La trama de jardines de Sevilla pone contra las cuerdas al PSOE por financiación ilegal

Es un caso antiguo, estalló allá por 2014, para acabar convertido en la Audiencia Nacional en una especie de Púnica andaluza, señalando la presunta financiación irregular del PSOE en Sevilla. Primero fue la Operación Madeja, que aludía a la heráldica sevillana (el famoso No-Madeja-Do), pero el ovillo fue creciendo hasta convertirse en Operación Enredadera, cuando la Guardia Civil dio un salto de gigante y detuvo hasta a 32 implicados en una trama que presuntamente actuaba en trece provincias españolas. El origen está en una empresa familiar sevillana, Fitonovo, dedicada a la poda de jardines que pasó a amueblar parques infantiles y poner césped artificial en campos de fútbol municipales, sin ningún tipo de competencia.

En otro salto de gigante en esta trama, ante la Audiencia Nacional el exconcejal del PSOE en Sevilla Manuel Gómez y el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño, que fue hombre fuerte del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, confesaron haber cobrado mordidas de Fitonovo a cambio de contratos públicos. Gómez aseguró haber entregado 30.000 euros al PSOE en 2007 y dijo no recordar si hubo más, informa Europa Press. Ambos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y se han declarado culpables, evitando así la entrada en la cárcel. El ministerio público ha rebajado la petición de penas a un año y 1.800 euros de multa. Los exconcejales de IU en el Ayuntamiento sevillano, Antonio Rodrigo Torrijo y José Manuel García y un exconcejal del PP, Joaquín Peña, han rechazado el acuerdo y declararán este martes. Nueve de los acusados han admitido su papel en los hechos.

El PSOE de Sevilla envió un comunicado en el que "se desvincula absolutamente" de las declaraciones "inadmisibles" del caso Fitonovo por personas que, recuerdan, "fueron apartados del partido". Anuncia acciones judiciales contra aquellos que intentan "mancillar la imagen del partido para su interés personal".

Una trama nacional

El levantamiento del secreto de sumario permitió conocer que Alaya atribuía a PSOE e IU el cobro de comisiones ilegales de Fitonovo de 2003 a 2011, cuando estaban en el gobierno municipal. A los socialistas les atribuyó ingresos de entre 30.000 y 60.000 euros. En la contabilidad de la empresa estos pagos estaban camuflados bajo el epígrafe de “Langostinos Maera”, en alusión al restaurante donde supuestamente se entregaba el dinero. A IU el sumario le atribuye cobros de 155.000 euros por la adjudicación de 6,9 millones para el césped artificial de once campos de fútbol.

En el Ayuntamiento de Sevilla, cuando se conoció la instrucción de Alaya, se desataron los nervios. Su instrucción apuntó a una trama corrupta a tres bandas: una modesta empresa familiar que supo habilidosamente tejer una auténtica red de sobornos, funcionarios que manejaron la situación durante años y vivieron a cuerpo de rey, y políticos que vieron en esa caja B un negocio para sus partidos.

El mismo origen que los ERE

Fitonovo, una empresa ya liquidada, aparecía en el Registro Mercantil como una empresa creada en 1990 con domicilio en Salteras, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Sevilla capital. Comenzó presentándose como “todo un referente en el diseño, creación y mantenimiento de parques y jardines” y acabó siendo una empresa destinada a la “realización de toda clase de obras y construcciones”. En 2012 facturó 31,5 millones de euros. En 2003 comenzó su ascenso, de la mano de jugosos contratos vinculados al área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces en coalición por PSOE e IU.

La Operación Enredadera, la que tuvo alcance nacional, era la tercera fase de la operación Madeja, vinculada al Ayuntamiento de Sevilla y de la que ahora se da cuenta en la Audiencia Nacional. Tiene su origen en el caso Mercasevilla. De ahí nació también el caso ERE. Cuando Mercedes Alaya comenzó a investigar si se había amañado el concurso para vender los suelos de la lonja sevillana a una promotora que había dado donaciones al mercado, no podía ni imaginar que daría con algunos de los casos de corrupción más graves en Andalucía.

Entre los que también han pactado con la Fiscalía menos de un año de cárcel y multas inferiores están Antonio Miguel Ruiz, exasesor de IU; Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines; el capataz Manuel Pineda; Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, y empresarios o representantes de empresas como Carlos Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas y Juan José López.