Los reproches del Consejo Económico y Social al Gobierno por la incapacidad por reglas dolorosas

Avanza la tramitación de la reforma de la ley del aborto planteada por el Gobierno. El anteproyecto de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya ha recibido el primer dictamen de un órgano consultivo, el del Consejo Económico y Social (CES), que interpela al Ejecutivo por no haber abordado en el diálogo social las incapacidades temporales por reglas dolorosas, por interrupción del embarazo y para la semana 39 de la gestación.

Son "cuestiones que hubieran debido ser abordadas, en el ámbito del diálogo social entre Gobierno e interlocutores sociales, como cauce natural para su tratamiento que, incomprensiblemente, se ha obviado en la tramitación del anteproyecto, pese a que las nuevas prestaciones inciden directamente en los derechos de las personas trabajadoras y las obligaciones de las empresas", se lee en el dictamen, hecho público este jueves.

Este órgano, integrado por representantes de sindicatos y empresas y otras organizaciones sociales, comparte el objetivo de la ley de "fortalecer las garantías que hagan efectivo el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres como materialización de los derechos humanos y su consideración como manifestación de la dignidad de la persona y de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la integridad física, a la vida, a la intimidad, a la salud y a la educación".

Sin embargo, ha expresado sus "dudas" con respecto al "diseño jurídico" de las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria (reglas dolorosas debido a una patología), a la interrupción del embarazo (voluntaria o espontánea) y para la semana 39 de la gestación.

El CES asegura compartir la necesidad de avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos y de adaptar la protección social a los cambios sociales, si bien no considera "adecuadamente justificado" que se haya elegido esa fórmula y expresa sus dudas ante "el punto de vista conceptual". Asimismo, incide en que se debe garantizar en todo caso la confidencialidad en las causas de la baja.

También solicita que se evite restablecer la analogía entre embarazo y enfermedad y sugiere cambiar el descanso a partir de la última semana del embarazo por una figura distinta a la de la incapacidad temporal, "existiendo otras prestaciones del sistema que quizá podrían albergar mejor la protección de la salud y el bienestar de la gestante en esta fase".

Las dificultades de la tramitación de urgencia

El órgano consultivo ha querido llamar la atención en las "particulares dificultades que han presidido la emisión de este dictamen", pues la solicitud del Ejecutivo de trámite de urgencia ha ido en detrimento del análisis sosegado de una reforma legal de esta "importancia social, complejidad y alcance".

"Al Consejo le merecen el máximo respeto los numerosos derechos, algunos de ellos fundamentales, y situaciones afectadas por la norma, que impacta en ámbitos tan sensibles como, sin ánimo de exhaustividad, la efectividad de los derechos reproductivos; las desigualdades de género en salud; la equidad en el acceso a la atención sanitaria; la educación; la gestación subrogada o algunos derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social que, por cierto, no han sido abordados en el ámbito del diálogo social", se indica el dictamen.

El documento lamenta que la perentoriedad del plazo de urgencia "haya limitado las posibilidades de abordar el debate sobre el articulado con el sosiego y la profundidad que merecería el texto objeto de dictamen", que finalmente se ha quedado en unas "observaciones de carácter general (...) sin perjuicio de las diferentes posiciones que mantienen los grupos representados en el CES en relación a algunas materias abordadas por la norma".

Ante esta situación, el órgano consultivo expresa su deseo de que el Gobierno tenga en cuenta en el futuro la "necesidad de disponer de un margen temporal suficiente".

Emitido el primer dictamen, el del CES, la norma tiene que recibir aún los pronunciamientos preceptivos -aunque no vinculantes- del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado antes de pasar por segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Equidad y prevención de la violencia

Este anteproyecto modificará la ley de interrupción voluntaria del embarazo para permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus progenitores, regulará la objeción de conciencia de los médicos para garantizar el acceso al aborto en los centros sanitarios públicos, incluirá la incapacidad temporal para reglas dolorosas, acabará con los tres días de reflexión antes de un aborto y abordará la pobreza menstrual, entre otras cuestiones.

Incide el CES en que el anteproyecto "viene principalmente a dar respuesta a los diversos compromisos internacionales suscritos por España", como el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la ONU que obligan a actualizar la normativa estatal en aras de la debida protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En su dictamen, además de las incapacidades temporales, el órgano consultivo analiza otros dos ámbitos de la norma: la equidad en el acceso a la atención sanitaria y el enfoque de género en la salud y la prevención de la violencia en la salud sexual y reproductiva.

El CES comparte el objetivo de homogeneizar el acceso en todo el territorio a todas las prestaciones reconocidas por la ley, lo que requiere establecer los dispositivos necesarios en la red pública que garanticen la gratuidad, accesibilidad y proximidad, "sin perjuicio de la colaboración público-privada".

Pide mayor investigación en salud con perspectiva de género, sensibilizar al personal sanitario en esta materia y fomentar la difusión de buenas prácticas ginecoobstétricas: "a menudo, los problemas relacionados con la salud menstrual y reproductiva de las mujeres son objeto de infradiagnóstico o diagnóstico tardío, mientras existen lagunas de conocimiento en materia de género y salud", denuncia este órgano.

Respalda ampliamente el enfoque de incluir educación afectivosexual en todas las etapas educativas, lo que considera fundamental para consolidar los valores de respeto y corresponsabilidad que permitan una sexualidad plena y responsable, garanticen la libertad sexual y la prevención de la violencia machista y ayuden en la prevención de embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades sexuales.

Por último, solicita incluir en el anteproyecto que se tenga que difundir información entre las mujeres más jóvenes sobre las consecuencias de la donación de óvulos para la salud.