LEY TRANS

El PSOE quiere exigir autorización judicial para el cambio de sexo de menores de 12 a 15 años

Los socialistas se habían comprometido a no tocar la autodeterminación de género

Una bandera trans gigante a las puertas del Congreso de los Diputados.

Una bandera trans gigante a las puertas del Congreso de los Diputados. / EFE/J. J. Guillén

El PSOE quiere modificar la autodeterminación del género en menores de 16 años: el grupo socialista propondrá ampliar la exigencia de autorización judicial para el cambio del sexo en el Registro Civil de los menores de 12 a 15 años, cuando en el proyecto de ley este requisito se exigía sólo para los de 12 y 13 años.

Así lo ha confirmado este viernes, cuando ha hecho públicas sus propuestas de enmiendas a la ley trans.

El PSOE se comprometió a no tocar la redacción de la autodeterminación del género, que establece que se podrá cambiar la mención del sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe médico o psicológico, tan sólo con la libre voluntad de la persona implicada.

Pero finalmente tratará de limitar la edad a las personas que pueden acceder a este procedimiento administrativo: sólo quien haya cumplido 16 años o más podrá solicitar el cambio de esta forma, los menores de 12 a 15 años deberán solicitar una autorización judicial. Argumentan desde el PSOE que este cambio es "necesario" para "reforzar las garantías" de la ley y citan al Consejo General del Poder Judicial, que en su informe de la norma decía que en los casos de 14 y 15 años el procedimiento "no resulta adecuado para proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada".

Según el Partido Socialista, en estos términos la ley se "situará entre las más avanzadas de nuestro entorno".

Al conocerse que el PSOE votaría de nuevo esta semana para ampliar el plazo de enmiendas a la ley trans, desde el Ministerio de Igualdad se reiteró que la autodeterminación de género era una línea roja de la ley, ya pactada en el seno del Gobierno, y que no tolerarían ningún cambio a este respecto. Tras trascender las propuestas de enmiendas en las que trabajan los socialistas, el departamento de Irene Montero ha optado por la discreción.

Fuentes del ministerio han indicado que sólo valorarán las enmiendas el día 2, que es cuando se cierra el plazo en el Registro del Congreso, y han precisado que "lo más urgente es cerrar un calendario de tramitación que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a finales de año".

La intención del PSOE de aumentar la edad a partir de la cual permitir la autodeterminación del género a los menores ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos LGTBI. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+), la asociación Chrysallis y la Fundación Triángulo consideran "inaceptable" esta medida, "al suponer una ruptura de los acuerdos alcanzados en 2021".

Estiman que se trata de una "merma de derechos para los menores trans de 15 y 14 años, que verán cómo su identidad es decidida por un juez en un momento en el que ya es obligatorio tener DNI, exponiéndolos socialmente".

Se trata, han dicho estos colectivos, de cruzar una "línea roja" que supone un "retroceso en los derechos acordados y fijados" en el proyecto de ley.

Reversibilidad y violencia intragénero

El PSOE también quiere que se tenga que recurrir a la justicia para rectificar ese cambio registral, esto es, que cuando se quiera revertir un cambio previo de sexo en el Registro se deba pedir autorización judicial.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, considera que es una medida prejuiciosa y al mismo tiempo estigmatizante y contraria al principio de igualdad, informa Juan Ruiz.

Otro de los temas sobre los que el PSOE ha mostrado dudas es el del término de la violencia intragénero y por ello aspira a sustituirlo por violencia en el ámbito familiar y quitar la referencia a la ley contra la violencia de género que aparecía en este artículo.

En el proyecto del Gobierno se decía que las víctimas de violencia intragénero -en el ámbito de una pareja del mismo sexo- podrían acceder a los mismos derechos laborales y de seguridad social que las víctimas de la violencia machista. Lo que planean hacer los socialistas es explicitar que cuando una condena o una orden de protección por violencia doméstica, las víctimas podrán solicitar "la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas".

En esto sí está "al cien por cien de acuerdo" Cambrollé, quien defiende que no puede compararse, mezclarse ni equipararse la violencia de género, que es estructural, con la que pueda darse entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso sí, las víctimas deben en cualquier caso quedar protegidas.

En el ámbito del empleo, el PSOE hará propias dos enmiendas propuestas por el sindicato UGT para que las empresas de más de 50 tengan que contar con un conjunto planificado de medidas para garantizar la igualdad del colectivo LGTBI así como para disponer de un protocolo de actuación para atender los posibles casos de acoso o violencia que afecten a personas que formen parte de él.

Y en relación a la adopción y al acogimiento familiar, propondrá que no exista discriminación en la valoración de la idoneidad para aquellas personas del colectivo LGTBI que quiera iniciar un proceso. Asimismo, el PSOE sugiere que se trabaje la diversidad familiar en los centros de menores.

Mujeres trans y prostitución

Los socialistas también hablan de añadir un artículo nuevo para garantizar que las mujeres trans en situación de prostitución puedan acceder a las ayudas sociolaborales recogidas en la ley de garantía integral de la libertad sexual, así como a aquellos recursos tanto laborales como psicológicos que presten las distintas administraciones públicas para víctimas de violencia sexual, trata o explotación sexual. Defiende el PSOE que se trata de "un colectivo especialmente vulnerable".

También quieren que haya una mención expresa a las mujeres trans en el capítulo del proyecto que vela por que las Administraciones Públicas adopten medidas para integrar laboralmente a este colectivo, así como que se asegure la atención a estas mujeres con acciones positivas en los mecanismos de empleabilidad y los planes de inserción de personas en riesgo de exclusión social.

Otra de las consideraciones que analiza el PSOE para sus enmiendas es el desarrollo de protocolos de atención ginecológica específicos para mujeres lesbianas y bisexuales.

Asimismo, se estudian medidas para prevenir y detectar la situación de sinhogarismo entre las personas LGTBI, así como para promover la formación de los profesionales sociales que trabajan en centros, servicios y programas con personas mayores para que conozcan la realidad de la tercera edad en este colectivo.

Medio rural y 'sexilio'

Planean añadir al texto una nueva sección con medidas para garantizar la igualdad del colectivo LGTBI en el medio rural. Quieren que las administraciones públicas desarrollen acciones "para promover el respeto y la visibilidad en materia de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género, así como la diversidad familiar en el ámbito rural".

En ese marco, se pretende realizar un estudio sobre el sexilio, entendido por el "abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia", impulsar una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad y poner en marcha campañas de visibilidad LGTBI y para la prevención de la violencia y la discriminación adaptadas al medio rural.

Los socialistas dirigen también una mirada al turismo y quieren que las administraciones públicas promuevan un turismo diverso e inclusivo que visibilice a las personas LGTBI como sujetos de la actividad turística y adopten medidas para fomentar el turismo LGTBI.