La UE defiende los alimentos de calidad

El Consejo de Ministros de Agricultura europeo aprobó ayer la reforma del reglamento sobre el sistema de indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios, los vinos y las bebidas espirituosas. La Unión Europea (UE) pretende, con este movimiento, defender los alimentos de calidad y protegerlos de la competencia desleal de países terceros. La lista de alimentos tradicionales y de calidad de España que van a beneficiarse del cambio de la norma suma 377 productos, entre aquellos que forman parte de una Denominación de Origen Protegida (DOP) o de una Indicación Geográfica Protegida (IGP). España se encuentra en el tercer puesto de la UE en cuanto a alimentos protegidos, solamente superada por Italia y Francia. El último producto incorporado a la lista es el vino de pago Rosalejo, de las provincias de Toledo y Ciudad Real. Las autonomías que cuentan con más indicaciones geográficas protegidas son Andalucía, las dos Castillas, Galicia y Cataluña.

La UE busca, al fortalecer la norma, que ha de entrar en vigor antes de dos meses, agilizar el proceso por el cual nuevos productos son añadidos a la lista y blindados, así como extender su escudo protector a internet y al ámbito digital. La puesta al día del reglamento permitirá clausurar o bloquear las webs de las marcas que utilicen de forma engañosa las DOP o las IGP.

El paso modernizador dado por la UE ha de ser interpretado necesariamente como un buen augurio para el campo español. Este, como ha ocurrido en otros países europeos, ha protestado con fuerza y resolución, convocando numerosas manifestaciones y con aparatosos cortes de vías de circulación, y ha reclamado medidas que alivien la delicada situación en que se encuentra.

La iniciativa europea de esta semana señala el camino a seguir más allá de los productos con sello de calidad. Como es sabido, una de las principales quejas de los agricultores y ganaderos españoles es la excesiva carga burocrática que tienen que soportar, en gran parte causada por Bruselas, aunque también por las administraciones estatales y autonómicas. Los grandes sindicatos del campo han señalado que los costes burocráticos resultan inasumibles, muy especialmente para los productores pequeños y medianos. La simplificación del proceso para que los alimentos tradicionales y de calidad obtengan su sello correspondiente (algunos habían tardado hasta siete u ocho años en conseguirlo) debería servir de ejemplo para la inexcusable simplificación de los trámites en el conjunto del sector.

Lo mismo puede decirse para otra de las grandes reclamaciones, relacionada con las importaciones desde países extracomunitarios, que contribuyen a hacer que bajen los precios que se pagan a los productores. Los agricultores y ganaderos han llamado a las administraciones a intervenir de forma decidida contra estas compras, dado que no cumplen con los estrictos requisitos que Europa les impone a ellos. El campo español ha levantado su voz contra las importaciones llegadas, entre otros países, de Marruecos. Quiere más control fronterizo y que los productos agrícolas extracomunitarios cumplan las normas de la UE. Los agricultores españoles y europeos han acusado a Bruselas de hipocresía, al entender que su inacción supone una amenaza para la viabilidad de las explotaciones.