Bildu prioriza la agenda social para influir en Madrid y amenazar al PNV en Euskadi

En tres días, entre el martes y el jueves pasados, EH Bildu padeció la dureza de la bipolaridad a la que está expuesto en el Congreso. Se trata de una formación que ha dado un cambio ostensible a su modo de actuar en el Parlamento nacional. Ahora quiere formar parte de la agenda social. El objetivo es doble: ser relevante en Madrid y serlo aún más en el País Vasco, en donde el PNV sabe que la izquierda abertzale es ya una alternativa. Sin embargo, la sombra de Arnaldo Otegi es enorme y en la Cámara Baja, además, espesa.

En tres días, sus cinco diputados vivieron en el éxito parlamentario, luego en el ostracismo y de nuevo en el éxito, aunque no pudieron degustarlo. El martes, Oskar Matute defendió ante el pleno una proposición no de ley con la que piden al Gobierno la prórroga de las medidas del escudo social mientras sea necesario. El contenido suscitó una negociación a dos bandas con el PSOE y con Unidas Podemos que al final fructificó. El miércoles, trascendió que Otegi abogaba por apoyar los presupuestos siempre y cuando ello arrastrara ventajas penitenciarias para los presos de ETA; los diputados de Bildu desaparecieron de la escena parlamentaria. El jueves, el pleno del Congreso aprobó la proposición no de ley gracias a sus 182 votos a favor, es decir, toda la izquierda. Matute reivindicó el resultado en su cuenta de Twitter y lamentó que apenas atrajera la atención mediática.

Entendimiento parcial con el PSOE

Fue un día duro el miércoles pasado para el Ejecutivo, para el Partido Socialista y para la formación independentista vasca. Las palabras de Otegi otra vez pusieron en cuestión el entendimiento forjado a primeros de 2020, cuando la dirección parlamentaria del PSOE y la de EH Bildu aparcaron cualquier reclamación penitenciaria para asfaltar un camino de consensos centrado en lo social.

Que el partido vasco ha puesto encima de la mesa la situación de los presos no lo niegan las fuentes parlamentarias que conocen con detalle aquellos encuentros. Indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la portavoz entonces, Adriana Lastra, y el diputado Santos Cerdán, les comunicaron que de eso no se iba a hablar, y por lo que aseguran ahora esas mismas fuentes, así se ha mantenido. Esto ocurrió a primeros del 20, en febrero en concreto, tras la investidura de Pedro Sánchez.

Investidura que EH Bildu favoreció con su abstención. La posición de los cinco diputados vascos tuvo una significación política muy clara. La portavoz, Mertxe Aizpurua, lo explicitó en diferentes manifestaciones públicas. Había que construir una gobernanza progresista en Madrid para favorecer una agenda social y un cauce de comunicación sobre las llamadas cuestiones nacionales.

Las bases de la formación avalaron la abstención en un referéndum interno, pues les convenció el llamamiento de la dirección abertzale a propiciar "la dimensión histórica del momento". En Bildu no han dejado a un lado la plurinacionalidad y la vocación independentista, pero no es su prioridad en el Congreso. Hablan de ello, sí, pero no siempre, ni siquiera muchas veces.

Sánchez fue investido presidente por dos votos. Los 167 síes bastaron frente a los 165 noes y las 13 abstenciones. En estas últimas, las de los cinco de EH Bildu en el Congreso. Visto lo visto, haber dicho "no" habría frustrado las opciones del actual presidente. Así que el desenlace dio una inyección de legitimidad a su planteamiento, y con ese ánimo acudieron a la citada reunión de febrero del año pasado con la dirección parlamentaria socialista y con Santos Cerdán, diputado navarro, actual responsable de Organización, que conoce a la perfección la idiosincrasia de la izquierda abertzale. El encuentro tuvo como objetivo la búsqueda de una posición común sobre la senda de estabilidad presupuestaria. Bildu se abstuvo.

El contorno de la negociación quedó claro entonces. De política penitenciaria, nada, ya que ese asunto se aborda entre gobiernos, es decir, entre Moncloa y Ajuria Enea, es decir, con el lehendakari, Íñigo Urkullu. Pero de economía e impulso social, todo.

La pandemia y sus efectos

Antes de que la pandemia alterara por completo la rutina parlamentaria, los cinco diputados vascos de la formación abertzale emitieron señales sobre sus intenciones. Apoyaron el decreto que derogaba el despido por encadenar bajas médicas, uno de los aspectos de la reforma laboral considerados "más lesivos" por el Gobierno de coalición. También dieron el "sí" a la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.

Ello nos sitúa en la fase más dura de la pandemia, cuando los ciudadanos debieron encerrarse en sus casas y al Congreso acudían unos pocos diputados. EH Bildu se abstuvo en todas las prórrogas del estado de alarma, lo que a medida que se fueron sucediendo (hasta seis se votaron en la Cámara) resultó cada vez más decisivo. A finales de mayo, Lastra acordó con Aizpurua una resolución a incluir en el decreto de prórroga que pide la derogación de la reforma laboral. El lío se hizo estridente. La derecha acusó al Gobierno de pactar con los herederos de ETA. Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue torpedeada la compleja negociación que estaba efectuando con los agentes sociales para blindar los ERTE. Moncloa se quitó de en medio.

Aizpurua y Matute se vieron en septiembre de 2020 con el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para tantear posiciones cara a las cuentas públicas.

La lenta vuelta a la 'normalidad' en el Congreso comenzó a plasmarse en la negociación del proyecto presupuestario de 2021. Bildu entonces apostó fuerte en su propósito de influir con medidas sociales. Aizpurua y Matute se vieron en septiembre con el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para tantear posiciones cara a las cuentas públicas. Fuentes conocedoras del encuentro recuerdan que EH Bildu, además de sus prioridades en favor de los colectivos vulnerables de todo el Estado, sondeó las posibilidades que abría de retocar la política penitenciaria. Iglesias respondió que ese asunto, independientemente de lo que opinara a título personal y desde el plano político, difícilmente se iba a afrontar mientras Sánchez fuera presidente.

Poco después, EH Bildu se reunió con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y ni mencionaron el tema. En noviembre, Lastra, defensora de la alianza social con el partido vasco, se pronunció públicamente a favor de que los abertzales apoyaran los presupuestos.

Y los apoyaron.

Alto nivel de coincidencia en votos

Un rápido repaso por las votaciones celebradas en el Congreso esta legislatura ilustra la voluntad política con la que EH Bildu trabaja en los pasillos y despachos de la Cámara Baja. La fluidez del diálogo es ya costumbre con el PSOE y con Unidas Podemos. Se ha asentado esta formación en el bloque de izquierdas de la Cámara, como demostró precisamente con el respaldo a las cuentas públicas vigentes.

También lo ha certificado en numerosas votaciones. Por ejemplo, EH Bildu presentó la proposición de ley sobre los bebés robados junto a los grupos socialista, de ERC y Plural, y salió adelante. Asimismo, aunque se abstuvo en la senda presupuestaria defendida en febrero del 20, respaldó la defendida en octubre de ese mismo año y en septiembre pasado. Ha favorecido la tramitación de la ley mordaza, ha dado su aval a los decretos del teletrabajo, de los "rider", del plan de recuperación postpandemia, de protección de consumidores vulnerables, de la prórroga de los ERTE o de la rebaja de la incidencia del gas en la factura eléctrica. Ha ayudado, además, a tramitar las propuestas de Unidas Podemos sobre salud mental o la del PSOE para castigar los acosos en clínicas abortistas.

Son medidas legislativas, pero fue una meramente política la que retrató el viraje de la formación abertzale en Madrid, en donde actúa de manera muy similar al PNV. Sus encuentros con cargos ministeriales son asiduos, como los del Partido Nacionalista Vasco, y se mueve con pulcra discreción, como el Partido Nacionalista Vasco. Procura hacerse vale y hacerse notar, pues, al fin y al cabo, tiene cinco escaños (el PNV, seis) y la aritmética parlamentaria es ajustada actualmente.

Y esa propuesta política planteaba alargar la prohibición de los cortes de luz y gas a familias y personas vulnerables, alargar la suspensión de los desahucios y alargar el aplazamiento temporal de los pagos de los alquileres si se trata de una unidad en riesgo de exclusión. El escudo social, en definitiva.

En el PSOE creen que esta apuesta de los abertzales seguirá hasta el final de la legislatura, al margen de Otegi y "sus deseos", como los llaman en Ferraz.