Una "revolución silenciosa" en la cadena alimentaria

La política tiene mucho de inmediatez, y más en esta época en la que el tiempo se acelera de un modo vertiginoso.

Hay, sin duda, políticas de efectos inmediatos, como el programa de ayudas directas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), que son una importante red de seguridad para los agricultores en momentos de dificultad como los de ahora. Lo mismo cabe decir con los incentivos fiscales, los seguros agrarios o el sistema público de avales para la financiación de las inversiones.

Pero hay otras políticas que, por su propia naturaleza, no tienen efectos inmediatos, sino que sus resultados sólo se verán a medio y largo plazo. Son políticas, como la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo objetivo es remover los obstáculos de carácter estructural que afectan a un determinado sector, en este caso el agroalimentario.

El ejemplo francés

En Francia, a principios de los años 1960, el gobierno de entonces desarrolló políticas de gran calado con el objetivo de modernizar un sector agrario anquilosado.

Las primeras leyes de Orientación Agrícola (1960 y 1962) removieron los obstáculos estructurales que impedían la modernización de la agricultura francesa, impulsando el relevo generacional, el cese anticipado, los bancos de tierras, los servicios de extensión agraria, las interprofesiones, la investigación y la transferencia…

Fue una revolución en toda regla, pero sin algaradas, "silenciosa" (en expresión afortunada de Michel Debatisse, dirigente entonces del sindicato de jóvenes agricultores CNJA). Una revolución cuyos efectos de medio y largo plazo convirtieron a la agricultura francesa en la potencia mundial que es hoy, inspirando además muchas de las orientaciones de la Política Agraria Común europea.

Fue además una política que introdujo en el sector agroalimentario de ese país una cultura de cooperación entre los distintos componentes de la cadena alimentaria (producción, industrias y distribución) y una dinámica de estrecha colaboración con los poderes públicos (la llamada política de "cogestión"). Esa cultura de concertación interna y externa se ha mantenido hasta hoy, siendo uno de los grandes valores intangibles de la política agraria y alimentaria en Francia. 

La nueva Ley de la Cadena Alimentaria

Viene esta reflexión a cuento de la recién aprobada Ley de la Cadena Alimentaria, una política dirigida a mejorar el funcionamiento del sector agroalimentario en su conjunto, equilibrando las relaciones entre sus distintos componentes. Es, sin duda, una ley necesaria e imprescindible.

Y lo es no sólo por los efectos directos e inmediatos que pueda tener, y que tendrá (por ejemplo, en materia de contratos agrarios). También lo es porque puede introducir un cambio cultural en la cadena alimentaria, generando una dinámica de cooperación dentro de ella en pro de un interés general para el conjunto del sector. En este sentido puede verse en esta Ley el germen de una revolución “silenciosa” que sustituya el conflicto por la concertación dentro de la cadena alimentaria. Ese es su principal valor.

No es una ingenuidad pensar que esto sea posible. Sólo es necesario dar tiempo a que se pueda desarrollar todo el potencial que la Ley encierra; creer que es un instrumento necesario; apostar por ella y facilitar su aplicación. Es una tarea de todo el sector agroalimentario complementando la acción de un gobierno que ha cumplido con el compromiso de modificar el marco legal que regulaba el funcionamiento de la cadena alimentaria.

A partir de ahora, le corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) desarrollarla con las acciones correspondientes. Pero es el sector en su conjunto el que debe asumir el protagonismo, llenando de vigor los nuevos instrumentos de gobernanza que pone la Ley en marcha y velando por su correcta aplicación.

En una economía de mercado como la nuestra, el margen de intervención de los poderes públicos es muy limitado para equilibrar las inevitables distorsiones que se producen dentro del sector agroalimentario. Por eso, las limitaciones de un instrumento como el de la nueva Ley son evidentes, pero puede dinamizar las relaciones entre los componentes de la cadena alimentaria, aunque sea de éstos la responsabilidad de que funcione de manera eficiente.

Gobernanza y cooperación en el sector agroalimentario

Para ello, es necesario que los grupos que forman el sector agroalimentario lo vean más como un "puente" que como una "cadena": un puente en el que todos sus pilares tienen que ser sólidos, ya que basta con que uno de ellos tenga problemas para que el sector no funcione y el puente corra el riesgo de derrumbarse.

Los problemas del eslabón más débil (el de la producción) tienen que ser percibidos como problemas del conjunto del sector y no sólo de los agricultores. Le corresponde a los demás componentes (industrias y distribución, sobre todo, pero también a los consumidores) ser receptivos a la grave situación por la que pasan actualmente muchos subsectores agrícolas y ganaderos, si todos quieren que funcione la cadena alimentaria con la eficacia demostrada durante el periodo de pandemia. Recordemos que, de la producción, depende el suministro de materias primas alimentarias al sector industrial, siendo además la garantía de que los supermercados estén abastecidos.

Una buena gobernanza del sector agroalimentario consiste, por tanto, en gestionar de forma concertada los problemas de todo el sector, sacrificando si es necesario parte de los intereses particulares en aras del interés general de la cadena alimentaria. Sólo así podrán salir ganando todos (en un juego win-win).

Por ejemplo, en las circunstancias actuales, una subida, por pequeña que sea, del precio que la industria o la distribución le abona al agricultor y ganadero por un determinado producto (y que no tiene por qué repercutir en el consumidor), puede tener un efecto multiplicador. Y esto no sólo en términos económicos, sino también simbólicos. Además de mejorar la remuneración de la actividad agraria, esa subida significaría también trasladar a la sociedad la idea de que el conjunto de la cadena funciona de forma solidaria, y de que las empresas de la industria y la distribución ejercen de forma real y efectiva su responsabilidad social corporativa.

La Ley de la Cadena Alimentaria no puede intervenir en los precios ni interferir en el mercado, pero puede contribuir a impulsar la cultura de la cooperación dentro del sector agroalimentario, y sea por ello bienvenida. No obstante, será responsabilidad de todos los que componen la cadena alimentaria que el nuevo marco legal tenga efectos positivos. De ellos dependerá que la revolución “silenciosa” que ahora se inicia con esta Ley dé como fruto un sector agroalimentario más competitivo y más sostenible, tanto en términos económicos, como sociales y ambientales.