INVESTIGACIÓN

La operación "altamente confidencial" que activó la Fiscalía española para frenar a Putin

  • La Fiscalía General del Estado entregó de forma "reservada" información a Rusia con la intención de obstaculizar el nombramiento de una persona ligada a Putin, que estaba vinculada al crimen organizado

  • Fuentes consultadas aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el fiscal Yuri Chaika realmente buscaba impedir que la investigación de Anticorrupción llegara a relacionar al entonces primer ministro ruso con la mafia

El ex fiscal general de Rusia Yuri Chaika (I) junto a su entonces homólogo en España, Cándido Conde-Pumpido (d)

El ex fiscal general de Rusia Yuri Chaika (I) junto a su entonces homólogo en España, Cándido Conde-Pumpido (d) / FGE

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Era 4 de marzo de 2009 y el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recibía en la sede central del ministerio público de Madrid a su homólogo ruso, Yuri Chaika. Sobre la mesa se reunían para firmar un Memorando, cuyo cometido aparente era agilizar la cooperación judicial entre España y Rusia. Un asunto de mero trámite que apenas encontró eco en la prensa española. Pero, lo que en realidad hicieron Conde-Pumpido y Chaika, según las fuentes consultadas, era activar una operación "altamente confidencial" que pretendía limitar el poder de Vladímir Putin en el seno del Estado, quien como primer ministro ruso quería nombrar "zar antidroga" a una persona de su máxima confianza, pese a sus aparentes vínculos con el crimen organizado.

Por el contrario, otras fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de que el fiscal Chaika, a quien ligan estrechamente con el poder de Vladímir Putin, pudo haber activado con España esta colaboración precisamente para evitar que las investigaciones que se habían iniciado en nuestro país llegaran a señalar al propio presidente ruso.

En 2009 Putin todavía no había conseguido el poder autocrático que ha demostrado durante la actual invasión rusa de Ucrania. Y por eso un año antes se vio obligado a dejar la presidencia de la Federación Rusa y aupar a la jefatura del Estado a su fiel escudero Dmitri Medvédev. Al promover a este como presidente y él seguir como primer ministro, Putin lograba saltarse la limitación de ocho años que imponía la Constitución rusa a los mandatos presidenciales. En 2020 promovió la aprobación de una enmienda a la Carta Magna que le permite volver a presentarse en otras dos ocasiones, por lo que podría permanecer en el cargo hasta 2036, con 83 años.

Pero la filtración de Wikileaks, publicada por El País, puso de manifiesto ya en 2009 lo que era un secreto a voces. El embajador estadounidense en Moscú, John Beyrle, confirmaba al director del FBI Robert Mueller que quien ejercía en realidad el control del Estado era Putin. Y para hacerlo se valía de una camarilla vinculada al espionaje del antiguo KGB (ahora FSB) que dominaba los principales resortes del poder.

El clan de la 'Tambovskaya'

En ese contexto, la investigación que desarrollaban en secreto los fiscales de Anticorrupción especializados en mafia rusa y crimen organizado José Grinda, David Martínez Madero y Juan Carrau, sobre el clan conocido como Tambovskaya, no solo mostraba las actividades presuntamente ilegales de los cabecillas de la mafia rusa asentada en España, sino que las grabaciones desnudaban los vínculos de estos con altos funcionarios y políticos vinculados a Vladímir Putin, originario de San Petersburgo.

José Grinda y a la derecha el también fiscal Fernando Bermejo

/ Toni Albir

Los altos cargos señalados eran el general jefe de la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia Nikolai Nikolaevich Aulov y el ex alto cargo de la Fiscalía Igor Sobolevsky. El primero tenía, siempre según Anticorrupción, una relación "estrecha" con los cabecillas del clan mafioso, a quienes informaba de los asuntos que se investigaban. Los audios también señalaron a Sobolevski, quien mantenía una "frecuente" comunicación y un intercambio de "favores" con el clan.

En estas pesquisas también acabó señalado el ex primer fiscal general adjunto de Rusia Alexandr Bastrikin, que en 2011 fue nombrado presidente del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, el equivalente de la Fiscalía Anticorrupción en España, que en este país depende directamente del presidente, Vladímir Putin. Aulov, Sobolevski y Bastrikin son precisamente tres de los 47 rusos incluidos en la lista que ha recopilado la Fiscalía General del Estado de personas de esta nacionalidad ligados a casos de corrupción en España. Otro político que se incluyó en la investigación fue Vladislav Matusovich Reznik, diputado en la Duma (Parlamento ruso) por la formación Rusia Unida, la de Vladímir Putin la Duma, quien fue absuelto en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

Al servicio del clan

Gennadios Petrov era la autoridad criminal (autoritievti) que dirigía el clan de la Tambovskaya, que operaba en San Petersburgo, y que fue desarticulado con la operación Troika. Era secundado en sus actividades por Alexander Ivanovich Malyshev. Ambos tenían amplios antecedentes penales, incluidos delitos de sangre. Pero las grabaciones ordenadas por Grinda, Martínez Madero y Carrau descubrieron que Petrov se relacionaba directamente con "miembros relevantes" de las fuerzas de seguridad de Rusia, a quienes tenía "a su servicio".

Tanto Petrov como su hijo Anton, -quien ahora es el líder máximo del clan-, y Malyshev podrían ser considerados Vor v zakone (ladrones de ley, en ruso). Según la práctica del mundo criminal de este país un "ladrón en ley" llega a tener esta consideración tras ser avalado por otro delincuente de la misma condición, que promueve su "coronación". El supuesto "código de honor" de los "ladrones en Ley" les obliga a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal, a ejercer como sus líderes o "jueces", a controlar los ingresos de la "caja común de los ladrones" (Obshchak) y gastarla ayudando a los miembros que se encuentran en prisión; pero también a "comprar" a los funcionarios de las fuerzas de orden público.

Durante el período del reparto de la propiedad del Estado y del Partido Comunista Ruso en la década de los noventa, en Rusia los "ladrones en ley" actuaban como organizadores de asesinatos de empresarios, competidores, funcionarios de las fuerzas de orden público, testigos..., pero también proporcionando protección (krysha) a los oligarcas.

Yuri Chaika (1i) y Cándido Conde-Pumpido (2i)

/ FGE

La investigación de Grinda, Martínez Madero y Carrau dio claramente en el objetivo, pues señalaba a la persona que Putin quería designar como máximo responsable de la lucha contra la droga. En las conversaciones, a cuyas transcripciones ha tenido acceso de forma parcial EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los imputados mostraban su satisfacción por la elección que promovía el entonces primer ministro ruso.

Bloquear un nombramiento

Y como la Fiscalía rusa aseguró que sospechaba del candidato de Putin, recurrió al ministerio público español, que desde 2006 se mantiene a la vanguardia de la lucha contra las mafias rusas y los oligarcas. El fiscal Chaika trasladó a las autoridades españolas que quería tener pruebas sobre el general Aulov, y así bloquear su nombramiento, un objetivo que según explican a esta redacción las fuentes consultados "se logró".

Yuri Chaika y Cándido Conde-Pumpido

/ FGE

No solo se habría frenado la nominación de este militar, sino que las pesquisas de Anticorrupción acabaron con la destitución de un alto cargo de la Fiscalía de San Petersburgo que también aparecía en las grabaciones, defienden a este periódico las fuentes consultadas. Sin embargo, otras fuentes aseguran que lo que realmente habría conseguido el fiscal Chaika fue frenar las pesquisas en España, que se dejaron en manos de Rusia, que las habría "enterrado".

Lo cierto es que el fiscal general ruso se trasladó a España para tener acceso a las grabaciones. Y puso como condición que "en ningún caso se hiciera a través de la Embajada, porque estaba seguro llegaría a oídos del Gobierno", explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes conocedoras de la operación, que entonces era "altamente confidencial".

"Cómplices" de Putin

"El fiscal Chaika sabía que el clan de los Petrov tenía cómplices en el entorno de Putin y quería que la representación consular rusa en España no pudiera alertar de las pesquisas secretas a los investigados. Pidió tener acceso a las grabaciones o a sus transcripciones sin que la agente de Putin se enterara, y así poder utilizarlas en el momento oportuno", destaca la fuente consultada.

Y para evitar la eventual injerencia del Gobierno ruso, cuyo Gobierno había ordenado un año antes la invasión de Georgia para promover la independencia de las repúblicas separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, el aparentemente intrascendente Memorando de colaboración obligaba a la Fiscalía española a entregar la información reservada "directamente", sin intermediarios.

Según la información publicada por el diario El País el 28 de diciembre de 2010, España expulsó a dos secretarios de la Embajada de Rusia en Madrid, a petición del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por desarrollar "actividades incompatibles con su estatus", una expresión que según el rotativo madrileño daba a entender que se dedicaban al espionaje. El CNI habría presentado pruebas contundentes. "El asunto era de envergadura", precisaba este periódico, que atribuía la cita a una persona cercana a la ministra Trinidad Jiménez.

Un correo electrónico

El Memorando o acuerdo entre las fiscalías, al que ha tenido acceso esta redacción, incluye un correo electrónico y un número de teléfono de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía General rusa, al que España tenía que enviar la documentación "secreta". En su punto "VII" el documento especifica, de forma literal: "Cada institución firmante adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los documentos e información remitidos por la otra. Cada institución firmante, según lo previsto en su legislación nacional, garantizará el grado de confidencialidad que se solicite. Los documentos e información recibidos de la institución firmante a la que se efectuó la petición no podrán ser utilizados con fines distintos a los expuestos en la petición, salvo previa autorización de la institución firmante a la que se efectuó la petición".

Las fuentes consultadas por este diario explican que la Fiscalía Anticorrupción elaboró un informe "reservado" que fue entregado a la fiscalía rusa en San Petersburgo por el jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, en presencia del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Lo hicieron en virtud del reclamo oficial del fiscal Chaika y siguiendo los términos recogidos en el Memorando.

El fiscal Fernando Bermejo (i) y José Grinda (d)

/ EPC

La Fiscalía Anticorrupción señaló en su dosier a Nikolai Nikolaevich Aulov e Igor Borisovich Sobolevski. Pero no a Alexandr Bastrekin, cuya implicación en las actividades de la mafia desarticulada con la Operación Troika se hizo más evidente con el paso del tiempo. Precisamente, las fuentes de la Fiscalía utilizadas en esta información apuntan a que estos sospechosos nunca llegaron a ser formalmente investigados en Rusia. De hecho, Bastrekin sigue siendo el máximo responsable de la investigación de los delitos cometidos por la Policía, las autoridades locales y los organismos gubernamentales federales.

"Influencia sobre Putin"

"La mafia tenía influencia sobre Putin, y por eso la Fiscalía quería datos, informaciones y pruebas que les permitieran destituir al hombre que representaba al crimen organizado, que estaba infiltrado en el Ministerio Fiscal; pero también impedir un nombramiento de gran importancia en la lucha contra el tráfico de drogas", insisten a este diario otras fuentes conocedoras del acuerdo con Rusia.

"Me consta que el cargo que la mafia tenía infiltrado fue destituido y procesado, y al que se pretendía nombrar al frente de la lucha antidroga no fue nombrado. Eran datos contundentes y se dieron en el ámbito de la relación entre las fiscalías de ambos países", resaltan las fuentes citadas, que resaltan que los hechos son "inéditos", y que los propios fiscales encargados de las pesquisas, Grinda, Martínez Madero y Carrau, "los ignoraban", pero que "ya se pueden contar" dado el tiempo transcurrido.

En 2009 el fiscal Chaika todavía gozaba de cierta autonomía, al mismo tiempo que tenía "cierta capacidad" para investigar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, según explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA personas conocedoras de la negociación: "Sobre todo si tienes información que le puedes oponer delante", destacan a este diario.

Sin embargo, el paso de los años ha demostrado la complicidad del fiscal Chaika con el engranaje del régimen de Putin, que le acabó destituyendo en 2020. Ese mismo día el empresario británico Bill Browder, considerado hasta la irrupción pública del presidente ucraniano Volodímir Zelenski como el "enemigo público" del presidente ruso, lanzó un tuit en el que calificaba a Chaika como el "lacayo" de Putin. Le acusaba de haber dirigido el juicio póstumo de Sergei Magnitsky, [el abogado que investigó la sustracción de 200 millones de euros del Fondo Hermitage y falleció en prisión preventiva] y de haber "encubierto el asesinato de Sergei; y me persiguió por todo el mundo con ocho órdenes de arresto falsas de la Interpol".

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