Electoralismo y vivienda

Cuando toca a su fin una legislatura progresista, no tenía sentido que se dejara de acometer una reforma profunda del marco jurídico de la vivienda, la eterna asignatura pendiente de un estado de bienestar que no ha resuelto aún este problema, con lo que no se ha atendido un requerimiento bien explícito de la carta magna, que, junto a los clásicos derechos a la salud, la educación y toda la panoplia de libertades civiles, establece en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Artículo que impone asimismo el intervencionismo del Estado: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. El mandato no puede ser más claro: el derecho a una vivienda digna deberá prevalecer sobre la libertad de mercado, tanto en la gestión del suelo como en la comercialización de las soluciones habitacionales, en venta o alquiler.

La ley de Vivienda limitará al 3% la subida del alquiler en 2024 y fijará después un índice para topar anualmente el aumento

En toda esta legislatura se ha manifestado una lógica dualidad en el seno del Gobierno, que es —no se olvide— de coalición: compiten en el ejecutivo el socialismo democrático, que se atiene fielmente los Tratados comunitarios —que incluyen en principio la libertad mercantil y la competencia— y la izquierda más radical, que fuerza soluciones más intervencionistas, y que tampoco es ajena a Europa: Bruselas regula con naturalidad los mercados de la banca y de la energía, y en numerosos países de núcleo de la UE hay regulaciones de la vivienda encaminadas precisamente a asegurar su accesibilidad por parte de todos, con la conciencia de que no hay integración social ni desarrollo humano y familiar sin la disponibilidad de “una vivienda digna y adecuada”.

El derecho a una vivienda digna deberá prevalecer sobre la libertad de mercado, tanto en la gestión del suelo como en la comercialización de las soluciones habitacionales, en venta o alquiler

En EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el periodista Ángel Alonso describía el proceso negociador que se ha desarrollado en el seno del Gobierno. El ala mayoritaria, socialista, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, y la izquierda minoritaria, que reivindicaba modelos intervencionistas ya implantados en varios países comunitarios, consiguieron converger en la regulación de los aspectos más problemáticos: requisitos de las zonas tensionadas, la horquilla que define a un gran tenedor de propiedades inmobiliarias, la articulación de los límites de crecimiento de precios en venta y en alquiler, y el despliegue de las salvaguardas precisas para los arrendatarios. No cabe duda de que la inminencia del doble ciclo de elecciones en 2023 ha impulsado la capacidad de acuerdo, cuya estabilidad deberá ser mantenida para que los beneficiarios de tales políticas, los propietarios e inquilinos, salgan realmente protegidos.

La falta absoluta de entendimiento entre la derecha y la izquierda parlamentarias, insoluble en vísperas electorales, genera un riesgo que hay que reseñar y que habría que prevenir. Feijóo, crítico con ese proyecto de ley, ha destacado una evidencia irrefutable: la norma reducirá la oferta de viviendas en alquiler e incluso en venta. Efectivamente, la ley en ciernes pretende disuadir a la ciudadanía y al sistema financiero de que utilicen las viviendas como instrumento de ahorro e inversión, beneficiándose de la especulación, totalmente legítima cuando no se realiza con bienes de primera necesidad. Es lógico que el "rentista" que aspire a una remuneración elevada para sus recursos entre preferentemente en la economía productiva y asuma riesgos. A esto debe aspirar un modelo económico sano.

Pero si las cosas son así, si es evidente que el establecimiento de un tope al precio del alquiler y de trabas que pretenden anteponer el derecho a la vivienda al de propiedad reducirá la oferta, la única solución a este conflicto será la construcción por el sector público —estado central, comunidades autónomas y entes locales— de un parque suficientemente amplio de viviendas sociales de alquiler, que amplíe generosamente la oferta. Hoy por hoy, en España solo el 2% de la población se aloja en viviendas sociales, frente al 26% en Alemania, por ejemplo. En la actualidad, la partida presupuestaria “para vivienda y edificación” —3.500 millones en 2023— no llega en los PGE españoles al 0,30% del PIB, cuando Holanda dedica el 3,3%, el Reino Unido el 3,2% y Alemania el 2%.

Como es natural, la elasticidad del sector de la vivienda es baja porque un proyecto constructivo tarda años en materializarse. De ahí que las políticas de ordenación del territorio deberían contar con un mínimo consenso que les diera continuidad. Lamentablemente, hoy es utópico hablar de consensos transversales, por lo que estaremos condenados a vaivenes que perjudicarán sobre todo a los más necesitados de ayuda. El problema habitacional es muy complejo y está vinculado a otros factores (laborales, sociales, territoriales, etc.) pero sin duda la convergencia política en el enfoque y en la solución de la política de vivienda mitigará el problema hasta volverlo, al menos, manejable.