No es lo que dices, es lo que haces

Hace un año escribí en estas mismas páginas acerca de las tres condiciones necesarias para que se produjera una alternancia en el Gobierno de España en las próximas elecciones generales y que fuera la derecha la que pasara a ocupar la dirección del país. Las tres cuestiones eran: un máximo de dos partidos en el bloque de la derecha, desmovilización de una parte importante de la izquierda y saldo neto positivo en los trasvases de voto.

La primera de estas condiciones ya se ha formalizado tras la renuncia de Ciudadanos a presentarse a los comicios del 23J. El espacio político de la derecha será disputado ahora por solo dos formaciones: PP y Vox. El partido liderado por Santiago Abascal, el que mayor rechazo produce a los españoles según las encuestas (es el que un mayor porcentaje de ciudadanos dice que no votaría en ningún caso), se ha convertido en socio necesario de los populares en muchos gobiernos municipales y autonómicos. Ya lo dijo Abascal la noche electoral del pasado 28 de mayo: “somos decisivos”.

En estos momentos, y según la mayoría de las encuestas publicadas, el PP deberá contar con ellos si Alberto Núñez Feijóo quiere ser el próximo presidente de España. Ahora bien, ¿a qué precio? El acuerdo de Gobierno firmado por las dos formaciones de la derecha en la Comunidad Valenciana que elude la violencia machista y la califica de “intrafamiliar” no parece un buen comienzo. El número 2 de Vox, José María Llanos declaró la semana pasada que la violencia machista no existe (una afirmación forzadamente matizada con posterioridad señalando que condena esta, pero niega la existencia de violencia de género). Decir esto en un país donde los datos objetivos y subjetivos son los que son, no parece, insisto, un buen comienzo de este matrimonio de conveniencia.

Por un lado, las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año ( hasta junio de 2023) ascienden a 22, según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Por otro lado, el estudio Crimen y Corrupción 2023 llevado a cabo por Ipsos y en el que se analiza la percepción de delincuencia de la ciudadanía, así como el nivel de confianza en las fuerzas de seguridad para contra atacar el crimen en 29 países, señala que la violencia de género contra las mujeres es uno de los cinco delitos entre los diez, por lo que se pregunta en este estudio, más reportados en todo el mundo: un 40% de la población mundial admite haber presenciado o escuchado en su barrio algún tipo de violencia contra la mujer en el último año. En el caso de España, aunque el porcentaje es cuatro puntos inferiores a la media mundial (36%), es el país europeo donde más casos de violencia contra la mujer se declaran haber visto u oído en el último año.

De momento, solo la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, se ha negado a compartir el Gobierno con “quienes niegan la violencia machista” (aunque ambas formaciones políticas han llegado a acuerdos en varios municipios extremeños para cogobernar). Una decisión que, en cierta medida, afecta a Feijóo y a la campaña electoral que se inicia en apenas dos semanas. Y esto es así, porque las concesiones discursivas y programáticas que el PP le está haciendo a Vox diluyendo la violencia de género en la intrafamiliar (el propio Feijóo consideró en una entrevista en la SER que la violencia machista es una obviedad y que por lo tanto no debería llamar la atención que no esté presente en los acuerdos de Gobierno firmados por ambos partidos) pueden tener efecto, en este mes que queda hasta la celebración de los comicios, en las otras dos condiciones señaladas como necesarias para que se dé un triunfo de la derecha: la desmovilización de una parte de la izquierda y el trasvase de votantes desde el bloque de la izquierda al de la derecha. Hasta el pasado 28 de mayo, nos referíamos a la falta de tensión electoral de la izquierda percibida en las encuestas como una “desmovilización demoscópica”: era esperable que, una vez convocados los comicios nacionales, gran parte de este electorado se activara. Sin embargo, y a pesar de tratarse de elecciones de diferente nivel, las municipales y autonómicas han puesto de manifiesto que esa desmovilización no era solo demoscópica. Además, las primeras encuestas publicadas tras estos comicios y una vez conocido el adelanto electoral arrojan un saldo neto positivo para la derecha en los trasvases de votos entre bloques: la izquierda le estaría transfiriendo más de medio millón de votantes de 2019. Es decir, que, hasta ahora, las otras dos condiciones necesarias parecían estar cumpliéndose también.

La cultura política de los españoles parece haber aceptado e incorporado tanto la actual política de bloques como la necesidad de Gobiernos de coalición en todos los niveles: para que el PSOE gobierne tiene que contar con otros actores políticos de su mismo espacio ideológico (Sumar) o con partidos del tercer bloque (nacionalistas, independentistas…); para que el PP gobierne, necesita el apoyo de Vox. Esta normalización de Vox como actor político relevante es un elemento que cortocircuita la activación electoral de una parte de la izquierda que actualmente está desmovilizada.

Pero hasta este momento, más allá de Castilla y León, los ciudadanos no conocían la capacidad de la formación de ultraderecha de condicionar cierto tipo de políticas. Los acuerdos municipales y regionales de Gobierno firmados por el PP y Vox pueden haber modificado la visión de los electores sobre estas alianzas. Porque, como bien señalaba recientemente la profesora Cristina Monge en un artículo en El País, tan importante es con quién se pacta como qué se pacta.