La Fiscalía pide extremar la protección a las maltratadas tras el fin de la prisión provisional del agresor

La justicia es lenta, aún más por la pandemia. La tardanza en los procesos judiciales provoca situaciones complicadas en el ámbito de la violencia de género: los inculpados pueden quedar en libertad tras agotarse el tiempo de la prisión provisional sin que se haya celebrado el juicio, situación ante la que la Fiscalía pide que se extremen las medidas de protección de las víctimas.

En una comunicación a los fiscales, la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha subrayado que ante la libertad de un inculpado por violencia de género o doméstica, deben adoptarse "las medidas que sean necesarias" para garantizar la protección de las víctimas, tales como orden de alejamiento y prohibición de comunicación, instalación de pulseras telemáticas de control de movimiento y la "inmediata comunicación" de la situación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que extremen las medidas que resulten precisas en aras de la seguridad de las víctimas".

Peramato explica en su escrito que la complejidad de la causa y "otras circunstancias concurrentes" pueden provocar que el procedimiento judicial no concluya antes del fin de la prisión provisional, por lo que debe acordarse la libertad del inculpado. Ahora bien, cuando esto suceda, los fiscales tienen que solicitar medidas de protección para las víctimas.

Abunda la fiscal en la necesidad de "tramitar los procedimientos sin demora injustificada" y recuerda que una tramitación lenta perjudica no sólo al proceso y al investigado, también a víctimas y perjudicados. En este sentido, continúa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reitera que los Estados están obligados a velar por que las personas estén protegidas contra toda forma de maltrato y que, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de las víctimas de la violencia doméstica y de género y la necesidad de que el Estado participe activamente en su protección, se exige a los países llevar a cabo una investigación oficial, efectiva y sin demoras injustificadas.

Peramato ha transmitido estas consideraciones a los fiscales en un dictamen en el que aclara cómo aplicar el límite máximo de la prisión provisional cuando se imputen varios delitos de

violencia contra la mujer

en una misma causa: indica la fiscal que el plazo máximo de prisión provisional ha de fijarse en atención a la pena establecida para el delito más grave de los investigados y que, de no poderse castigar con pena superior a un año, nunca deberá exceder los seis meses.

"Sufrimiento adicional" a las víctimas

La semana pasada comenzó en Vitoria el juicio contra un hombre acusado de matar a puñaladas a su exmujer y a la madre de ésta en abril de 2018. El inculpado se aseguró de que madre e hija vieran cómo mataba a una y otra y, tras el doble crimen, quemó la vivienda, en la que vivían sus dos hijos. El acusado ha estado casi cuatro años en prisión provisional, el máximo para los casos de delitos más graves. El juicio se ha celebrado sólo dos meses antes de que el hombre tuviera que ser puesto en libertad sin recibir condena.

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la dilación de los procedimientos judiciales provoca un "sufrimiento adicional" a las familias de las mujeres asesinadas, que no pueden cerrar la herida abierta por el crimen. La tardanza añade incertidumbre y "opera en contra de los procesos de reparación del daño", especialmente de los niños y niñas. Sin fallo judicial, el duelo está suspendido.

"Mientras no exista condena judicial, la reparación del daño no opera de forma plena. (...) El juicio es un momento muy doloroso para las familias, se mantiene abierta una herida durante un tiempo muy prolongado", asevera Soleto.

En los casos de homicidio por violencia de género, las condenas suelen ser de unos diez años: si el juicio tarda cuatro años en celebrarse, "muy poco tiempo después" de que se dicte la sentencia el agresor puede empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios y se produce en las víctimas "una sensación de impunidad", detalla Soleto, que aclara acto seguido que no se trata de aumentar las penas, pero "sí de cobrar conciencia de que la celeridad de la justicia es un elemento de reparación".

Reconoce la jurista que es imprescindible respetar los tiempos necesarios para hacer unas buenas instrucciones judiciales, pero esas instrucciones tienen que ser a la vez diligentes: "Rigor y celeridad. La calidad de la justicia tiene también que ver con los efectos en la vida cotidiana de quienes tienen que recurrir a ella para la defensa de sus derechos", manifiesta.

Soleto incide que las víctimas necesitan sentirse seguras de manera integral, no sólo desde el punto de vista material, también del emocional. "La prisión provisional general una sensación de seguridad casi plena y cuando se acaba la prisión provisional, hay que redoblar los esfuerzos en la protección", añade.

Por eso hace hincapié en que los operadores jurídicos deben actuar con diligencia a la hora de proteger a las víctimas y recurrir para ello a todas las herramientas disponibles: en eso se sustenta "un buen desempeño profesional, el ser buen o mal profesional", concluye.