La sequía se convierte en la principal arma política del nuevo curso en Andalucía

Era una fecha anotada en rojo en la agenda desde hacia semanas pero la reunión de la comisión técnica de la Mesa Nacional de la Sequía, que reúne a las comunidades y el Gobierno, solo sirvió para avivar más el fuego del enfrentamiento político. La Junta se apresuró a asegurar que la cita había “defraudado” sus expectativas por no poner nuevas medidas sobre la mesa y resolverse como un mero trámite técnico, "sin soluciones". El PSOE andaluz ha registrado en el Parlamento la solicitud de un grupo de trabajo que aborde medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía, que enumera todas las políticas en manos de la Junta. El líder socialista, Juan Espadas, recordó que el 60% de agua para consumo de la población andaluza depende de cuencas intracomunitarias, competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, convocó una ronda de reuniones con los líderes de la oposición que se celebrará a final de esta semana, el jueves, en San Telmo, sede del Gobierno andaluz. El anuncio lo hizo en la Junta Directiva del PP andaluz celebrada en Sevilla, donde advirtió sobre el agua: "No quiero una batalla de competencias pero sí el cumplimiento de los compromisos". Su tono fue de reproche al Gobierno de la nación por no ejecutar las obras de infraestructuras hidráulicas pendientes, entre otras mencionó la presa de Rules.

Mientras, Espadas trata de tomar la iniciativa política con este asunto junto a un paquete de medidas contra la inflación, con bonificaciones para las clases medidas como la escuela infantil gratuita hasta los 35.000 euros de renta. Junto a las dificultades que atraviesan las familias y los precios desbocados en la cesta de la compra, la sequía es el principal asunto político en una comunidad andaluza que tiene sus embalses por debajo del 50% y donde el campo alerta de una situación “crítica”.

Las competencias sobre el agua están repartidas entre el Estado y la comunidad autónoma, que tiene exclusividad sobre las aguas que discurren íntegramente en su territorio y responsabilidad compartida en la gestión de las cuencas intracomunitarias, como la del Guadalquivir y el Guadiana. Las obras de interés general en materia de infraestructuras competen al Estado y el resto a la Junta. Sobre el papel, las competencias están claras pero en la práctica la sequía se ha erigido como el principal arma de confrontación política del Gobierno de Juan Manuel Moreno con el de Pedro Sánchez en un momento de emergencia social y económica.

SOS del campo

Días atrás, el presidente andaluz culpó a Sánchez de no actuar para combatir la sequía en Andalucía y exigió medidas urgentes, asegurando que lleva dos años advirtiéndolo. "¿A qué espera?”, se preguntó. Este sábado, en el acto con el que el Sánchez arrancó su gira ‘El Gobierno de la gente’, el presidente evitó al confrontación con Moreno, pese a que le preguntaron exactamente que le parecía que ante la actual sequía la preocupación del dirigente andaluz fuera que no se pudieran regar los campos de golf y sus consecuencias para el turismo, aludiendo a unas declaraciones extraídas de una comparecencia del titular de la Junta. Sánchez sí que defendió las medidas de su Gobierno, con 450 millones de euros para paliar los efectos de la sequía aprobados el pasado marzo.

La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, recordó que la Junta ha pedido que se reprogramen parte de los fondos Next Generation para que puedan desplegarse contra la sequía y apeló a que la comunidad andaluza, la más al Sur y con más problemas de agua, está “en desventaja respecto al resto de España”. La Junta pide que se agilicen las obras pendientes consideradas como de interés estatal y ha aprobado dos decretos con 141 millones de fondos extra, especialmente para agricultores y transferencias a los ayuntamientos. El Gobierno andaluz denuncia que el Estado solo ha ejecutado 9 millones de euros cuando sus competencias alcanzan el 67% del agua en la comunidad. “Es frustrante”, aseguró el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. La Junta pide una doble tarifa eléctrica para ayudar a los regantes, bajar impuestos a los agricultores y bonificar el agua desalada en su plan de choque dirigido al Estado.

La patronal agraria Asaja ha advertido de pérdidas de 8.000 millones de euros para el campo por la sequía, con consecuencias muy graves en Andalucía y 3.000 millones de impacto. Otras organizaciones como la Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se unen a esa llamada de alarma y exigen al Gobierno un plan de choque. Las cosechas de secano, con especial incidencia en el olivar, prevén pérdidas del 80% y los ganaderos alertan de los sobrecostes en la alimentación del ganado.

La Junta no rectifica en Doñana

La sequía ha hecho también estragos en el Parque Nacional de Doñana, donde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su Estación Biológica han lanzado la voz de alarma tras constatar la desaparición de la última laguna dulce que quedaba en el espacio protegido, la de Santa Olalla, reducida ya a una pequeña charca. Pese a que la desaparición de las llamadas lagunas peridunares están directamente relacionadas, según los científicos, con la sobreexplotación del acuífero, por el turismo o los pozos ilegales de la agricultura, la Junta no rectifica en su plan de ampliar el regadío en el entorno de Doñana.

Ante esta situación límite, e consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, hizo un llamamiento al resto de administraciones para alcanzar "un gran acuerdo" por el agua para el Parque Nacional de Doñana y para los regadíos agrícolas de su entorno en la provincia de Huelva, extensible al resto de la comunidad. La Junta pone el acento en la necesidad de obras para infraestructuras hídricas que dependen del Gobierno de la nación y no se mueve de la iniciativa promovida por el PP, Cs y Vox para ampliar las hectáreas de regadío en la Corona Norte del Parque. El consejero de Presidencia insistió en que hay que “buscar el equilibrio” entre la protección de Doñana y la actividad económica de la zona. El PSOE, que en la tramitación inicial de esa iniciativa se abstuvo, ahora está en contra, mientras que el Gobierno de la nación ha advertido de multas millonarias de la UE si sigue adelante y exige que no vuelva a llegar esa proposición de ley a la Cámara.