La ultraderecha de Chile quiere barrer el derecho al aborto y desentenderse del cambio climático de la nueva Constitución

 "Van a encontrar un pueblo firme para decir que no", dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante el acto que dejó inaugurado el ciclo de conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado, el próximo 11 de setiembre. No hacía referencia a las controversias persistentes sobre aquella tragedia, intensificadas por la revalorización del dictador Augusto Pinochet, sino a la hoja de ruta que han comenzado a diseñar la ultraderecha y la derecha de cara al futuro de ese país. Ese horizonte de refundación, con implicancias en la agenda ambiental, no solo se insinúa en el Consejo Constitucional, donde los sectores más conservadores cuentan con mayoría. Algunos dirigentes prometen un Chile muy distinto al presente, como si José Antonio Kast, el líder del espacio más radical, Republicanos, ya hubiera ganado las elecciones de 2025. El tema del aborto ya figura como obsesión. Boric no hizo más que sumarse a las voces de rechazo y advertencia. "Existe esa pulsión de querer tener una Constitución de vencedores", había dicho antes el académico Javier Couso.

Republicanos cuenta con 22 de los 50 escaños en el órgano encargado de redactar la próxima Carta Magna, donde la izquierda carece de poder de veto como consecuencia de los desastrosos resultados electorales del pasado 7 de mayo. Más de un actual consejero constitucional que dijo sentir nostalgia de los años de Pinochet se opuso en su momento a la convención que elaboró un texto de marcado corte progresista reivindicando la matriz institucional heredada de la última dictadura militar (1973-90). Aquella propuesta fue rechazada en las urnas en septiembre de 2022 y la ultraderecha se siente desde entonces con las manos libres para forjar, con sus aliados, una Constitución a imagen y semejanza. Días atrás ha decidido que no tendrá lugar una consulta Indígena sobre la Carta Magna. La decisión, han advertido algunos analistas, arroja interrogantes sobre la legalidad y legitimidad del actual proceso constitucional y puede complicar su aprobación final, mediante una nueva consulta, el 17 de diciembre.

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La cuestión ambiental

De acuerdo con la ambientalista Carolina Palma Correa, existen motivos para preocuparse ante la "escasa visión de futuro" sobre el tema ecológico que muestran las fuerzas que dominan el Consejo Constitucional. Las enmiendas que ha presentado el partido Republicano al anteproyecto del texto que fue elaborado por expertos "son un potencial retroceso en los escasos avances de las últimas décadas en esta materia, extremando nuestra vulnerabilidad frente a la crisis climática", ya que buscan "condicionar la protección ambiental y la sostenibilidad al crecimiento económico del país, como si la vida de las personas estuviera por debajo de las ganancias económicas".

Palma Correa recordó en un artículo publicado en El Desconcierto que ese criterio se da de bruces con las preocupaciones de la mayoría de la sociedad. Una encuesta realizada por DataVoz en colaboración con ONG FIMA ha dado cuenta de que un 71,8% de los chilenos considera que los problemas asociados al cambio climático afectan a su calidad de vida. Entre los problemas que reclaman urgencia se encuentran la escasez de agua y la contaminación atmosférica en las ciudades.

La ley de las tres causales

La reacción de Boric fue en particular motivada por el diputado de Republicanos, Arturo Squella, quien dijo días atrás que "cuando seamos mayoría en el Congreso", como resultado de las elecciones del año venidero, la ultraderecha buscará la anulación de la ley que permite la interrupción del embarazo por la inviabilidad del feto, el riesgo de vida de la madre o si el embarazo fue producto de una violación. La llamada "ley de las tres causales" tiene seis años de vigencia y, para la formación de Squella "atenta contra la vida". Boric no se demoró en responderle: "hay alguno que incluso que plantea abiertamente que quiere hacer retroceder el derecho a elegir de las mujeres sobre su propio cuerpo, en lo que hemos avanzado gracias a los movimientos feministas".

La Carta Magna que fue derrotada en las urnas en septiembre pasado tenía propuestas más avanzadas que la ley de "las tres causales". Consagraba el derecho constitucional al aborto. El peligro, han advertido más de 200 organizaciones, es volver a la situación anterior a 2017, y por eso suscribieron una carta de repudio a las expresiones de Squella. "Esta ley ha sido un avance significativo en materia de salud y autonomía reproductiva. Negarla atentaría contra los derechos fundamentales de las mujeres, las niñas y personas gestantes". Ese eventual retroceso, colocaría a Chile "nuevamente en una lista reducida de países que penalizan el aborto en todas las circunstancias".

La socióloga Claudia Dides sostuvo que el Partido Republicano "pone en duda la violencia sexual contra las mujeres y eso me parece un acto inhumano". En una columna publicada en El Mostrador señaló que si se imponen las ideas de la ultraderecha en el Consejo Constitucional no quedará otra alternativa que rechazar el texto a través del voto.

Encuestas contradictorias

De acuerdo con un reciente sondeo del Centro de Asuntos Públicos (CEP), un 49% de los chilenos se muestra a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, casi 15 puntos más que en 1999. Las fuerzas conservadoras interpelan a la "otra mitad" del país con una agenda que, estiman, es posible llevar por primera vez adelante a través del voto y no de las armas. La propia encuesta del CEP coloca a la ultraderecha como el partido con el que más se identifica la población. "Sigamos trabajando con humildad, compromiso y responsabilidad para seguir interpretando el sentido común de la mayoría de los chilenos", dijo al respecto Kast.