NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Juanma Moreno se reúne con Javier Lambán en plena ofensiva fiscal
La cita bilateral será la primera de una serie de reuniones convocadas por el presidente andaluz para presionar por una nueva financiación autonómica
Los presidentes de Andalucía y Aragón se reunirán este jueves en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, en plena ofensiva fiscal del barón andaluz del PP frente al Gobierno y cuando las comunidades socialistas también preparan sus propias bajadas de impuestos.
La cita bilateral entre Juanma Moreno y Javier Lambán será la primera, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, de una serie de reuniones convocadas por el presidente andaluz para presionar por una nueva financiación autonómica.
Moreno abrió la caja de los truenos hace dos semanas con la supresión del impuesto de Patrimonio y una rebaja del IRPF, lo que provocó una puja fiscal a la baja de las comunidades autónomas. Primero fueron las del PP y luego las socialistas, con el barón valenciano Ximo Puig apostando también por rebajar el IRPF para rentas hasta 60.000 euros y rompiendo el discurso del Gobierno socialista en contra de la bajada de impuestos.
Como contraofensiva, PSOE y Unidas Podemos pactaron un plan fiscal con un impuesto a las grandes fortunas, que anula el efecto de la supresión de Patrimonio en las autonomías del PP, y rebajas en IRPF para rentas hasta 21.000 euros. Una oferta que el Gobierno consideró que iba a parar a las comunidades socialistas sumándose a las rebajas fiscales. No ha sido así, este mismo martes el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano Garcia-Page, ha anunciado nuevas bajadas de impuestos.
En este contexto, Moreno retoma sus reuniones con presidentes autonómicos. Citas bilaterales que ya celebró la pasada legislatura con entrevistas con Puig o los presidentes de Murcia y Galicia, apostando por abrir de una vez la reforma de la financiación autonómica caducada desde 2014.
EL LIDERAZGO DE MORENO
Moreno ha dado con la tecla a través de la reforma fiscal y abriendo el debate de los impuestos ha conseguido consolidar su liderazgo nacional. En su equipo no ocultan la satisfacción y avisan de que no piensa ceder ni un milímetro en ese protagonismo. Trufado además el discurso de ese mensaje de que los andaluces “no piensan hincarse de rodilla” ni “admitir condenados a ser comunidad de segunda” que alimenta ese andalucismo que tan buen rédito electoral han dado al PP en las autonómicas.
Moreno ha conseguido que la supresión del Impuesto de Patrimonio ponga del revés la agenda política de un país donde hasta ahora el tema era el crudo invierno a la vuelta de la esquina, la escalada de precios y la incertidumbre económica por la guerra desatada por Rusia. La deflactación del IRPF era una promesa de investidura, que ya desgranó Moreno el pasado julio y que no ocasionó más ruido que la confirmación que la receta del PP para afrontar la crisis tenía un modelo de rebajas fiscales muy distinto al que había defendido el Gobierno. El gran cambio fue su anuncio de que iba a suprimir Patrimonio, siguiendo la senda de Madrid, que ya acabó con este impuesto en 2011.
En la anterior legislatura, el presidente andaluz, aparte de por sus alianzas inéditas hasta entonces con Vox, consiguió el foco nacional por su alianza con el socialista valenciano Ximo Puig en materia de financiación. Los dos barones de PP y PSOE se aliaron para reclamar una reforma de la financiación autonómica, caducada desde 2014, que demandaba recursos para dos de las comunidades, junto a Murcia, más castigadas por el anterior sistema.
Moreno blandía un acuerdo de todo el arco parlamentario (salvo Cs) sellado en 2018, con el anterior gobierno socialista, que, por cierto, incluía un punto rechazando la competición fiscal entre autonomías. El PP de Moreno, entonces, votó a favor de “una armonización fiscal en los tributos cedidos tradicionales, fijando unos patrones mínimos de regulación a nivel nacional que eliminen la posibilidad de generar agravios comparativos entre comunidades autónomas y estrategias de dumping fiscal”. Ahora, Moreno habla de “recentralización”, “invasión de competencias”, “contrarreforma” y “fraude de ley”. Ha pasado de pedir 4.000 millones al Estado para compensar una financiación injusta a convertirse en adalid de la supresión de impuestos.
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