La dura ley migratoria reactiva la Francia de izquierdas

Tras unos últimos meses de desmovilización de la Francia de izquierdas —dividida por la guerra de Gaza—, las calles del país vecino se han llenado de nuevo este domingo. Decenas de miles de personas se han manifestado este domingo en el conjunto del territorio en contra de la dura ley migratoria, impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron y aprobada el 19 de diciembre gracias a los votos de la ultraderecha.

Las protestas han sido convocadas tras un manifiesto publicado en los diarios progresistas Mediapart y L'Humanité y firmado por 201 personalidades, como dirigentes políticos y sindicales, actores como Marina Foïs o escritores como Laurent Binet o Lydie Salvayre. Han tenido lugar cuatro días antes de que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre la polémica legislación.

"En este texto, vemos claramente en algunas medidas, sobre todo aquellas relacionadas con la concesión de ayudas sociales, la presencia de la noción de la preferencia nacional (una de las principales reivindicaciones de la ultraderecha)", ha denunciado Jacques Toubon, ex ministro conservador y ex Defensor del Pueblo, desde las primeras filas de la manifestación en París, donde han participado unas 25.000 personas.

Además del cortejo en la capital, que ha transcurrido bajo un ambiente festivo por una zona cercana a la Torre Eiffel, ha habido protestas en otras 150 localidades. Entre 150.000 personas, según los organizadores, y 75.000, según el Ministerio del Interior, se han manifestado para pedir la retirada de la conocida como ley Darmanin (apellido del ministro del Interior).

Antes de la sentencia del Constitucional

Impulsada inicialmente con el objetivo de facilitar las expulsiones de las personas migrantes en situación irregular y de aquellos extranjeros que cometen delitos graves, la ley Darmanin se convirtió en uno de los textos migratorios más duros en las últimas décadas en Francia tras una folletinesca negociación entre el macronismo y la derecha republicana, con unos postulados radicalizados sobre esta cuestión. Finalmente, endureció las condiciones para los extranjeros para pedir ayudas sociales, reintrodujo el delito de estancia irregular, estableció la retirada de la nacionalidad francesa para los binacionales que maten a un policía o incluso impuso una especie de fianza para los estudiantes de países de fuera de la Unión Europea.

Tras su aprobación en la Asamblea Nacional y el Senado, la entonces primera ministra, Élisabeth Borne, reconoció que algunas de esas medidas podían ser inconstitucionales. El equivalente galo del Tribunal Constitucional se pronunciará el jueves sobre la legislación.

"No debe ser el Constitucional el que retoque el texto. No me parece normal que los diputados votaran una legislación sabiendo que podía ser inconstitucional", ha lamentado en declaraciones a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, Arthur M., de 22 años, un estudiante en Comunicación y miembro de una asociación estudiantil de ayuda a personas refugiadas y sintecho. "Si el Constitucional retoca mucho la ley, quizás Macron no la terminará promulgando", afirmó, con un punto de vista algo naíf, Emmanuelle, de 55 años, una editora que acudió a la manifestación parisina con su madre y su hija.

Aunque las protestas de este domingo difícilmente influirán en la voluntad del presidente de sacar adelante el texto, sí que matizan la idea de que la sociedad francesa se ha derechizado tanto que respalda con unanimidad la dura ley Darmanin.