La Fiscalía Europea impone una fianza de 2,6 millones a una trama que cobró de forma irregular 673.000 euros en ayudas agrarias

La Fiscalía Europea dictó el pasado 3 de mayo un decreto en el que imponía una fianza de de 2.692.961 euros a un empresario imputado por fraude de subvenciones de la Unión Europea (UE). La caución, que resulta de la suma de la multa (1.346.480 euros) con las responsabilidades civiles, busca asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se puedan acordar si es finalmente condenado.

Unos días después, el 22 de mayo, la Fiscalía con sede en Bruselas firmó un segundo decreto en el que se requería a varios investigados, que formarían parte de una trama que cobraba de forma irregular ayudas agrarias, para que, "una vez decretadas la adopción de medidas cautelares reales sobre los bienes [...], en el plazo de diez días presten fianza en legal forma" por el importe requerido. Tanto el juez de garantías como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyeron que ambos decretos eran ajustados a derecho.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial presentó el 7 de marzo un informe en el que analizaba las cuentas bancarias de los integrantes de la trama, en el que se concluía que estos habían ingresado de forma directa al menos 199.906 euros. A esta suma hay que sumar otros importes indirectos (460.406 euros), lo que supone un total de 673.240 euros. Este dinero lo cobraron los investigados "utilizando información privilegiada (a través de identidades falsas y chequeo de parcelas, testando las mismas para que no se dupliquen con otras solicitudes)", dicen los agentes.

Con estos datos confidenciales, los imputados procedían a mantener contactos con terceras personas para ofertar, en calidad de intermediarios, las parcelas con las que solicitaron ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por valor de 369.958,36 euros.

Cuentas bloqueadas

La Fiscalía Europea decretó el bloqueo de las cuentas bancarias de los investigados y las personas jurídicas por su presunta participación en esta trama. El Ministerio Fiscal pretende con estas medidas impedir que la organización pueda seguir utilizando las cuentas, a través de las cuales se han venido realizando "multitud de operaciones que han facilitado o ha resultado el medio para llevar a cabo las distintas transacciones necesarias en las que se ha materializado la comisión de los delitos objeto de la presente investigación", indica el Ministerio Público con sede en Bruselas.

La congelación de las cuentas también pretende impedir que los investigados puedan hacer uso de los saldos provenientes de la actividad delictiva; al mismo tiempo que se quiere evitar que se puedan distraer los bienes muebles e inmuebles, "pues hay indicios de que proceden de la actividad delictiva investigada". Además, quieren asegurar el pago de "las eventuales sanciones pecuniarias, multas y el pago de la responsabilidad civil que pudiese declararse", completa la Fiscalía Europea en su decreto, que destaca que también buscan asegurar el futuro decomiso de los bienes.

"En este caso, dada la gravedad del delito y la necesidad de la adopción de la medida, se entiende que el juicio de ponderación está suficientemente justificado. Todo lo expuesto es igualmente predicable, en particular en lo relativo a las cuentas bancarias, respecto de la forma de ejecución de la medida de bloqueo de tales cuentas", justifica la Fiscalía Europea.

Un informe patrimonial aportado a la causa el 10 de abril de 2023 incluye entre los beneficios de la organización, compuesta por al menos tres personas, los bienes muebles, inmuebles, cuentas y activos financieros de las entidades Agrícola Los Hongares, S.L., Agrogestión la Huerta, S.L., Ingeniería Agroambiental del Levante, S.L., Obras y Servicios Liseco, S.L., Viveros Albapistachos, S.L.

Y por eso el 21 de abril de 2023 la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ciudad Real solicitó la entrada y registro de los domicilios de los investigados y sus empresas. El "lucro ilícito" se cuantificó en 212.833 euros por la obtención de subvenciones del fondo europeo PAC y de la obtención de dinero de terceras personas por alquiler de recintos sin ser titulares de los mismos ni tener ningún documento al respecto para la realización de cualquier actividad. El 19 de mayo de 2023 un perito de la Intervención General del Estado (IGAE) confirmó en un informe "los indicios existentes".

Empresaria imputada

En esta causa ha sido citada como investigada para el 14 de julio una empresaria de Ciudad Real, cuyas cuentas bancarias han sido bloqueadas por su supuesta participación “en la obtención presuntamente fraudulenta de subvenciones de la Unión Europea procedentes de fondos de la Política Agraria Común (PAC)”, especifica un auto de 19 de junio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Siendo cierto que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado expresa que no consta que la recurrente o la mencionada sociedad hayan solicitado ninguna ayuda de la PAC y que lo mismo se señala en el informe de 20 de abril de 2023, de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Ciudad Real, del examen del conjunto de dichos particulares se desprende que lo que se atribuye a la recurrente no es una participación directa en la solicitud de las ayudas, sino en alguna otra de las actividades dirigidas a su obtención", relata la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En el auto se reseña también que la empresaria habría participado en los hechos bajo sospecha a través de compañías en las que su propio marido, también investigado, es socio o administrador. En concreto se alude a la firma Pistachos La Hoya SL. Además, un informe patrimonial de la Guardia Civil, de fecha 10 de abril de 2023, especifica que una de sus cuentas bancarias recibió abonos por importe de 443.324 euros. A la vez fue objeto de cargos por un total de 302.011 euros.

El mismo dosier policial revela que otra cuenta de la empresaria recibió transferencias realizadas por otro investigado, e inmediatamente después estos fondos fueron objeto de cargos a favor de terceras personas. "Y, como señala el Ministerio Fiscal, las investigaciones aportan indicios de la utilización de direcciones IP de la recurrente para el chequeo, mediante una identidad aparentemente falsa, de parcelas para las cuales no se hubiesen efectuado solicitudes en ejercicios anteriores", completa la resolución judicial.

Desde Murcia

Por su parte, El Confidencial informó de que la Fiscalía Europea había abierto una investigación por un presunto fraude cometido por una supuesta organización dirigida por un funcionario de la Región de Murcia. La Fiscalía y la Guardia Civil calculan que en los hechos están implicadas medio centenar de agricultores y 22 empresas.

Los responsables, con base en Murcia, operaban además en Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid. Los cabecillas facilitaban facturas ficticias a sus 'clientes' para que las adjuntaran a las peticiones de subvención. También se ha descubierto que los miembros de la organización simulaban ser los arrendatarios de las fincas, falsificando contratos de arrendamiento.