La falta de consenso amenaza el Pleno del CGPJ, que debe renovar ya por ley el Constitucional

El curso judicial dará comienzo la próxima semana con el mismo ambiente enrarecido con el que se despidió a finales del pasado mes de julio, dada la falta de acuerdo entre los dos principales partidos que mantiene sin renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde hace ya más de 1.300 días. Pese al paréntesis estival, el clima se encuentra si cabe más viciado después de que el Gobierno revelara que había logrado llegar a un acuerdo con el anterior presidente del PP, Pablo Casado, para desatascar la situación, un pacto cuyo conocimiento niega la actual cúpula del partido.

La situación tiene una consecuencia inmediata sobre una decisión que el Consejo del Poder Judicial debe adoptar, por imperativo legal, antes del próximo 13 de septiembre, y que consiste en la designación de los dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde por cuota, que junto a otros dos que compete al Gobierno permitirán lograr una mayoría de sensibilidad progresista en el órgano de garantías.

Pese a que las vacaciones han permitido desconectar a la mayoría de los vocales de este órgano, los miembros de la Comisión Permanente han tratado de adelantar trabajo de cara a una fecha concreta del calendario, el 8 de septiembre, cuando han sido convocados en Pleno por el presidente del órgano, Carlos Lesmes, para realizar los nombramientos a los que obliga la reforma legal exprés de finales de julio. Las negociaciones a nivel de todo el Pleno se retomarán a partir de este jueves, 1 de septiembre, tras el regreso de todos los vocales de su descanso veraniego.

"AMBIENTE REVUELTO"

Sin embargo, y según las fuentes del Consejo consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se puede hablar de un "ambiente revuelto" que imposibilitaría a día de hoy un consenso entre los sectores conservador y progresista de este órgano. El encargo que impone la ley para designar magistrados al TC obliga a que los candidatos, que en principio deberían ser uno de corte progresista y otro conservador, concite una mayoría de doce votos.

Desde el sector conservador no se entiende el encargo "contrarreloj" que les trasladó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuando los que deberían darse prisa en cumplir con su obligación son los grupos parlamentarios que mantienen al CGPJ en una situación inédita desde hace más de tres años y medio, provocando un bloqueo institucional sin precedentes en la historia de nuestra democracia.

Por el momento, todos los intentos de lograr candidatos que podrían alcanzar un amplio consenso dado su alto perfil técnico y de prestigio han fracasado. Tanto el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena -que ya fue candidato a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ tras el fiasco en el intento de renovación de noviembre de 2018- como el magistrado de esta misma Sala, Antonio del Moral han rechazado ser magistrados en el TC, confirman fuentes jurídicas.

MERMAR AÚN MÁS EL SUPREMO

Tradicionalmente, el Consejo suele completar su cuota para este órgano con miembros del alto tribunal, una ley no escrita que en esta ocasión choca con la precaria situación en la que permanece el Tribunal Supremo (TS), que acumula ya 14 bajas que se irán incrementando en los próximos meses debido precisamente a la prohibición que la ley impone al CGPJ de hacer nombramientos -que no sean los del TC que ahora corresponde- estando en funciones. De este modo, y paradójicamente, la renovación del tribunal de garantías supondrá privar de dos magistrados más al Supremo.

A pesar de todo ello, en las quinielas se mantienen varios miembros de este órgano que, en principio, no deberían despertar antipatías en ninguno de los sectores del CGPJ como sería Pablo Lucas Murillo, jurista muy reputado y ponente, entre otras, de la sentencia que facilitó la salida del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Su candidatura, sin embargo, complicaría el juego de mayorías porque obligaría a ausentarse de la votación a su hermano, el vocal Enrique Lucas.

También suena como posible aspirante el experto en Mercantil Ignacio Sancho, aunque su corte extremadamente conservador alejaría el consenso en torno a su nombramiento, mientras que del lado más progresista se habla de los magistrados Eduardo Espín, José Manuel Bandrés, Ricardo Bodas y de las magistradas Pilar Teso o Ana Ferrer, pero también de la Sala Primera, Francisco Marín Castán, y de la Sala Quinta, Jacobo Barja de Quiroga.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha expresado públicamente en varias ocasiones su interés en llegar a acuerdos el mismo día 8 -un día después del acto formal de apertura del año judicial, que preside el rey-, si bien ha advertido de las dificultades existentes.

POSIBLE REVUELTA

Esto es porque desde que se dio a conocer la enmienda del PSOE que propicio la reforma, y que impone plazos al CGPJ, desde el sector conservador de este órgano se advirtió de que la ley es vinculante en lo concerniente al procedimiento, pero "no puede serlo en su resultado porque lo que no se puede es comprometer la esencia en la toma de decisiones discrecionales de un órgano colegiado", como es el CGPJ. Este tipo de posicionamientos augura una "revuelta" desde el sector conservador, dirigida a evitar que se cumplan los planes del Gobierno, que Lesmes trata de evitar a toda costa desde que se aprobó la reforma.

Además de los nombres de consenso, que se busca que lleguen pactados antes de celebrarse el Pleno del día 8, y que por el momento no se encuentran, cabe la posibilidad de que algunos vocales presenten individualmente sus propios candidatos y que también lleguen propuestas 'extra' por parte de determinados magistrados del Tribunal Supremo para que se valoren sus candidaturas, como ha ocurrido en otras ocasiones. En todo caso, si no hay consenso, no habrá nombramientos.

La renovación del TC supondrá un cambio de mayorías en este órgano favorable a tesis más progresistas, que se considera vital para el Gobierno dados los importantes asuntos en cartera. Entre ellos, los recursos contra la ley del aborto -pendiente desde hace 12 años-, la ley de Eutanasia, la Educativa (ley Celaá), el reciente recurso contra el decreto aprobado por la Generalitat contra sentencia judicial que obliga a impartir un 25 por ciento de las clases en castellano y, en el caso de que finalmente se acabe presentando, el anunciado por Vox contra el decreto de medidas de ahorro energético.