Justicia

La fiscalía fuerza sus propias normas al prorrogar la investigación a Juan Carlos I

  • La Circular que regula las diligencias de investigación, dictada por Torres-Dulce en 2013, busca evitar 'causas generales' por duración indefinida de las pesquisas.

  • Juristas consultados critican el exceso en las prórrogas de esta investigación preprocesal, que incide en la indefensión del exmonarca.

  • IU, que presentó la única iniciativa contra Juan Carlos ante el Supremo, última su recurso ante el TEDH por la inacción de la justicia española.

El rey emérito, Juan Carlos I, saludando

El rey emérito, Juan Carlos I, saludando / ZUMA PRESS/LEGAN P. MACE

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La duración de la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta a Juan Carlos I, parte de la cual se remonta a unas diligencias abiertas por Anticorrupción en 2018 por posible cobro de comisiones del AVE a la Meca , constituye una "excepción a la regla general" según la norma fijada por la propia Fiscalía en 2013 para este tipo de diligencias preprocesales.

Juristas consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA coinciden en lo inédito de la situación, que incide en la indefensión del investigado por mucho que se trate de una investigación de carácter muy singular por afectar al que fue jefe del Estado. El expediente que tramita un equipo de fiscales especialmente designados para este asunto en el Tribunal Supremo conlleva la realización de diligencias de prueba -aunque no todas las que podría acordar un juez-, pero no admite la personación como parte del investigado, por lo que la prolongación en el tiempo de esta situación puede afectar a su derecho de defensa.

La situación excepcional se mantiene después de fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmará el pasado 2 de diciembre un decreto que permite prorrogar por seis meses, hasta junio de 2022, las diligencias penales abiertas contra el rey emérito Juan Carlos I por la Fiscalía del Tribunal Supremo, según adelantaron fuentes fiscales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

La firma del decreto se produjo unos días antes del 17 de diciembre, fecha en la que caducan los seis meses de incoación de las diligencias abiertas para investigar uno de los tres asuntos abiertos al ex monarca, relacionado la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. La apertura de este expediente fue anunciado a los medios de comunicación por la propia fiscal general en una rueda de prensa.

Proporcionalidad y coto temporal

Según la citada circular, el principio de proporcionalidad "proscribe mantener abiertas sine die las diligencias de investigación". En coherencia con este principio, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece un plazo máximo de duración de las diligencias de seis meses.

Las instrucciones añaden que la posibilidad de prórroga "debe ser rectamente entendida como una excepción a lo que debe ser la regla general, constituida por unas diligencias de vida ordinaria por debajo de los seis meses".

Según se estableció en dicho momento, esta limitación "entendida en sus rectos términos, es una garantía inalienable del investigado, y supone la definitiva interdicción de los riesgos de incurrir en una investigación que se pueda perpetuar en el tiempo, incurriendo en la justamente denostada 'inquisitio generalis' de duración indefinida". Sobre la posibilidad de prórrogas, la instrucción fiscal señala que se dispensarán "de forma excepcional" y añaden estos casos "la motivación de su solicitud exigirá un mayor rigor".

En el caso de la investigación que se mantiene contra Juan Carlos I, la razón de la prórroga concedida por Delgado al equipo de fiscales del Tribunal Supremo es de carácter técnico y tiene que ver con documentación pendiente de una comisión rogatoria remitida a Suiza, que tiene entregar aún algunos datos relativos al año 2015 y siguientes. 

Aunque los investigadores no esperan muchas novedades de estos documentos, han preferido esperar a contar con toda la información que fue solicitada y por ello solicitaron la prórroga a la fiscal general, que es la única facultada para concederlas. Las diligencias de investigación del Fiscal no interrumpen los plazos de prescripción de los delitos presumiblemente imputados al monarca, que son el blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

 No hay peligro de nulidad

Por otro lado, según las normas de la propia Fiscalía, una simple extralimitación temporal no lleva anudado ningún efecto de nulidad de las actuaciones contra el emérito. Si en el futuro se entendiera que las pesquisas se prolongaron de forma artificiosa, se trataría de una irregularidad únicamente susceptible de generar, en su caso, la exigencia de responsabilidades disciplinarias. 

No parece en todo caso que vaya a llegarse a estos extremos, pues las fuentes del Ministerio público consultadas apuntan a enero como fecha más adecuada para el archivo de las actuaciones contra el exmonarca, una decisión que ya ha sido tomada pero que ahora se verá aplazada unas semanas.

Son tres las diligencias de investigación que, con carácter 'preprocesal', se mantienen abiertas con respecto al rey emérito. Las primeras fueron las incoadas en 2018 por la Fiscalía Anticorrupción, por el supuesto cobro de casi 65 millones en comisiones por la construcción del AVE a La Meca.

 Más tarde, ya con el asunto a cargo del equipo de fiscales del Tribunal Supremo, se abrieron otras dos, por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de la antes mencionada cuenta en Jersey.

IU ultima su acción ante el TEDH

Las investigaciones de la Fiscalía constituyen la única acción penal frente al ex jefe del Estado tras el reiterado rechazo del Supremo a aceptar la única querella que se había presentado hasta el momento por este asunto, la impulsada por IU y el Partido Comunista de España. 

Ambos partidos ultiman un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras conocer que el Constitucional ha rechazado, por no apreciar "especial trascendencia constitucional", su intento de obligar al Supremo a investigar judicialmente al Rey emérito, Juan Carlos I, por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda. Fuentes de IU han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que esperan poder presentarlo antes de que acabe el próximo mes de febrero, que es cuando termina el plazo para interponer esta acción legal.

Las mismas fuentes lamentan la inacción de la justicia española respecto de este asunto y más tras confirmarse el anunciado cerrojazo de las diligencias abiertas contra el exmonarca por la Fiscalía en las próximas semanas, que cierran la posibilidad de que se abra causa penal.

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