Europa será federal o no será

La mayoría de los analistas constata que Europa está experimentando todavía los coletazos de la crisis económica de largo plazo que arranca del crack de Wall Street en 2008 y que, aunque ya hemos superado sus principales efectos, nos mantiene en una situación de atonía, cercana a la estanflación. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, la respuesta inmediata a aquella crisis consistió en una cínica transferencia de pérdidas privadas a deuda pública, combinada con una austeridad fiscal que paradójicamente trataba de limitar aquella deuda. El resultado fue una enorme trampa de liquidez que aumentó la deuda pública, que mermó la calidad de vida, que no se tradujo en inversión y que derivó inexorablemente en estancamiento.

Los Estados Unidos, sin embargo, son una federación que dispone de instituciones de este nivel que, en tiempos de crisis, son capaces de estabilizar la economía del país, y de hecho Norteamérica recompuso la figura con cierta rapidez. En Europa, en cambio, no se disponía de instituciones ni de recursos "federales" para implementar aquella solución, y no se atendió tampoco a los consejos que recomendaba federar de facto la UE, aunque no de jure. No se hizo, y el problema se resolvió forzando la cruel austeridad de los miembros más deprimidos de la eurozona, al tiempo que se establecía una flexibilización cuantitativa que permitiera el despegue de los miembros menos castigados de la UE.

La popularidad y las encuestas

Yanis Varoufakis, ministro griego de Finanzas que hubo de pechar con el rescate de su país, cabeza de turco y ejemplo de lo que les podía suceder a los díscolos, recuerda cómo muchas voces autorizadas recomendaban a Bruselas mutualizar la deuda, obtener recursos fiscales semejantes a los federales de los Estados Unidos y poner en marcha un plan verde paneuropeo agregado de cinco años. Prevalecieron claramente los intereses nacionales —de Alemania y de Holanda, preferentemente—, países exportadores que consiguieron mantenerse a flote a pesar del hundimiento europeo.

Pero volvamos al presente: tanto Estados Unidos como Europa han combatido la última oleada inflacionista con las mismas armas monetaristas, sendas subidas de tipos de interés. Con la particularidad de que, una vez estabilizada relativamente de la economía, Norteamérica ha conseguido generar una oleada de inversión pública que atrae a los holdings industriales europeos a los Estados Unidos. La clave de ello ha sido la aplicación de políticas industriales ambiciosas —la ley de Reducción de la inflación y la ley CHIPS y ciencia— que el sector público norteamericano es capaz de financiar gracias a la iniciativa federal, que en la Unión Europea es inexistente. Como es bien conocido, el presupuesto comunitario aportado por los 27 países miembros con el que se nutren las políticas comunes de la Unión representa menos del 1,27 % del PIB conjunto, una cantidad simbólica que no permite hablar siquiera de verdadera integración.

Por añadidura, La Comisión Europea, en cumplimiento de los Tratados, persigue con saña las ayudas de Estado nacionales a las empresas, con el argumento incontestable de que las subvenciones distorsionan la competencia y benefician a unas compañías comunitarias frente a otras. Y en la práctica, con independencia de los generosos Fondos Next Generation aplicados a la pandemia, las únicas actuaciones comunes en este capítulo se limitan a la investigación y desarrollo, al apoyo a la educación técnica y a la construcción de las grandes infraestructuras. Es evidente que si existiera una dirección Federal de Europa, dotada de un presupuesto del mismo rango, se podrían potenciar algunas preferencias industriales que difícilmente aparecerán a escala de los meros Estados de la Unión. La UE, por ejemplo, casi ha desaparecido como productora del mercado de las telecomunicaciones y del desarrollo digital, en beneficio de los Estados Unidos y China, que han podido aplicar grandes dotaciones a la implementación de las tecnologías más modernas.

Cuando apareció la iniciativa integracionista europea tras la Segunda Guerra Mundial, se generó un gran debate entre federalistas y funcionalistas, entre Altiero Spinelli y Jean Monnet. Ese debate concluyó con los Tratados de París y Roma y el triunfo de las tesis de Monnet, a quien, en palabras de Spinelli, corresponde por eso el mérito de haber puesto en marcha la unificación de Europa y la culpa de haberlo hecho por un camino equivocado: el funcionalismo, la unión política con la pretensión de que la función haga el órgano y cree estructura unitaria, federal. Los términos de la opción siguen siendo hoy los mismos: Federación o Comunidad; Estado Federal o Unión de Estados.

Pues bien: a pesar de que se desechó la federalización de Europa, los sucesivos avances de la UE fueron todos “federalizantes”: la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA) para que cesara la competencia armamentística fue una verdadera “política industrial”. La creación de la Unión Aduanera en 1958 y de la Ley del Mercado en 1992 fueron también pasos en la misma dirección. Y la salida de la segunda crisis del siglo, la crisis sanitaria de 2020, se logró mediante fondos colectivos, federales. Los Fondos de Reconstrucción y Resiliencia, aplicados también a las nuevas tecnologías, son lo más parecido a las políticas federales de la UE.

El corolario es obvio: si la Unión Europea no profundiza en la dirección federal cuando la globalización está produciendo la decantación de grandes actores que ejercerán el liderazgo en los diversos sectores industriales, no será un protagonista internacional y mucho menos una gran potencia: se quedará fuera del progreso, reducida a una suma de pequeños estados incapaces de asumir los grandes retos que ya se vislumbran claramente en el horizonte.