IGUALDAD

El Gobierno destinará casi 40 millones para las políticas contra la violencia de género y en favor de la igualdad

La mitad del presupuesto está dirigido al desarrollo de programas que faciliten la conciliación de familias con menores de 16 años a cargo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (d).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (d). / EFE / Borja Sánchez Trillo

Elena Marín

Elena Marín

El Ministerio de Igualdad destinará a la Comunidad de Madrid un presupuesto de 39 millones de euros para poner en marcha políticas contra la violencia de género y otras que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres. La cuantía se ha determinado en la primera conferencia sectorial que ha liderado la actual ministra del ramo, Ana Redondo. En el encuentro, en el que han participado todas las comunidades autónomas, se ha acordado la distribución de un total de 350 millones entre todos los territorios, de los cuales 150 son para iniciativas contra las violencias machistas y 190 para conciliación.

En Madrid las políticas contra la violencia de género llevan tiempo siendo polémicas. Aun cuando el PP sigue siendo firmante del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, su renovación está pendiente de estudio en una subcomisión en el Congreso de los Diputados, que tiene de plazo hasta finales de año para llegar a un consenso sobre cómo profundizar y avanzar en él. Vox se mostró contrario a este futuro nuevo pacto y en la Comunidad de Madrid ha hecho notar siempre su desacuerdo con este tipo de políticas. Pero las polémicas han llegado en los últimos años precisamente por la ejecución del presupuesto en esta materia.

Tanto Más Madrid como PSOE denunciaron en la pasada legislatura que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no gastó parte del dinero destinado a estas medidas en contra de la violencia de género, en concreto, algunas partidas destinas a los juzgados de violencia sobre la mujer, o que en los últimos presupuestos se ha reducido el presupuesto dedicado a este asunto o la promoción de igualdad de oportunidades. En el primer caso, el Ejecutivo regional argumentó en su momento que los servicios se cubrían sin necesidad de gastar un dinero que quedaba en reserva para situaciones extraordinarias, y en el segundo, que la partida destinada a estas cuestiones se encuentra disperso en distintas áreas del proyecto de presupuestos.

Distribución del presupuesto

Los casi 40 millones que el Ministerio de Igualdad tiene previsto destinar ahora a la Comunidad de Madrid se dividen en 3 partidas distintas. Por un lado, 15 millones son para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es decir, financiar programas en esta materia que deben ser promovidos por las comunidades autónomas a lo largo de 2024.

Por otro, casi la mitad de esa cuantía total destinada a Madrid, 21,8 millones de euros, serán para el desarrollo autonómico del Plan Corresponsables de este 2024. Aquí se incluyen las iniciativas que deben servir para abordar los cuidados como un derecho a través delas medidas que faciliten conciliación de las familias con menores de hasta 16 años mediante la puesta en marcha de servicios de cuidado personal; la creación de empleo de calidad en este sector de los cuidados de menores que vaya acompañado mediante un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia informal y no profesional; y por último, la sensibilización y formación, "especialmente a los hombres, en materia de corresponsabilidad y cuidados, con el fin de impulsar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias".

Los 2,1 millones de euros restantes se invertirán, según el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para financiar cuatro programas a lo largo de 2024 "para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad; programas para la implementación de la propuesta común de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género; financiar programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales y programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas".