'CASO GHALI'

La Justicia rechaza que la exministra Laya prevaricara en una decisión de política exterior

  • Confirma que su entrada "de forma sigilosa" en España es una decisión que compete a las "relaciones exteriores" y desestima toda la instrucción del juez al asegurar que "no hay indicios" de que se intentará ocultar su presencia a la Audiencia Nacional

Arancha Gonzalez Laya durante su etapa de ministra de Exteriores

Arancha Gonzalez Laya durante su etapa de ministra de Exteriores / EFE/Kiko Huesca

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La Audiencia Provincial de Zaragoza ha sobreseído las acusaciones de posible prevaricación contra la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España, y ha tumbado así toda la investigación al no apoyar ni una sola de las tesis del juez. Carpetazo absoluto a toda la instrucción del magistrado Rafael Lasala, del juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, que ha pasado meses defendiendo que la llegada de Ghali fue discreta y no se le requirió la documentación porque el Gobierno pretendía ocultar que se encontraba en nuestro país para eludir la acción de la Audiencia Nacional, donde el líder polisario tenía causas abiertas.

Éste es el razonamiento que Lasala ha mantenido durante casi un año, después de abrir sus pesquisas por la denuncia de un particular, el abogado Antonio Urdiales, que se consideró afectado por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Marruecos, provocadas por la atención a Ghali. La instrucción se centró en dos aspectos, la aplicación irregular del régimen de entrada en territorio nacional porque se evitó que el dirigente saharahui, que llegó en camilla, y sus acompañantes pasaran por el control de fronteras, y la pretendida prevaricación por no comunicar a la Audiencia Nacional su presencia en España, de la que el juez ya había eximido al ex jefe del gabinete de la entonces ministra, Camilo Villarino, pero que mantenía vigente para Laya.

La Audiencia Provincial ha corregido el criterio de Lasala porque aunque "es innegable" que la exministra "era conocedora" de la intención de que Ghali fuera tratado en España "y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona". Los argumentos del juez contra Laya, en el auto que ahora ha sido enmendado por el tribunal y donde sí aceptó retirar todas las acusaciones contra Villarino -encubrimiento, falsedad documental y prevaricación- ya eran muy endebles y él mismo reconocía que su idea de que la ex ministra sabía que Ghali tenía una orden de localización por parte de la Audiencia Nacional se basaba en su "proceso deductivo: no le cabía en la cabeza que pudiera haberse enterado cuando lo publicaron los medios de comunicación.

LASALA YA RECTIFICÓ EN MARZO

La investigación de Lasala dio un giro de 180 grados en marzo pasado. Ya no veía ni encubrimiento ni falsedad documental en la llegada de Ghali y la prevaricación sólo en el caso de Laya. Por primera vez asumía el razonamiento del Gobierno para permitir que el líder polisario, enfermo de covid, fuera atendido en nuestro país, tras pedirlo directamente Argelia. Reconocía que "por el momento no se ha conseguido indicio alguno" de que la ex ministra o Villarino "participaran en la falsificación de un documento de identificación personal" o "en su presentación" en el hospital de Logroño (La Rioja). Y tampoco, prosigue, "cabe hablar de encubrimiento" de los delitos por los que se investigaba a Ghali en dos causas distintas en la Audiencia Nacional, una de ellas ya sobreseída.

Incluso admitía que la discreción impuesta a su llegada (Exteriores no lo hizo público) se produjo "para no contrariar los intereses de un país vecino, que consideraba abiertamente hostil a Brahim Ghali", en alusión a Marruecos. Y que todas las gestiones realizadas, también la petición a las autoridades de Defensa de no requerirle el pasaporte, "reflejan la buena voluntad de quien decide ayudar al enfermo y a una actitud humanamente irrepochable". Como se hizo de este modo, "para no ofender a terceros países, valoraba Lasala en el auto de hace dos meses que enmendó todo su trabajo previo, que tras "la cuestión humanitaria" entra en juego "la valoración diplomática" que es, dice, "inobjetable penalmente". "El Gobierno tan sólo responde política y socialmente de sus aciertos o de sus equivocaciones".

Esto, en contra de lo que en su recurso sostenía la única defensa activa en el caso, la de Urdiales, lo ha refrendado también la Audiencia de Zaragoza. La decisión de permitir la entrada de Ghali "de forma sigilosa para no afectar nuestra relación con otros países, forma parte de las relaciones exteriores". "Lo acertado o no de dicha decisión y las consecuencias de ella derivadas (en referencia a la crisis con Marruecos) podrá ser objeto de crítica" pero, señala el tribunal, "es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación".

LA SOMBRA DE MARRUECOS

Con esta decisión de la Audiencia Provincial de sobreseer los cargos contra Laya la investigación queda totalmente liquidada. Resulta muy curioso que el cambio de actitud del juez, tras meses de pesquisas, se produjera justo una semana antes de que se conociera el apoyo de España al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental, que puso fin al conflicto diplomático con el reino alauí. Pero fue exactamente en ese momento cuando comenzó a asumir los argumentos de los dos imputados que durante toda la causa había ignorado. De hecho, justificaba que si España no avisó al resto de países del Acuerdo de Shengen de la llegada de Ghali -no tenía que hacerlo porque no existía ninguna orden de busca y captura contra él- era porque había pretensión de esconderlo ante la Audiencia Nacional.

El curso de este sumario ha resultado muy extraño, tanto por la actuación de Lasala como de las acusaciones populares. A Urdiales se unió más tarde otra acusación, representada por el ex diputado del PP, Juan Vicente Pérez Aras, y Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, un empresario marroquí afincado desde la infancia en España pero que mantiene una fuerte ligazón con el Gobierno del reino alauí. Andaloussi Ouriaghli aspira a presidir la Cámara de Comercio de Marruecos en España y, según fuentes conocedoras, actúa ya prácticamente como el encargado de comercio de Rabat en nuestro país. Ya habían intentado personarse en un juzgado de Logroño pero esas pesquisas se cerraron muy rápido y se adhirieron a las del juez Lasala en Zaragoza. Fueron también parte en la Audiencia Nacional en un sumario contra el líder del Frente Polisario.

Pero justo después de que España pusiera fin a la crisis diplomática con Marruecos, con su giro sobre el Sáhara Occidental y el apoyo al plan de autonomía del reino alauí, esta acusación se desactivó y no llegó ni a recurrir el archivo de la causa contra el ex jefe de gabinete de Exteriores. Y sólo cuando lo hizo público EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se sumó al escrito de la otra acusación. Ahora la Audiencia Provincial ha liquidado en la práctica cualquier duda legal sobre cómo se produjo la entrada de Ghali. España atraviesa ahora por una etapa de buenas relaciones con el reino alauí.

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