones particulares, tanto físicas como psicológicas, y a las características de su especie”, reza la letra "a" del citado precepto.

Supondría, también, apartar la prohibición del uso de materiales y técnicas que provoquen dolor en el animal, estrés o ansiedad; excluir la obligación de revisiones veterinarias anuales y quitar las restricciones al uso de collares eléctricos y de bozales. En definitiva, que la regulación de las condiciones vitales de los perros de caza, de los perros pastores, de los hurones o de las aves de cetrería se caerían de la normativa. Es uno de los cimientos sobre los que se construyó el texto en los despachos del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra. Por el empuje del PSOE, está ahora abocado a la destrucción. Por extensión, la propia ley.

Fuentes parlamentarias consideran estas enmiendas una “espada de Damocles”. Sólo la búsqueda de una redacción alternativa salvaría el proyecto. De momento, cero conversaciones entre los dos partidos que forman el Gobierno.

Coincidencia PSOE-PP

Tan oscuro ven el panorama las fuentes que ahora mismo ni se atisba un desenlace satisfactorio para las partes. A tenor de las enmiendas registradas por otros grupos, podría darse la paradoja de que durante el trámite en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso el artículo 1 quedara redactado más o menos como plantea el PSOE, ya que el PP ha adoptado una posición similar.

El grupo que dirige Cuca Gamarra ha registrado una propuesta encaminada a sacar de la norma a perros de guarda de ganado, perros pastores, de asistencia, de caza, a hurones… Los mismos animales que la bancada de Patxi López. Esto anticiparía un respaldo importante al artículo, pero, he aquí la paradoja, no garantizaría la salvación de la ley. Las lentes con las que la observan socialistas y populares son muy, muy distintas.

El PDeCAT y Teruel Existe comparten el criterio, así como el PNV, aunque con una terminología diferente. Mayoría asegurada, por tanto, pero sólo para el artículo 1.3. Ni mucho menos para el dictamen. Porque tanto ERC como EH Bildu prefieren incluso endurecer la norma. Los independentistas catalanes, de hecho, abogan por suprimir el citado artículo. En otras palabras: que ningún animal quede fuera de la ley.

Con la regulación sobre el bienestar de los animales sucede como con muchas otras leyes. Sale del Consejo de Ministros, aterriza en el Congreso, el PSOE la recibe con algunos matices o con ajustes pendientes y Unidas Podemos, igual. Expresan sus reparos y sus nuevas peticiones por separado, mediante enmiendas con un solo sello. Pero también plantean mejoras pactadas a través de enmiendas conjuntas.

Es curioso que en el mismo artículo de la discordia, el 1.3, brille una enmienda de los dos socios del Gobierno. No se ponen de acuerdo para excluir a los perros de caza o de pastoreo de la ley, pero sí para excluir a los “utilizados en investigación clínica veterinaria”. El diálogo, está demostrado, es posible. Y el entendimiento, también.

Unas 600 enmiendas han registrado los grupos, lo que augura una negociación trepidante. Además de la cantidad de trabajo acumulada, condiciona el poco tiempo disponible. En principio, la idea es aprobar la norma antes de final de año, pero el encono es tal que las previsiones se han complicado demasiado.

Antes del anuncio de Patxi López sobre las enmiendas socialistas, las direcciones de los grupos parlamentarios daban por descontada la salida de la ley, lo cual celebraban. Al fin y al cabo, son pocos los trámites fáciles, en los que reine la sintonía. 

Pero el optimismo ha mutado en pesimismo tres meses después. Y un pesimismo cargado de enfado, además.