POLÍTICA

El Gobierno acelera las reformas por el temor al frenazo de la recuperación

  • Pedro Sánchez convocará diez Consejos de Ministros de aquí a final de año para acelerar la actividad legislativa y "consolidar la recuperación económica"

  • La elevada inflación, la crisis de suministros y las dificultades para que los fondos europeos lleguen al tejido productivo influyen en que el despertar tras el coronavirus sea más lento

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el congreso de los socialistas vascos

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el congreso de los socialistas vascos / EFE/Javier Zorrilla

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El Gobierno muestra su preocupación por la evolución de los datos económicos, en pleno debate sobre la solidez de la recuperación. Moncloa ha optado por apresurar el calendario de reformas ante las dificultades para dejar atrás los efectos económicos de la pandemia y justo cuando una nueva variante del coronavirus, ómicron, ha desatado el pánico mundial ante una nueva ola de contagios.

Sólo una hora después de conocerse el último dato de la inflación, que indica un aumento del IPC hasta el 5,6%, su máximo en 29 años, Pedro Sánchez ha hecho público que convocará dos Consejos de Ministros semanales hasta final de año -lo habitual hasta ahora es celebrar uno los martes-, con el objetivo de agilizar algunas de las medidas de corte económico antes de 2022.

Así, fuentes del Ejecutivo han señalado que el presidente ha dado instrucciones de "acelerar la actividad del Ejecutivo", con el objetivo de "consolidar así la recuperación económica", en un cambio de guion que evidencia la inquietud que empieza a existir en Moncloa por la debilidad de la recuperación y el atasco de los Fondos Europeos, que tardarán un tiempo en llegar al tejido productivo. De aquí a final de año, por tanto, se celebrarán diez Consejos de Ministros, que tendrán lugar martes y viernes de cada semana.

Este martes, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, y esta misma semana se aprobará en el Congreso el Real Decreto del 8 de noviembre que inyecta cinco millones de euros a la Seguridad Social. También llega al Senado la Ley de la Cadena Alimentaria.

Desde el Ejecutivo, no obstante, tratan de transmitir confianza y adelantan que esta semana se publicarán "muy buenos datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social", en referencia a las cifras que se darán a conocer este jueves.

LA SOLIDEZ DE LA RECUPERACIÓN

La intención de Moncloa de volcarse en la actividad legislativa para ayudar a la recuperación es la prueba de que está costando dejar atrás los efectos económicos de la pandemia y de que la recuperación no es tan estable como parecía hace unos meses. Aunque el Gobierno defiende lo contrario: que es una acción que supone iniciativa. Que el Ejecutivo "no se detiene". "No hay miedo a ningún frenazo", esgrimen.

Pero lo cierto es que estos momentos concurren varias circunstancias como la subida de la factura de la luz, que se ha incrementado este lunes un 6,74% y se sitúa en los 215 euros/MWh; un aumento que se viene produciendo en los últimos meses por el alto precio del gas, y la crisis de suministros, que ha provocado la dificultad para volver a poner en marcha la producción mundial, que tienen efectos negativos en la salida de la crisis abierta por la pandemia.

La consecuencia directa del incremento de la luz es que se ha disparado la inflación, que este lunes ha tocado su máximo en 29 años, y esto tiene una repercusión no sólo en el gasto de las familias sino también en los costes de producción. Esto último es lo que lastra la recuperación de las empresas, porque supone una dificultad añadida a la salida de la crisis.

Además, el viernes el Ibex español se desplomó más de 5%, con las empresas turísticas como principales perjudicadas, el peor dato desde junio de 2020. Aunque este lunes el Ibex 35 ha abierto en verde, se trata de un crecimiento muy ligero que no compensa el desplome de la pasada semana.

España cuenta con el colchón de los fondos europeos -140.000 millones de euros- y en los últimos meses el Ejecutivo de coalición se ha agarrado a ello para pensar que les permitirá afrontar con mayor solvencia las próximas elecciones generales, pero el problema, según distintas fuentes consultadas, es que para las empresas está suponiendo un arduo proceso poder concurrir a estas ayudas.

REBAJA GENERAL DE PREVISIONES

Todos estos factores alimentan las dudas sobre cuán vigorosa será la recuperación económica en España, después del desplome histórico del 10,8% del PIB nacional en 2020. El Gobierno ha insistido en los últimos días en que sus previsiones económicas para este año y el siguiente son “realistas” y “prudentes”. Pero el Ministerio de Asuntos Económicos se ha quedado solo en la defensa del optimismo sobre la intensidad de la recuperación.

El cuadro macroeconómico gubernamental -sobre el que se asientan los Presupuestos Generales del Estado de 2022 recién aprobados- contempla crecimientos del PIB del 6,5% este ejercicio y del 7% el próximo. La rebaja de previsiones en las últimas semanas ha sido generalizada. Las incertidumbres sobre la solidez y la rapidez de la recuperación en España ha llevado a todas las instituciones internacionales (Comisión EuropeaFondo Monetario Internacional…) y nacionales (Banco de EspañaAiref…), y también a las casas de análisis, a revisar de manera drástica sus cuadros de estimaciones económicas hasta dejarlos netamente por debajo de los deseos del Gobierno o anunciar que lo harán en breve.

La pandemia ha provocado vaivenes extremos en la economía, con desplomes históricos y crecimientos fortísimos con apenas meses de diferencia, lo que está suponiendo un reto para los servicios de estudios y estadísticos. La insólita revisión de la estimación de crecimiento del segundo trimestre de este año por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) -del 2,8% inicial a sólo un 1,1%- y el anuncio del organismo de que revisará esta vez al alza el dato anunciado para el tercer trimestre -del 2%- han venido a sembrar más dudas y más temores a que la reactivación se puede topar con choques de realidad a cada paso y hasta que se asiente una evolución normalizada de la economía.

El Banco de España ha anticipado “una revisión significativa a la baja” de sus previsiones de crecimiento de la economía española, que actualmente ya se sitúan por debajo de las del Gobierno con alzas del 6,3% este año y el 5,9% el próximo. “Las previsiones se han quedado obsoletas”, dijo el gobernador Pablo Hernández de Cos en el Congreso de los Diputados, tras la revisión inesperada de los datos del INE. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también ha mostrado su malestar por los vaivenes en las estimaciones del INE y por la dificultades que generan para valorar la idoneidad de las cuentas de los PGE de 2022.

RETRASO DE LOS FONDOS EUROPEOS

El temor a una infrautilización de los fondos europeos es otro factor clave que alimenta el renovado pesimismo sobre la fortaleza de la recuperación. España recibió el pasado agosto los primeros 9.000 millones de la Unión Europea y se esperan otros 10.000 millones a final de año, aunque la previsión de gasto del Gobierno era mayor con partidas presupuestarias contempladas en los PGE de este año.

El Ministerio de Hacienda sostiene que ya se ha autorizado un 67% de los fondos previstos para este año -a través del Consejo de Ministros y de las diferentes Conferencias Sectoriales-, que la ejecución del gasto comprometido es del 51,8% y que las obligaciones de gasto reconocidas son del 34,4%. Pero sin ofrecer datos sobre ejecución real.

Empresas, consultoras y analistas dan por hecho, no obstante, que este año sólo se conseguirá utilizar menos de la mitad de los 24.200 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se incluían en los PGE de 2021 (una cifra que incluso escala hasta 27.000 millones si se suma también la utilización de fondos del programa React UE).

Empresarios y analistas coinciden en que las causas del retraso son múltiples: descoordinación administrativa, falta de personal para tramitar los expedientes, una excesiva concentración en las reformas -el Gobierno está dedicando toda su atención a la de pensiones y a la laboral, dicen, en detrimento de las inversiones- y la parálisis de los grandes proyectos (PERTE). El temor principal: que la falta de ambición de las iniciativas inversoras que finalmente se acometen hagan que la economía española no se beneficie de la inyección de millones para hacerse más competitiva.

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