El espionaje coincidió con los peores meses de crisis diplomática con Marruecos

El anuncio este lunes del Gobierno de que los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron atacados con el programa de espionaje 'Pegasus' supone una nueva vuelta de campana en los interminables vaivenes de la política española. La información de que sus móviles han sido intervenidos y se ha extraído información deja en segundo plano el escándalo vinculado al denominado 'Catalangate', la denuncia del independentismo de que, según la investigación de Citizen Lab, más de 60 de sus cargos han sido espiados. En los últimos días se ha sabido que el redactor de ese informe, Elies Campo Cid, tiene estrechos vínculos con el movimiento separatista catalán.

Ese dato no ha hecho ninguna mella en el conflicto político abierto entre el Gobierno y ERC, uno de sus socios parlamentarios más importantes, que el jueves pasado votó en contra del decreto anticrisis. El Ejecutivo, al margen de Robles, apenas ha apuntado a las debilidades de esa investigación, que corre el riesgo de quedar solapada con los ataques a los teléfonos de Sánchez y de Robles.

Aunque todo esto se ha conocido en apenas dos semanas y para el Gobierno podría suponer una tabla de salvación frente a los evites de ERC, los dos acontecimientos no tiene por qué estar relacionado. El Ejecutivo ha deslizado que el CNI investigó al independentismo en el marco del referéndum ilegal del 1-O, en octubre de 2017, y de los disturbios en Barcelona y el resto de Cataluña, dos años después, cuando se conoció la sentencia del 'procès'.

LA CRISIS CON MARRUECOS

No obstante, los momentos en que los móviles del presidente y de la ministra de Defensa fueron espiados -mayo y junio de 2021- coinciden con el peor momento de la crisis diplomática con Marruecos. El 17 de mayo cientos de inmigrantes llegaron a nado a Ceuta con el beneplácito de Rabat, en represalia porque España había acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. La propia embajadora en España,  Karima Benyaich, aseguró ese día que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias "y se tienen que asumir".

Un día después fue llamada a consultas y sólo ha regresado a Madrid, 10 meses más tarde, cuando el Gobierno ha apoyado de manera explícita el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. La falta de respaldo a esta propuesta, y no Ghali, siempre fue la base real del conflicto con Marruecos. La avalancha lanzada a las costas ceutíes podría considerarse como el primer gran acto de presión de Rabat para que el Ejecutivo entendiera la necesidad de dar un giro a su postura sobre el Sáhara y abandonar su histórica neutralidad.

EL ESPIONAJE A MACRON

Los teléfonos de los miembros del Ejecutivo han sido revisados a raíz del espionaje a cargos independentistas y tras certificar la intrusión con informes del Centro Criptológico Nacional (que depende del CNI) se ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional. Los primeros terminales en ser chequeados han sido los de Sánchez y Robles y el Gobierno apunta con "absoluta seguridad" a una "intervención externa", en referencia a que es ajena a organismos oficiales, en los que se requiere autorización judicial.

El diario francés 'Le Monde' y otros medios internacionales publicaron en julio de 2021 que el presidente de la República, Emmanuel Macron, y varios miembros del Ejecutivo galo, entre muchas otras personalidades habían sido espiados con el 'software' Pegasus. En la información se apuntaba a Marruecos y sus servicios secretos como el presunto autor de las intervenciones a los políticos franceses, aunque esto nunca ha tenido confirmación oficial.

Estas revelaciones fueron posible por la filtración de una lista de 50.000 números considerados como objetivos de los clientes de NSO Group, la empresa israelí que creó 'Pegasus'. Su difusión, a través del consorcio de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional puso de manifiesto que países como México, Hungría, Marruecos, la India, Arabia Saudí, Ruanda y Azerbaiyán habían usado este programa de vigilancia y extracción de datos.

En todo caso, no es habitual que un estado acuse a otro de espionaje, en ocasiones por la dificultad de poder probarlo. Pero, aunque pueda hacerlo esto supondría poner en jaque las relaciones diplomáticas que pueden ser estrechas y potencialmente necesarias. En España y en otros países existe la certeza de continuos ataques rusos a la ciberseguridad del Estado pero no se denuncian para no abrir un conflicto, al menos antes de la invasión a Ucrania.