La Agenda Verde se relaja

El Pacto Verde Europeo, puesto en marcha por la Comisión en diciembre de 2019, incluía un conjunto de iniciativas políticas cuyo objetivo consistía en situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. El paquete "Objetivo 55" persigue traducir las ambiciones climáticas del Pacto Verde en legislación. Con él, la UE y sus Estados miembros se han comprometido a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % con respecto a los valores de 1990 de aquí a 2030. Este objetivo es jurídicamente vinculante y se basa en una evaluación de impacto realizada por la Comisión.

Con el fin de avanzar en estos planes, la Comisión Europea ha ido planteando diversas reformas, sin ser plenamente consciente de que la agricultura y la ganadería europeas están sometidas a tensiones muy serias que provocan un justificado malestar de los trabajadores del sector. La irregularidad climática de los últimos años, con sequías inéditas que han mermado gravemente la producción, se ha unido a un proceso inflacionista incontrolado, a las consecuencias comerciales de la guerra de Ucrania, a la subida de precio de los carburantes, los piensos y las materias primas, y a la apertura del mercado europeo a países en desarrollo que nos invaden con productos agrarios que no cumplen las normas fitosanitarias que deben respetar los agricultores europeos y que incurren por tanto en competencia desleal.

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En este marco, los agricultores han salido a las carreteras a manifestar su malestar en toda Europa, ya que el problema es general en el ámbito comunitario. Probablemente porque, como suele suceder a menudo, las bien intencionadas políticas de Bruselas ignoran la realidad mucho más prosaica de las sociedades que habrán de digerir las genialidades. Fácilmente se podrá entender que el agricultor medio, que por las causas mencionadas pasa grandes estrecheces para sacar adelante sus explotaciones, se irrite cuando se le dice que debe apretarse todavía más el cinturón para cumplir unos engorrosos y onerosos objetivos medioambientales que le parecen abstractos y que ni siquiera le han sido debidamente explicados.

Las movilizaciones, ya en reflujo, han arrancado a menos de medio año de las elecciones europeas de junio, en las que se teme que los partidos populistas y ultraderechistas alteren el equilibrio tradicional del Parlamento Europeo, en el que han predominado históricamente el Partido Popular y el grupo socialdemócrata. La extrema derecha, además de euroescéptica, es negacionista con respecto al cambio climático, que considera una simple invención de los progresistas para someter a los ciudadanos confiados. Y por lo tanto, trata de convencer a los agricultores de que se desentienden de los sacrificios que se le requieren, tendentes a la sostenibilidad de sus actuaciones y a alcanzar la neutralidad ambiental en los plazos establecidos.

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Ante esta situación, la superestructura política europea ha decidido ceder a las demandas de los agricultores en una peligrosa pirueta que beneficia objetivamente los intereses políticos de la extrema derecha, que alardea de haber derrotado unas tesis que cuentan con el aval de toda la comunidad científica. Negar el deterioro del planeta por causa de los gases de efecto invernadero generados por el hombre es enfrentarse a la inteligencia, a la ciencia y a la civilización que nos han traído hasta aquí.

Las cesiones de Bruselas son conocidas: se elimina la obligación de reducir al 50 % la aplicación de productos fitosanitarios perjudiciales que estaba incluida en la estrategia europea denominada "Del Campo a la Mesa" y también se recogía en la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza cuya tramitación sigue adelante en Bruselas después de que socialistas, ecologistas y la izquierda europea rescatasen el proyecto pese al voto en contra de tres comisiones (Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) y a la oposición de todo el campo.

También se ha relajado la protección del lobo y ha desaparecido la obligación de mantener un 4% de los terrenos de las explotaciones en barbecho anual para estimular la productividad y la biodiversidad… Son cesiones que agradarán al campesino pero que ni resuelven los problemas ni van en la dirección adecuada.

Parece claro que es un absurdo intentar resolver el futuro del campo mediante al abandono de las políticas medioambientales. La actividad agropecuaria, que es necesaria para mantener vivos los espacios rurales y la calidad de vida del conjunto de la población, debe seguir financiada por la PAC, pero con nuevas mejoras que respondan en cada momento a las necesidades reales de los trabajadores del sector primario (la última reforma no ha sido atinada). Además, las administraciones deberán combatir la burocracia insoportable y velar por el desarrollo cabal de la cadena alimentaria, de forma que cese la especulación y que los intermediarios no obtengan más beneficio que el productor. Y, por supuesto, habrá que proteger los bienes de consumo de la agresividad desequilibrada de los competidores externos. En definitiva, habrá que responder al reto con imaginación, combatiendo con decisión los sofismas sectarios de la ultraderecha que niegan la evidencia, abdican de los grandes principios liberales y tratan de engañar a los agricultores con alicientes medievales.