POLÍTICA

Los cabos sueltos de Pegasus

Es imprescindible que se asuman responsabilidades por el error grave de seguridad Conviene identificar todas las intervenciones realizadas fuera de los cauces legales

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Los cabos sueltos de Pegasus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, apenas aportó en su comparecencia en el Congreso novedades, datos o indicios sobre qué medidas se tomarán ante las sucesivas revelaciones sobre el uso del sistema de espionaje de comunicaciones Pegasus utilizado, entre otros, por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se supone que respetando los cauces establecidos. Sigue habiendo muchas lagunas sobre si otros actores, además de los de la inteligencia española, han recurrido a este modelo de espionaje u otros, contra quiénes, con qué objeto y si de manera legal, alegal o ilegal.

En el caso concreto del CNI, las limitaciones sobre la difusión del contenido, objetivo y procedimientos de las actividades del CNI probablemente le dejaban a la ministra Robles poco margen para ser más explícita: defendió que solo se han producido intervenciones con autorización judicial y que aquellas que no hayan seguido este cauce son simplemente delictivas y, por tanto, deben pasar a manos de la justicia.

En este contexto, mostró su disposición a aclarar lo sucedido, incluso desclasificando secretos, si es necesario. Robles remitió parte de las preguntas pendientes a la directora del CNI, Paz Esteban López, que comparecerá este jueves ante la comisión de secretos oficiales. Eso sí, a puerta cerrada y limitada por muchas restricciones. Será necesario sacar conclusiones de las próximas decisiones que tome el Gobierno y de la reacción de los grupos parlamentarios, aunque es de temer que su grado de conformidad con la información que reciban puede depender más de sus posiciones previas que de su satisfacción con los datos que se les trasladen.

Mientras ERC exigía desde que se conocieron los hechos la cabeza de Margarita Robles, una condición inasumible en este momento por parte de Pedro Sánchez, la intrusión en los móviles del presidente del Gobierno y de la propia ministra de Defensa, inadvertida durante un año, situaba la figura de Paz Esteban López como fusible de la crisis. Salida que, de momento, el apoyo de Robles y la tensión entre Moncloa y Defensa sobre el reparto de responsabilidades no ponen fácil.

Si la difusión de que seis decenas de políticos independentistas habían sido supuestamente espiados por Pegasus puso en peligro las relaciones entre el Gobierno y ERC y la respuesta del Ejecutivo volvió a hacer crujir las junturas de la coalición con Podemos, ahora la búsqueda de responsables del espionaje de los móviles de Sánchez y Robles abre una nueva fisura en el propio Gobierno central. Llegados a este punto, es imprescindible la asunción de responsabilidades por el error grave de seguridad, denunciar todas las intervenciones realizadas fuera de los cauces regulados e identificar a sus responsables, dentro o fuera de las estructuras del Estado y dentro o fuera de las fronteras españolas.

También es necesario revisar un sistema de control judicial insuficiente, extensible, con demasiada facilidad a personas y tiempos que van más allá de lo justificado ante el magistrado competente, que aprueba intervenciones nominales, limitadas y motivadas, sin ningún mecanismo de supervisión para garantizar que se proceda dentro de estos límites. Es lo mínimo exigible por las consecuencias que puede tener Pegasus sobre la estabilidad de la legislatura en un momento económica y diplomáticamente delicado.

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