El foco de la lucha antiinflación

En su Plan Presupuestario para 2024 enviado a Bruselas, el Gobierno en funciones calculó que se retirarán las medidas antiinflación que caducan el próximo 31 de diciembre, como la rebaja del IVA de los alimentos o de la electricidad y el gas. Claro que tratándose de un Ejecutivo en funciones no podía hacer otra cosa, dado que no puede dar por sentado que se prorrogarán unas ayudas y subvenciones que, en todo caso, corresponde al futuro Gobierno aprobar o no. De modo que no está decidido qué ocurrirá con el paquete de acciones para combatir la inflación que empezó a aplicarse en junio de 2021 y que, con modificaciones, se ha ido renovando periódicamente hasta el presente año. Ya hay voces, incluida la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugieren que con una inflación actual, por debajo de la mitad de la de 2022 (3,5% frente a 8,3%), conviene retirar esas medidas y enfocarse en reducir el déficit.

No podemos saber qué pasará a partir del 1 de enero de 2024, pero sí valorar lo realizado hasta ahora. Es lo que ha hecho el Banco Central Europeo (BCE), en un estudio comparativo entre los seis principales países de la zona euro, que arroja un balance agridulce para España. Dice este documento que el conjunto de medidas contra la subida de precios compensaron en un tercio la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, lo cual es positivo. No lo es tanto la segunda conclusión: que dichas medidas redujeron la desigualdad en la mayoría de países analizados (Italia, Francia, Portugal y Grecia), pero no en España ni Alemania. Cada Gobierno adoptó sus propias medidas, de lo que se desprende que España no dio con la tecla más adecuada como sí hicieron otros países.

En contraposición a estas medidas generalistas, las ayudas directas sí se pueden dirigir a los colectivos que más interesa, esto es, los más afectados"

En los momentos más graves de la crisis de precios energéticos, seguida del encarecimiento de los alimentos, el Gobierno español anunció efectistas medidas de carácter general, como la referida al IVA, de la que se beneficiaba toda la población. Pero dar a todos lo mismo no es ser equitativo. Basta con observar la distribución del gasto de los hogares según el nivel de renta para darse cuenta de que la subida del precio de los alimentos afecta más a un hogar pobre que a uno rico, porque el primero dedica más parte de sus ingresos a compras básicas que el segundo. En contraposición a estas medidas generalistas, las ayudas directas sí se pueden dirigir a los colectivos que más interesa, esto es, los más afectados. Es el caso del bono social de la luz, que se amplió para las familias vulnerables, o la subvención de los carburantes a los transportistas (en una reorientación acertada de lo que al principio fue una subvención a todos los conductores, sin excepción). Los descuentos del transporte público cumplen el objetivo de movilidad sostenible, aunque se podrían reorientar para seleccionar a sus beneficiarios según criterios socioeconómicos.

Los analistas estiman que la inflación seguirá por encima del 2% durante una buena temporada, por lo que el BCE se lo pensará mucho antes de bajar los tipos de interés, en especial con la incertidumbre del conflicto de Oriente Próximo. Eso significa una probable desaceleración económica, y que las empresas y las familias seguirán afrontando una situación complicada. El futuro Gobierno lo tendrá difícil para retirar las ayudas antiinflación, pero tampoco podrá mantenerlas al nivel actual, porque empeoraría la deuda pública. Deberá priorizar aquellas que, realmente, se destinan a los que más lo necesitan.