Opinión | ANÁLISIS

Democracia de segunda división

La corrupción, esa lacra en la que sigue destacando España

Sesión Plenaria en el Congreso de los Diputados.

Sesión Plenaria en el Congreso de los Diputados. / EP

Si hubiera que proponer un titular deportivo al ranking internacional presentado esta semana sobre la corrupción podríamos aludir a que España no clasifica para el campeonato mundial de fútbol. Esto sería intolerable para nuestra sociedad civil. Sin embargo, parece no tener ningún efecto que languidezcamos como una democracia de segunda división en percepción ciudadana de la corrupción. No consuela que Italia tenga menos nota y peor clasificación (¡si quedó fuera del anterior mundial en Catar!) a pesar de tener mayor riqueza.

La mala posición en que parece instalado el Estado español dentro del ponderado estudio anual sobre la corrupción que la organización Transparencia internacional presenta cada mes de enero marca un rumbo que debería hacernos reflexionar. A ello vamos.

Con una metodología muy contrastada, durante casi treinta años, el Índice de Percepción de la Corrupción valora en 180 países el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, según trece evaluaciones de instituciones independientes y encuestas a expertos. Utiliza una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente).

Dinamarca encabeza el índice por sexto año consecutivo (90 puntos), con Finlandia y Nueva Zelanda seguidas de cerca (87 y 85). Los Estados meridionales europeos, como siempre aparecemos en peor posición. Si se observa la clasificación, se destacan las habituales naciones ejemplares, aunque no todas están para tirar cohetes. Varias democracias de primera, incluyendo Suecia (82%), Países Bajos (79%) y el Reino Unido (71%), han registrado las puntuaciones más bajas de su historia.

El estudio revela que los esfuerzos anticorrupción se han estancado o disminuido en los 31 países europeos. Solo seis han mejorado su puntuación, mientras que ocho han disminuido desde 2012.

Siempre toca aquí comentar el delicado caso de Singapur (83%). Un país autoritario que pena escupir al suelo con 3 meses de cárcel o 3 años por piratear la wifi del vecino. Allí, una pintada está castigada con cárcel "y azotes". Así que cuando sale el ranking todos nos escabullimos al llegar al eterno quinto puesto que ostenta Singapur porque nos plantea cuestiones incómodas al buenismo que tenemos instalado en la vieja Europa.

Hace 15 años comentaba en este mismo periódico el ranking 2007 mostrando la similitud con el informe del Banco Mundial, en cuanto a facilidades y burocracia para abrir negocios. Los mismos Estados comparten tradicionalmente los primeros y los últimos puestos de ambas listas ¿Hay correlación entre corrupción, pobreza y burocratismo? Recuerdo que este último término lo discutí con Herrero Merediz, abogado gijonés y uno de los fundadores de las Comisiones Obreras en Asturias: "Antonio, no confundas la burocracia y las garantías del procedimiento con su patología, el burocratismo".

En 2016, en otra tribuna como hoy, felicitaba a los portugueses que nos habían adelantado –seguimos detrás– desmintiendo la correlación entre ese ranking y la riqueza per cápita. Una prueba de ello es que Chile y Uruguay nos sobrepasan claramente en la honradez percibida. Sin embargo, Latinoamérica salvo Costa Rica, es un erial con los sospechosos habituales (Venezuela, Nicaragua) cerrando la clasificación junto a los Estados fallidos de África.

Un endiablado sistema con ansias garantistas ha complicado más que favorecido la gestión de la Administración

Aquí surge otra duda habitual: ¿son más corruptos porque son más pobres? o ¿son pobres porque son corruptos? Y, por fin: ¿más controles suponen menos corrupción? He de reconocer que, en este momento, los controles formales son el mayor problema que tiene la Administración. Hemos creado un endiablado sistema de gestión económica que, con ansias garantistas, ha complicado más que favorecido la gestión.

Hace unos meses, el Tribunal de Cuentas Europeo llamó la atención a las autoridades nacionales y regionales de la UE en materia de contratación pública, pues las diversas reformas durante la década pasada no consiguieron incrementar el atractivo o la facilidad de los procedimientos de licitación. Entre 2011 y 2021, cada vez eran menos las empresas que competían por obras, suministros o servicios. La reforma de la contratación de 2017 no consiguió incrementar el atractivo de los procedimientos: "De hecho, se hicieron aún más largos y, hoy, la transparencia sigue siendo problemática", glosaba la nota de prensa emitida por los auditores europeos. En España lo sabemos bien, aunque eso ya lo lloraremos en una próxima tribuna.

El Ministerio de Hacienda, en los datos abiertos registrados en la Plataforma de contratación durante 2023, reconoce tres licitadores de media por procedimiento (la mediana: dos). En la mitad de las contrataciones autonómicas solo se presentan uno o dos licitadores. ¿Por qué? ¿Es suficiente concurrencia?

En definitiva, tres de cada cinco españoles reconocen que la corrupción afecta su vida diaria frente a sólo uno de cada cuatro europeos. Si seguimos los telediarios, parece nos hemos habituado a aceptar lo inaceptable. Personalmente, no creo que sea un buen ejemplo para las generaciones más jóvenes, convertir el Congreso en un zoco donde los escaños se pagan con leyes penales a la carta, en función de las noticias de los sumarios judiciales y sin ningún remordimiento. El urbanismo opaco que tanto daño hizo en décadas pasadas nos llevó a una degradación política que aún estamos pagando. La falta de escrúpulos en la actual vida legislativa lo pagaremos también, no lo duden.