Estrasburgo

IU irá al TEDH por la inacción de la Justicia española en la investigación al emérito

Acude a la justicia europea tras conocer que el Constitucional ha rechazado su recurso contra la decisión del Supremo de no investigar a Juan Carlos I

La coalición de izquierda considera que se ha "lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva”

Fachada de la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia).

Fachada de la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia). / EFE/Michel Christen

Cristina Gallardo

IU y el Partido Comunista de España preparan un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras conocer que el Constitucional ha rechazado, por no apreciar "especial trascendencia constitucional", su intento de obligar al Supremo a investigar judicialmente al Rey emérito, Juan Carlos I, por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda.

Así lo han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la coalición, que lamentan la inacción de la justicia española respecto de este asunto y más tras confirmarse el cerrojazo a las diligencias abiertas contra el exmonarca por la Fiscalía del alto tribunal, que cierran la posibilidad de que se abra causa penal.

Tanto IU como el PCE, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas han impulsado desde 2018 ante la justicia española una querella para que se abra una investigación formal al actual rey emérito, y lamentan que el órgano de garantías dedique ahora apenas un párrafo de tres líneas para despachar el asunto.

La Sección (en referencia a la Sección Primera) ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b) LOTC (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)”, se limita a indicar el Tribunal Constitucional.

Vías agotadas para ir a Estrasburgo

Por ello, y una vez agotadas todas las vías que permite el sistema judicial español, los querellantes consideran que en ningún momento han obtenido una respuesta satisfactoria en un asunto que estiman de “gran importancia no solo a nivel político y social, sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad por la discriminación en el trato que la justicia muestra a determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios debido a su nombre y al cargo que ocupan”, según manifiestan fuentes de ambas formaciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Entre los argumentos jurídicos que el equipo legal de ambas formaciones baraja para ahormar el recurso está explicar al TEDH cómo determinados autos dictados por la Sala Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, “han lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a formular con todas las garantías la acción popular”.

Consideran que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad “no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna”.

Para IU y PCE la vulneración del derecho fundamental se ha producido también “en su doble vertiente de obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así como el de seguirse una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente, derechos protegidos por el Artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Descalificaciones contra la acción popular

 Ambas formaciones estudian también referirse en el texto al empleo por parte del Tribunal Supremo en sus diligencias de archivo de descalificaciones a la acción popular, del tipo "no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales", según las mismas fuentes.

Entienden que “en ningún caso son de recibo descalificaciones gratuitas y desconsideradas, impropias de una Sala del Supremo a cuyos integrantes se ha demostrado siempre el máximo respeto, respuesta que tampoco corresponde al trabajo serio y riguroso realizado en todo momento por esta acusación popular”.

Insisten que durante los casi tres años de baldías acciones judiciales a través de la querella inicial y la ampliación presentadas por IU y PCE, el Tribunal Supremo rechazó siempre abrir una investigación concreta. 

"El alto tribunal se limitó a dejar correr el tiempo y a acumular autos y providencias para echar por tierra la más mínima actuación solicitada sobre Juan Carlos de Borbón, su amiga y empresaria comisionista Corinna Larsen, el comisario de policía jubilado, excarcelado y con varios juicios pendientes por otros casos José Manuel Villarejo, además de otras cinco personas del entorno del emérito", insisten.

Actividades denunciadas

Las actividades presuntamente corruptas denunciadas abarcan desde los pagos de la fundación Zagatka al uso de tarjetas con fondos opacos, pasando por el cobro de comisiones por la adjudicación de la AVE a La Meca, las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales vinculadas a otras fundaciones o el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro.

Así se llegó hasta las, hasta el momento, dos regularizaciones fiscales ideadas por Juan Carlos de Borbón para no ser acusado por el fisco español, formalizadas en diciembre de 2020 y en febrero de 2021.

Por todo ello, los querellados se repartían la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete referidos directamente al rey emérito-, entre ellos el de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.