PSOE y Podemos acuerdan mantener el acta de Alberto Rodríguez y piden aclaración al Supremo

La Mesa del Congreso, gracias a la mayoría de PSOE y Unidas Podemos, ha acordado este martes mantener el acta del diputado morado Alberto Rodríguez, que fue condenado por el Tribunal Supremo a 45 días de prisión y de inhabilitación para sufragio pasivo. Además, no se ha optado por ninguna sanción adicional que se barajaba en un principio, como la suspensión de empleo y sueldo durante los días de pena.

La decisión, que podrá ser enmendada por la Junta Electoral Central, se ha tomado después de que el informe jurídico de los letrados avalara mantenerle en su cargo público, y finalmente los socialistas se han puesto del lado de sus socios de coalición frente a PP y Vox que exigían la retirada de su cargo parlamentario.

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En la reunión de la Mesa de este martes, en la que cada grupo parlamentario ha expuesto su postura pero en la que no ha habido votación, también se ha pedido al Tribunal Supremo una aclaración de los términos de ejecución de la sentencia. Una fórmula que deja la decisión ya tomada a expensas de la última palabra del Alto Tribunal.

Tanto PP como Vox habían pedido en sendos escritos la retirada del acta de diputado a Rodríguez, que fue condenado por delito de atentado contra la autoridad por haberle propinado una patada a un policía nacional durante unas protestas en 2014 en La Laguna (Tenerife). Estas peticiones se amparaban en la teoría de la "ilegilibilidad sobrevenida" que ya se aplicó en casos como el de Quim Torra u Oriol Junqueras, a quienes se les retiraron sus cargos públicos tras haber sido condenados a inhabilitación.

Fuentes de Vox también adelantaban a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en caso de no quitarle al dirigente morado la condición de diputado, presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Un extremo que, de darse, podría desembocar en una maraña judicial como la que propició la pérdida del acta de Torra.

La Junta Electoral podrá enmendar a la Mesa

De momento, PP, Ciudadanos y Vox han presentado respectivos escritos dirigidos a la Junta Electoral Central para que se pronuncie. Hasta el momento, tal y como contó este medio, la JEC no tenía previsto reunirse para abordar este asunto, al entender que la decisión correspondía a la Mesa. Sin embargo, una vez lanzadas estas peticiones, el órgano electoral tendrá que tomar una decisión sobre la situación de Alberto Rodríguez.

La jurisprudencia de la Junta es clara y en ocasiones similares ha optado por quitar la condición de diputado a los condenados por sentencia firme, como es el caso, o a quienes, sin ser sentencia firme, hubieran sido condenados por cierto tipo de delitos como atentado contra las Administraciones Públicas o contra las Instituciones del Estado. Es lo que sucedió con Torra, que fue inhabilitado por la JEC pese a no tener sentencia firme.

En caso de que la Junta Electoral aplique la doctrina ya existente, prevalecería la decisión de la Junta Electoral, que podría enmendar la decisión de la Mesa y retirarle el acta a Rodríguez. La decisión de la Junta, en todo caso, sería recurrible por la vía contencioso- administrativo o mediante recurso de amparo al Tribunal Constitucional. La ejecución del acuerdo de la Junta Electorla será de ejecución inmediata, si bien el dirigente morado, en caso de perder el acta, podría pedir medidas cautelares o suspender la ejecución a la espera de sentencia firme.