¿Quién espía a quién?

El escándalo por el espionaje de políticos y activistas independentistas catalanes mediante el programa de intervención de teléfonos móviles Pegasus dio ayer un giro inesperado al sumarse a la nómina de espiados el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Aunque varios jefes de Estado y de Gobierno (desde Emmanuel Macron a Mohammed VI) ya habían aparecido como potenciales objetivos de los entes, en principio gubernamentales, que han usado Pegasus, el caso denunciado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, añade un factor preocupante: la infestación de dispositivos teóricamente blindados por parte de los órganos que velan de la seguridad de las comunicaciones de las máximas autoridades del Estado fue efectiva, descargó un volumen muy elevado de información y pasó desapercibida.

Si atendemos a la identidad de los afectados, podría concluirse que la información desvelada ayer hace que no sea posible hablar ya (o no solo) de Catalangate. El Gobierno de hecho insistió a este diario en que el origen de ambos espionajes es distinto. En todo caso es erróneo, o cuando menos insuficiente, poner en foco en quién es el espiado. Se necesitan explicaciones sobre lo sucedido con unos y con otros. Ni era disculpable sin más matices si los espiados eran los políticos independentistas vinculados al procés (o escandaloso solo por ello), ni pasa ahora a un nivel de gravedad cualitativamente distinto solo porque autoridades del Estado (también lo es el president Aragonès) pasen de sospechosos a víctimas. La sociedad necesita información sobre lo ocurrido.  

Pegasus: ¿cuántos jefes de Estado han denunciado haber sido espiados?

Las denuncias sobre todos los espionajes son tan graves que hay que dar respuestas y certezas a la sociedad

Más allá de la necesidad de identificar quién o quiénes están detrás de este escándalo de espionaje, cabe destacar que más importante que el quién, es el qué. A algunas de esas preguntas deberán dar respuesta Robles, este miércoles en la comisión de Defensa del Congreso, y la directora del CNI, Paz Esteban, cuando se convoque la de Secretos Oficiales. Aunque pesen severas limitaciones sobre qué información se podrá facilitar, y cuál podrá trascender o no sin incurrir en delito de revelación de secretos, la gravedad de lo acaecido requiere que ciertas explicaciones sean públicas. 

Hay que saber quién tiene acceso al sistema de intervención de comunicaciones. Hay que conocer no solo qué mecanismos de control hay sobre el papel sobre su utilización, cuándo se han aplicado y cómo (es evidente que así ha sido) se han sorteado. Hay que aclarar cuándo la descomunal irrupción en la intimidad personal se ha practicado estrictamente cuando existían indicios de actividades presuntamente delictivas y cuándo no, y si se ha espiado sin más fundamento que la orientación política de la víctima.

Las fechas de la intrusión en las comunicaciones de Sánchez y Robles coinciden con los momentos en que el Gobierno valoraba los indultos a los políticos independentistas. Pero también con el momento álgido de las tensiones con Marruecos. Así pues, los posibles responsables se multiplican. Sería grave, y mucho, que los servicios de un país extranjero tuvieran acceso a este nivel de información en plena crisis diplomática. No lo sería menos que las denominadas cloacas del Estado actúen de forma autónoma sin un fundamentado respaldo judicial. Si hubo espionaje con aval de algún juez, habrá que decirlo. Y por supuesto, el peor de los casos, que existan poderes dentro del Estado capaces de espiar a la ministra de Defensa y al presidente del Gobierno por un canal que no sea (en palabras del ministro Bolaños) «ilegal» y «externo», debería ser inimaginable.