La recuperación del aborto para menores sin consentimiento paterno actualiza el debate en el Tribunal Constitucional

La reforma de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo aprobada este martes en Consejo de Ministros, y que iniciará ahora su trámite parlamentario, recupera una regulación que fue derogada por el PP en 2015: la posibilidad de que chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno. Este supuesto fue incluido entre los motivos del recurso presentado por el PP contra la ley del aborto que había sido diseñada inicialmente por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hace ya más de doce años, aún pendiente de resolución, por lo que cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie ahora sobre el mismo.

Fuentes del tribunal de garantías señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el debate o no de este asunto -cuyo resultado no afectaría directamente a la futura reforma- es un tema abierto que previsiblemente saldrá a colación durante la deliberación del recurso pendiente contra la actual ley de plazos, que está previsto que se aborde una vez se complete la renovación del órgano este mes de septiembre. Cuando entren los nuevos cuatro magistrados, se prevé que la sensibilidad del tribunal sea mayoritariamente progresista.

Hasta ahora, se esperaba que el TC pudiera esquivar el asunto de las menores y el aborto, amparándose en que, al estar la norma derogada, el pronunciamiento sería innecesario y la atención debía centrarse en otros aspectos esenciales de la norma actualmente vigente, especialmente al que afecta al plazo que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Sin embargo, no todos los magistrados están de acuerdo con este planteamiento.

Según fuentes del sector progresista del órgano, que el aborto de menores sin permiso de sus padres fuera derogado "no impide que se analice la constitucionalidad de una norma que en su día tuvo validez", y así lo establece la doctrina del propio órgano. En cumplimiento de esta doctrina sí se debería entrar a analizar la regulación inicial del aborto que afectaba a las menores. 

NO DUDAN QUE HABRÁ NUEVO RECURSO

"Pero el resultado no vincularía a la ley posterior, que debería ser objeto de un nuevo recurso", apuntan las mismas fuentes, que no dudan de que, de salir adelante, el proyecto de la ministra Irene Montero será objeto de un a nueva impugnación ante el TC impulsada por formaciones de la derecha.

"Técnicamente, sería una modificación de la ley de 2010 y, como tal, exigiría un nuevo recurso, pues introduce texto que, aun pudiendo ser reproducción del original, incluye novedades en materia de objeción de conciencia, por ejemplo", apuntan desde el sector conservador. Cosa distinta, añaden desde este mismo grupo, es que el proyecto se limitara en exclusiva a devolver la vigencia a lo derogado por la ley de 2014, en cuyo caso bastaría contestar en la sentencia que ahora va a dictarse al recurso original, porque en él se impugnaba lo dicho respecto de las menores de 16 años.

Otras fuentes consultadas desconocen si el asunto de las menores ha sido abordado en la ponencia que correspondió al magistrado conservador Enrique Arnaldo, ya que ésta aún o ha sido repartida. "Puede ser que se considere que ha perdido el objeto, al estar derogada", apuntan, para añadir que todo depende de lo que se acuerde en la deliberación. 

Se trata, en todo caso, de "una cuestión discutible" que para algunos miembros del órgano no deja de ser fundamental. "En principio el recurso es sobre la ley del 2010 y a ella debería remitirse exclusivamente el tribunal -apuntan desde el TC-. Otra cosa es la repercusión que la decisión y sobre todo su motivación puedan tener sobre el recurso que se pueda plantear contra esta nueva ley".

El proyecto impulsado por la ministra de Igualdad busca modificar la ley vigente para permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno -el extremo que se modificó de la norma original tras la llegada al poder del PP de Mariano Rajoy-, pero el Gobierno también ha optado por emprender una reforma ambiciosa de la norma que abarca desde la regulación de conciencia de los médicos a la incapacidad temporal para reglas dolorosas, el fin de los tres días de reflexión antes de un aborto o la pobreza menstrual.

SIN INFORMES

El anteproyecto estaba ya sobre la mesa de la Fiscalía y el CGPJ, pendiente de los informes preceptivos que tienen que dictar ambas instituciones. Sin embargo, Montero ha manifestado durante su comparecencia este martes que se ha "cansado de esperar” los dictámenes y ha acusado a los órganos consultivos de no hacer su trabajo e incumplir los plazos. Por esta razón, la norma comenzará su andadura parlamentaria prescindiendo de dichos análisis.

Pese a que el actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, ha venido calificando de "prioritario" que el TC abordara de una vez un asunto que lleva pendiente de sentencia más de una década, la realidad es que desde su toma de posesión, hace diez meses, no ha encontrado la oportunidad de llevar el recurso del PP al Pleno.

Pero González-Trevijano no ha sido el único. Hasta el momento, el recurso del PP contra la ley del aborto ha pasado por cinco presidentes distintos del TC, sin que ninguno haya logrado llevar un borrador al Pleno para su deliberación. No lo pudo hacer la primera ponente, Elisa Pérez Vera -partidaria de avalar los plazos- ni tampoco Andrés Ollero durante los 9 años en los que permaneció como magistrado en el tribunal. 

En su ponencia, Ollero suscribía la doctrina que estableció el propio TC en 1985, que señala que, en caso de un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, no cabe optar por ninguno de los dos, sino ponderar cada caso. "Pero los plazos no ponderan nada, se dice que se puede abortar durante unas semanas, sin dar explicaciones -explicó en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La ponencia que llevará ahora a debate Arnaldo propiciará, esta vez parece que sí, un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional.