El limbo legal de los migrantes del clima

Hace tiempo que el cambio climático

dejó de ser un concepto abstracto y sus efectos no se pueden negar: lluvias inusualmente fuertes, sequías prolongadas, desertificación, degradación ambiental, grandes incendios, ciclones y aumento del nivel del mar. La crisis climática no sólo está destruyendo el planeta; también está forzando a millones de personas a huir de sus lugares de origen al ser inhabitables a causa de desastres naturales y por el impacto del cambio climático. Son los migrantes del clima.

El pasado mes, la tormenta Daniel ocasionó más de 11.000 muertos y más de 40.000 desplazados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM por sus siglas en inglés) tras su paso por Libia. En marzo de 2019, el ciclón tropical Idai dejó un millar de muertos, cientos de desaparecidos y cerca de tres millones de personas en situación de emergencia en Mozambique, Zimbabue y Malawi, mientras que en 2013, unas 6.300 personas murieron como consecuencia del supertifón Haiyan en Filipinas. Marga González Varela, portavoz de Amnistía Internacional (AI) Galicia apunta que, según el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), 20,8 millones de personas de promedio fueron desplazadas internamente cada año entre 2008 y 2018 por fenómenos relacionados con el clima.

Se calcula que en estos momentos hay 64 millones de personas desplazadas por el clima y el Instituto de Economía y Paz prevé que en 2050 esta cifra se dispare hasta los 1.200 millones. A pesar de la condición forzosa de estas migraciones, estos desplazados no están reconocidos como refugiados ni en la Convención de Ginebra ni en el Estatuto Internacional del Refugiado. Su situación está en un limbo legislativo.

“Jurídicamente no tienen un reconocimiento como refugiados, como sí lo tienen quienes tienen que abandonar su país por conflictos bélicos y persecuciones. Los refugiados del clima son uno de los retos del siglo XXI al que las ONG que trabajan en las zonas afectadas ya se están enfrentando porque, efectivamente, los efectos del cambio climático hacen que millones de personas se vean forzadas a migrar cada año. Por ello, el reconocimiento como refugiados sería un paso importante”, opina Susana Fernández, delegada de Movimiento por la Paz en Galicia.

El informe 'Huir del clima. Cómo influye la crisis climática en las migraciones humanas', elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEMAR) y Greenpeace, pone de manifiesto, entre otras cuestiones, la desprotección a la que se enfrentan las personas que se ven forzadas a emigrar por razones climáticas debido a la inexistencia de leyes que las reconozcan y protejan, y reclama el establecimiento de vías migratorias legales y seguras, y el reconocimiento de su condición de refugiadas.

AI prefiere, sin embargo, hablar de desplazados, por esa falta de reconocimiento internacional y porque esta ONG tampoco diferencia otras categorías de refugiados. “Abogamos por que cada persona que ha huido de su país de origen y busca protección internacional tenga su caso examinado de forma individual a través de procedimientos justos y eficaces”, puntualiza González.

Hecha esta puntualización, la representante de IA Galicia entiende que las migraciones por el clima representan un desafío que requiere de una serie de medidas, entre éstas, enmarcar el cambio climático y la protección ambiental como cuestiones de derechos humanos; conseguir un movimiento de masas en defensa de la protección ambiental; llamar a los Estados a actuar frente al cambio climático, y hacer uso de mecanismos de rendición de cuentas y reparación en cuestiones ambientales.

“El Gobierno español tendría que adoptar las recomendaciones que hacemos a los Estados para proteger a las personas desplazadas por el cambio climático. Además, podría estudiar ampliar la residencia por razones humanitarias por este supuesto en la

Ley de Extranjería

”, expone.

Según González, aunque son las naciones más ricas las principales emisoras de gases de CO2, la crisis climática afecta desproporcionadamente a los ciudadanos de los países en desarrollo, especialmente de los pequeños estados insulares, debido no sólo a su exposición a desastres relacionados con el clima, sino también a factores políticos y socioeconómicos subyacentes que amplifican los impactos de esos acontecimientos. Y dentro de estas poblaciones, hay colectivos especialmente vulnerables.

“Las mujeres tienen funciones y empleos que las hacen más dependientes de los recursos naturales y, por tanto, más expuestas a impactos climáticos. Los pueblos indígenas dependen en gran medida del entorno natural para su sustento, vivienda, medicinas e identidad cultural, y dado que a menudo viven en áreas propensas a desastres relacionados con el clima debido a una historia de expropiación y desalojos forzosos, se encuentran entre los grupos que sufren la mayor parte de los impactos climáticos”, afirma.