PRESUPUESTOS 2022

Pedro Sánchez blinda la legislatura con el respaldo a sus cuentas de los socios de Gobierno

  • Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 superarán con éxito su primer y más complicado trámite parlamentario: el debate de las enmiendas a la totalidad

  • EH Bildu, PNV y ERC han renunciado a presentar propuestas para devolver las cuentas del Ejecutivo y permiten al presidente desarrollar una política económica expansiva financiada por la UE

Pedro Sánchez blinda la legislatura con el respaldo a sus cuentas de los socios de Gobierno
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Pedro Sánchez ya tiene salvoconducto para 2023. El presidente socialista ha conseguido el respaldo necesario para salvar las cuentas en el ecuador de la legislatura, lo que le permitirá gestionar la inyección de 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos y llegar sin grandes obstáculos a las elecciones generales de dentro de dos años. 

Este salvavidas llega a finales de una de las semanas más complicadas para los socios de coalición. La luz verde al Gobierno en materia presupuestaria supone un espaldarazo al Ejecutivo y deja atrás días negros en los que se han escenificado importantes diferencias en materia laboral y económica. Una vez superado el primer paso de la tramitación, y el más complicado, comenzará un periodo de modificación del proyecto a través de enmiendas, lo que permitirá al Gobierno ganarse el 'sí' definitivo de sus socios.

ERC y PNV anunciaron este viernes que dejarían vía libre a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, renunciando a presentar sendas enmiendas a la totalidad que constituyen de facto un veto al proyecto económico del Gobierno. Los acuerdos entre catalanes y vascos llegaron sobre la bocina, apenas unas horas antes de que expirase el plazo para presentar enmiendas de devolución de las cuentas. Las negociaciones se han mantenido hasta el último momento: "No presentamos la enmienda por cinco minutos”, destacaban fuentes republicanas. 

El diputado de ERC Gabriel Rufián baja las escaleras del Congreso ante la mirada de Pedro Sánchez.

/ Eduardo Parra

Ambas formaciones tenían ya listos sus respectivos textos para oponerse a las cuentas, pero finalmente dieron marcha atrás. Tanto vascos como catalanes consiguieron del Gobierno la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital; un punto que ya estaba comprometido del acuerdo presupuestario del año pasado en el caso de Cataluña y que el PNV ha arrancado a cambio de no devolver el proyecto. 

Esquerra Republicana de Cataluña pactó además ser protagonista en la elaboración de la nueva Ley Audiovisual, de manera que tendrán la última palabra a la hora de imponer a plataformas como Netflix o HBO unas determinadas cuotas de producciones en lenguas cooficiales del Estado. Unos mecanismos que serán negociados con el PSOE, que de momento ha tratado de rebajar las expectativas de los republicanos.

Cambio de paso en la legislatura

El Gobierno ha cambiado el paso en la legislatura. Después de los dos primeros años llegando a acuerdos para sacar cada medida, en Moncloa muestran confianza en sus socios parlamentarios y, más allá de la escenificación propia de las negociaciones, cuentan con la tranquilidad de que obtendrán el respaldo de los partidos nacionalistas.

Todos los aliados habituales, desde los grandes a los pequeños, han acusado este año una diferencia importante respecto a la negociación del curso anterior: si entonces existía un notable nerviosismo en el Ejecutivo por atar cada voto en el primer gran examen parlamentario y terminar así con las prórrogas de los presupuestos de Mariano Rajoy, este año las conversaciones se han caracterizado por la serenidad. 

Unas negociaciones de baja intensidad que, según señalan desde algunos de los partidos nacionalistas, se han “ralentizado” en la última semana por la crisis abierta en el seno del Gobierno. Sin embargo, esta nueva fórmula no ha mermado la eficacia a la hora de acordar con las formaciones clave en la aritmética parlamentaria habitual. Un síntoma de la estabilidad parlamentaria al que ha contribuido el importante peso de las ayudas europeas, cuya gestión no debe demorarse para poder ejecutarse en tiempo y forma. 

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban

/ EFE

El año pasado estaban en juego las primeras cuentas del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. El nuevo tiempo político debía plasmarse en su economía, y la aprobación del proyecto suponía el primer gran examen para Sánchez. 

En aquella ocasión, el entonces vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, ejerció una labor de acercamiento con los partidos nacionalistas, en torno a los que intentó consolidar el llamado ‘bloque de la moción de censura’ que llevó a que los Presupuestos lograran una mayoría más holgada que la que llevó al líder socialista a La Moncloa en junio de 2018.

Este año, a diferencia de aquél, han sido los socialistas quienes han dirigido toda la negociación contando además con un impedimento importante: el incumplimiento de parte de los acuerdos alcanzados hace ahora un año. La desconfianza existente hacia el Ejecutivo ha sido un factor que, sin embargo, no ha impedido a sus socios brindar de nuevo su apoyo a cambio de cesiones competenciales en materia de Seguridad Social y en el marco audiovisual. 

También hay una diferencia importante entre ambos procesos. Las cuentas del año pasado insuflaron oxígeno a un Ejecutivo que había atravesado la peor crisis sanitaria conocida y permitía traducir su proyecto legislativo en números. En cambio, el presupuesto de 2022, que la semana que viene aprobará sin problemas su más difícil trámite parlamentario, supondrá un trampolín para Pedro Sánchez hasta 2023 y le permitirá desarrollar en los próximos meses una política económica expansiva financiada por la Unión Europea con la que podrá contentar a sus aliados y mejorar su proyección, a cambio de una estricta vigilancia por parte de Bruselas, que velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Transformación, Resiliencia y Buen Gobierno enviado a la UE.

La peor semana de la coalición

Son precisamente las reformas exigidas por Europa, que permitirán regar de ayudas al tejido empresarial y productivo, las que han empañado la última semana del Gobierno, que se ha sumido en el choque más profundo de la legislatura a cuenta de la reforma laboral liderada por Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo encabeza desde marzo las negociaciones con sindicatos y patronal para renovar la legislación del mercado de trabajo con el objetivo de “derogar” la reforma que el PP aprobó en 2012. La dirigente había avanzado en algunos aspectos, pero la inminencia de la nueva norma -tendrá que aprobarse antes de final de año- ha llevado al ala socialista a tratar de hacerse con el control de la reforma a través de la ministra de Economía, Nadia Calviño

Pese a que esta guerra se planteó inicialmente como un enfrentamiento entre dos dirigentes políticas que querían llevar las riendas de la medida, las diferencias son mucho más profundas, y se basan en contenido que defienden los socios del Ejecutivo, con dos almas diferenciadas; una más socialdemócrata que tratará de contentar las exigencias de Bruselas; y otra de cariz más sindicalista, más centrada en la defensa de los derechos del trabajador frente al empresario. 

El choque obligó a intervenir al presidente de Gobierno, que el martes presidirá una reunión para coordinar las fórmulas de funcionamiento en las futuras negociaciones, en las que además de Trabajo y Economía intervendrán los ministerios de Hacienda, Inclusión y Seguridad Social, y Educación y FP, todos ellos socialistas a excepción del de Yolanda Díaz. 

Las enormes tensiones vividas en los últimos días también han venido alimentadas por la ofensiva, casi simultánea, lanzada por Podemos contra la segunda autoridad más importante del PSOE, Meritxel Batet, a quien le anunciaron una querella en contra por prevaricación y a la que han pedido su dimisión “por dignidad”. En este último choque ha preferido no entrar la vicepresidenta segunda del Gobierno, más centrada en su papel institucional con el objetivo de “bajar el ruido” en la coalición. 

Después de un periodo convulso, Sánchez podrá pasar página con el bálsamo de un respaldo mayoritario en sus cuentas. Un apoyo que resulta especialmente relevante en momentos de dificultades internas y que le permitirán, sin demasiadas complicaciones, consolidarse en la presidencia para aguantar hasta finales de 2023.

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