Vergonzoso bloqueo del Poder Judicial

Hoy está prevista la aprobación por el Pleno del Congreso de la contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitiría al máximo órgano de gobierno de los jueces designar a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional, pendiente de la renovación de un tercio de sus componentes, es decir, cuatro magistrados, dos en representación del CGPJ y otros dos, del Gobierno. Cuando se apruebe definitivamente esta reforma exprés, con la que el Ejecutivo trata de saltarse el bloqueo impuesto por el PP marginándolo del proceso (las facultades de designación del CGPJ que ahora le serán devueltas se limitaron cuando el Gobierno constató que los populares no se prestarían a su renovación, que requiere los tres quintos del Congreso), será aún más difícil un acuerdo PP-PSOE en esta legislatura. Se renovará el Constitucional, pero probablemente ya no el Consejo del Poder Judicial, generándose un déficit sin duda lesivo para el crédito y la eficiencia de la Justicia.

El debate sobre el estado de la nación, cuya principal novedad era la presencia de Alberto Núñez Feijóo -que, aunque mudo por razones conocidas, representa un cambio en el principal partido de la oposición- no resolvió el diferendo, pero tanto Sánchez como Gamarra mostraron cierta suavización del disenso, lo que con buena voluntad podría dar pie al desbloqueo de los órganos constitucionales que siguen con la llave echada, propiciando una situación vergonzante en un país de democracia madura. 

Cabe resaltar que la propia Comisión Europea advirtió ayer, por tercer año consecutivo, que se proceda con urgencia a la renovación del CGPJ y que se inicie un proceso para cambiar el método de elección de sus vocales "teniendo en cuenta las normas europeas"; es decir, estableciendo que al menos la mitad de sus miembros sean "jueces elegidos por sus pares".

Sería un buen presagio de futuro que, en un rapto de buen sentido, PP y PSOE sorprendieran con un arrebato de responsabilidad y un pacto para la renovación del Consejo y del TC, adquiriendo además el compromiso de realizar la reforma recomendada. Asimismo, deberían renunciar expresamente al sistema de cupos (intercambio de apoyos para designar a políticamente afines) en beneficio de la designación de los idóneos, en vez del premio a los cercanos.

Los políticos, cuanto más encumbrados, más obligación tienen de dar muestras de ejemplaridad en el cumplimiento de las leyes y de sus obligaciones formales. Y en este caso, la ciudadanía no entiende cómo sus dos principales representantes se desentienden del mandato constitucional porque no les conviene atenderlo o porque mantienen una pueril rivalidad de la que nadie se apea. No es razonable, en fin, mantener ni un día más esta situación, que desacredita al poder judicial y al sistema.

El entendimiento en este campo no debería ser una opción. Cuenten con que no se trata de hacer una excepción, sino de cumplir la regla, que a partir de ahora debe ser reformada para que, sin perjuicio del criterio de división de poderes, haya un engarce más estrecho entre la corporación judicial y la soberanía popular, tal como sugiere claramente el texto de la Carta Magna.