El bufete de Garzón reclama 5,1 millones a un exgeneral ruso investigado en España

El despacho Ilocad, cuyo administrador y socio único es el juez Baltasar Garzón, ha presentado una demanda contra el general ruso retirado Viktor Kanaikine y tres de sus empresas en la que les reclama 5,1 millones de euros por incumplimiento de contrato, según consta en una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El juez a cargo del Juzgado de Instrucción número 70 de Madrid ha emitido una comisión rogatoria a la Federación de Rusia para contactar con los demandados.

El bufete hace esta reclamación al considerar que su cliente rompió de forma "injustificada" y con "evidente mala fe" el contrato para evitar el pago de la suma acordada. En el acuerdo se estipulaba el abono de esta cantidad a Ilocad si los abogados lograban que se archivara la imputación contra Kanaikine o conseguían desbloquear los 44,2 millones que este general ruso retirado guardaba en Andorra. Pero el 15 de marzo de 2017 el director de Ilocad recibió un escrito de Kanaikina en el que rompía el acuerdo para designar a otro letrado como defensor.

"Evitando con ello satisfacer los honorarios pactados e imposibilitando el cumplimiento de su expectativa al cobro del resto de la remuneración pactada hasta los cinco millones con cien mil euros, vinculados al cumplimiento de los requisitos previstos", dice de forma literal la demanda.

Al final de la instrucción

Además, el escrito de 61 páginas destaca que el cambio de letrado tuvo lugar al final de la instrucción, pocos meses antes de que la causa contra Kanaikín fuera archivada y desbloqueados parcialmente los fondos de Andorra (33 de los 44,2 millones), gracias al trabajo de los abogados de Ilocad. Por eso, considera que ese trata de una operación irregular que buscaba evitar el pago de los 5,1 millones estipulados en el contrato.

En la demanda, el representante legal del despacho de Garzón explica que el general en la reserva Kanaikine, que fue imputado en España a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la denominada Operación Clotilde, contrató los servicios del despacho: "El 31 de agosto de 2013 tuvo lugar la celebración de un contrato de prestación de servicios entre Ilocad SL, [...] que actuó representada por Baltasar Garzón Real, letrado en ejercicio, y por los codemandados Viktor Kanaikin, Vikser Finkas Management SL, y DDC Limited, todos ellos representados por Olga Viktorovna Kanaikina, ciudadana de la Federación de Rusia”.

Esta mujer, Olga Viktorovna Kanaikina, prosigue la demanda, es la hija de Viktor Kanaikin, quien la nombró para que fuera su representante ante el despacho de Garzón. El texto especifica que esta mujer era la directora y representante de una de las mercantiles de su padre, que estaba domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Además, el propio exgeneral firmó directamente un poder general para pleitos para que le defendiera Ilocad.

44,2 millones

Y en ese contrato de 2013, que ahora sale a la luz, el exgeneral y el despacho del exjuez Garzón, -quien abandonó la Audiencia Nacional en 2010 y fue inhabilitado dos años después-, acordaron que el despacho Ilocad defendiera los intereses de Kanaikine en el Juzgado Central de Instrucción de la misma Audiencia Nacional.

En las cláusulas del mencionado acuerdo se incluía un punto en el que se aludía a la "satisfacción de unos honorarios profesionales adicionales si se conseguían unos objetivos, como por ejemplo el archivo de la causa contra Kanaikine; pero también el desbloqueo, aunque fuera parcial, de los 44,2 millones que este exgeneral ruso escondía en Andorra. Si el despacho Ilocad conseguía la liberación total de la cantidad bloqueada, percibiría 5,1 millones.

Para llevar a cabo la defensa de este militar en la reserva, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como uno de los cabecillas de un supuesto clan mafioso ruso asentado en España, Ilocad conformó un equipo jurídico de tres bufetes de abogados, todos ellos bajo la dirección del exjuez Garzón. Además, el 17 de junio de 2014 uno de los integrantes del entramado societario ruso, Andrei Petrov, designó a una abogada, también "perteneciente al equipo de Ilocad como representante procesal y dirección letrada de las mercantiles Vikser Finkas Management SL y Develpment Diagnostic Company", según indica de forma textual el escrito.

La versión de Ilocad

Sin embargo, las afirmaciones de la demanda difieren de la información suministrada por el propio despacho Ilocad a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el pasado 23 de marzo, en las que a las preguntas remitidas por este diario el bufete contestó: "En lo que respecta al señor Viktor Kanaikine, este no fue defendido procesalmente por letrados de este despacho". Ilocad no ha respondido a la petición de aclaración realizada por este diario.

Kanaikine es uno de los 47 ciudadanos rusos identificados por la Fiscalía Anticorrupción a petición de la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por sus vínculos con casos de corrupción y crimen organizado en España.