El fiscal general cuestiona la imparcialidad de cuatro magistrados del Supremo que deben revisar su nombramiento

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya destitución será instada este miércoles desde la mayoría que ostenta el PP en el Senado, considera que los magistrados del Tribunal Supremo que han resuelto ya por dos veces en contra de su política de nombramientos -anulando las decisiones que elevaron a la cúpula fiscal a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado-- no son lo suficientemente imparciales para revisar otro recurso pendiente en contra de su propia designación. Por ello ha recusado a cuatro de los miembros de esta Sala, según ha adelantado El Independiente y ha confirmado este diario.

Las fuentes consultadas señalan que las recusaciones se presentaron hace unos diez días, después de que el pasado 11 de abril la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) hubiera formulado demanda contra el acuerdo del Consejo de Ministros que confirmó su permanencia al frente de la Fiscalía General del Estado. Actúa a título personal, sin acudir a la Abogacía del Estado que es la que habitualmente defiende los asuntos de los miembros de la carrera fiscal ante los tribunales.

García Ortiz considera que la sentencia del pasado mes de diciembre, en la que se le acusa de "desviación de poder" con respecto al ascenso de Delgado a la cúpula de la Fiscalía -como fiscal de Sala togada en el Supremo- puede influir en la decisión que esos mismos magistrados deben adoptar ahora sobre su propio nombramiento por el Gobierno, confirmado tras la llegada al ministerio de Justicia de Félix Bolaños. La petición se presentó antes de que la misma Sala anulara este martes el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

Los magistrados que apuntaron su "desviación de poder" fueron Pablo Lucas, Luis María Díez -Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Celsa Pico, si bien esta última fue sustituida en la decisión adoptada este martes contra Delgado por la progresista Pilar Teso. Por ello las recusaciones se dirigen contra los cuatro primeros.

Reunión de la Sala del 61

En fuentes del alto tribunal se señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que serán previsiblemente todos ellos los encargados de resolver sobre el recurso de la APIF contra su nombramiento, aunque aún no se ha dictado ninguna resolución sobre este asunto en el que éstos figuren. Las recusaciones obligarán a reunir a la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, denominada así por el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que la regula. Esta está compuesta por el presidente del alto tribunal, los cinco presidentes de Sal y los magistrados más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

Con respecto a la demanda de APIF, pivota sobre la falta de idoneidad de García Ortiz para el desempeño del cargo que se acredita, según los demandantes, en la reiterada "sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves" que culminaron con la anulación por el propio alto tribunal del ascenso a la cúpula fiscal que García Ortiz propició para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado.

La formalización de este recurso, anunciado el pasado mes de febrero, coincide con el anuncio por parte del Gobierno de su interés por impulsar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pondrá en manos de los fiscales la instrucción de los delitos. Desde esta asociación consideran que dicha reforma llega en mal momento y reclaman una reforma del Estatuto Orgánico de la carrera que garantice la independencia de los fiscales.

Los demandantes también apuntan a otros nombramientos de García Ortiz que han sido cuestionados y a la querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la pareja de la presidenta Isabel Díaz ayuso "contra unos fiscales que, según se informa en los medios de comunicación, actuaron por instrucciones del propio fiscal general" en perjuicio de este particular al revelar datos de un posible pacto en una nota de prensa. Precisamente este martes se admitió a trámite dicha querella por revelación de secretos contra dos concretos miembros de la Fiscalía de Madrid, lo que ahonda en la polémica por las decisiones de García Ortiz, quien asumió personalmente la responsabilidad sobre el contenido de dicha nota.

"La línea abiertamente progubernamental del fiscal general de Estado en el ejercicio de sus funciones se trata de reflejar en el recurso", según señalan desde APIF, que incluyen en su demanda otros incidentes como expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente, quejas de miembros de la carrera por sus silencios ante ataques abiertos a jueces y fiscales" o la negativa a tratar en el Consejo Fiscal el proyecto de ley de amnistía.