Las unidades de igualdad: "Necesitamos un MeToo en la universidad"

Más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas han roto por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en una institución que presume de buscar la excelencia pero aún conserva parte del ADN "feudal".

La recogida de los datos generados por las unidades de igualdad de las universidades revela una imagen general confusa que refleja algunos avances en la detección de la violencia de género en la academia pero también las limitaciones de los mecanismos para erradicarla y los distintos grados de compromiso de los centros. Algunos han detectado este año un crecimiento de las denuncias, pero la irrupción del covid el curso pasado es una variable que altera la interpretación de los datos. 

Al no existir una normativa única, estos datos responden a distintos criterios y también la cronología varía según la fecha de aprobación del protocolo en cada universidad. La mayoría de denuncias son entre alumnos o bien entre profesores y alumnos, pero también los hay entre personal docente, donde la competitividad y el orden jerárquico alimentan la violencia.

"Tolerancia cero"

Hay universidades que muestran interés en hacer públicos los datos y alguna incluso se muestra solícita y agradece su publicación; otras lo hacen más para cubrir el expediente. En todo caso, las mujeres entrevistadas se muestran relativamente optimistas de cara al futuro. 

"Lo que nosotros queremos es tolerancia cero y tenemos un rector [Joan Guàrdia] que está al 100% con esto", afirma contundente Montse Puig, que desde enero ocupa el cargo de vicerrectora de Igualdad en la Universitat de Barcelona (UB). "La idea es ir a por todas y si hay casos del pasado que hay que reabrir, se reabren. El abuso de poder no se puede consentir y hay cosas que no pueden volver a pasar".

Este año la Unitat de Igualtat de la UB, una comunidad académica de 70.000 personas, ha aplicado el protocolo en 13 ocasiones y 7 casos continúan abiertos. Es la cifra más alta de la historia del centro y Puig piensa que, en parte, puede deberse a esta nueva política de mano dura y también al efecto de la publicación en el diario 'Ara' de los casos de acoso sexual y abuso de poder en el Institut del Teatre.

"El rector está al 100% con esto. Iremos a por todas y si hay casos del pasado que hay que reabrir, se reabren. El abuso de poder no se puede consentir y hay cosas que no pueden volver a pasar", afirman desde la UB

El caso de Ana Vidu sucedió en la UB cuando no existía ni la unidad de igualdad ni las comisiones de igualdad de las facultades. Preguntada sobre si ahora el centro gestionaría este caso de otra manera, Puig es cauta a la hora de criticar abiertamente la gestión pasada pero asegura que en un caso así "la víctima no estaría sola y si quisiera ir a juicio se iría a juicio".

Abuso de poder a partir de posgrado

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Las universidades tienen que esforzarse en mejorar el acceso a la información, agilizar el protocolo, evitar la revictimización (por ejemplo eliminando la mediación) y la marginación de las afectadas, controlar más el abuso de poder que se produce sobre todo a partir de la etapa de posgrado y también proteger de la violencia de segundo orden a las personas que apoyan a las víctimas.

En la investigación dirigida por la catedrática Rosa Valls en 2008 ya se apuntaban muchas de estas medidas, incluida la conveniencia de hacer públicos los datos anonimizados y contextualizados. Este debate se está planteando actualmente en la UB, por ejemplo. En universidades de referencia citadas por el estudio de Valls ya hace décadas que tienen claro que la publicación de los datos, lejos de suponer una mancha en el prestigio del centro, es una demostración de que sus mecanismos contra la violencia de género funcionan.

La publicación de los datos, lejos de suponer una mancha en el prestigio del centro, es una demostración de que los mecanismos contra la violencia de género funcionan

Para la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Rosa Cerarols, los datos actuales no constituyen un buen reflejo de la realidad: "Nosotros solo podemos hablar con los números de denuncias o de aperturas del protocolo de acoso, pero estoy convencida de que pasan muchas más cosas que no llegan a la Unitat d’Igualtat ni se denuncian y que son agresiones sexuales". Es fácil perderse en un mar de números, por eso Cerarols reivindica: "Necesitamos un MeToo en la Universidad".

El sector del Personal Docente Investigador es donde las personas se juegan más y el miedo a las represalias es más inmovilizador. "Es un marco muy jerarquizado y competitivo y parece que tengas que hacer un mar de favores para mantener tu plaza -asegura Cerarols-. ¿Quién va a denunciar a su director de tesis? Estamos en una fábrica de conocimiento y no deberíamos rendir pleitesía a un catedrático, pero se hace y mucho. Es el derecho feudal".

Protocolos más inclusivos

Es precisamente a nivel de posgrado donde la gráfica de la presencia de mujeres en la academia empieza a tomar forma de tijera. A nivel de grado hay más mujeres pero muchas lo dejan a nivel de doctorado.

"Estoy convencida de que pasan muchas más cosas que no llegan a la Unitat d’Igualtat ni se denuncian y que son agresiones sexuales", afirman desde la UPF

Cerarols, que sustituyó a la actual 'consellera' d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, al frente de la unidad de igualdad, también apunta la necesidad de que el protocolo sea más inclusivo: "En el de la UPF están presentes las políticas lgtbifóbicas pero deberían ampliarse los ejes de discriminación a la raza. Hay que trabajar de forma interseccional sobre la diversidad y la inclusión".

Montserrat Castro, técnica de Inclusió i Igualtat en la Universitat de Girona (UdG), lamenta "la dificultad de las universidades para hacer la gestión de estos casos, a menudo por la falta de posibilidad de dar respuestas satisfactorias más allá de las puramente de ordren jurídico o penal" y considera que debería haber "marcos legales más adecuados a estas situaciones". 

"El grueso de personas que necesitan respuesta especializada crece cada año y esto debería comportar más recursos personales y económicos", dicen desde la Universitat de Girona

La UdG suele aparecer citada como uno de los centros con mejores prácticas contra la violencia de género, entre otras cosas porque trabaja con entidades o servicios del entorno, creando así una gran red que permite hacer "un acompañamiento más amplio". Aun así, Castro insiste en "el grueso de personas que necesitan respuesta especializada crece cada año y esto debería comportar más recursos personales y económicos".

El buen funcionamiento de las unidades depende de dos factores. "Por un lado -dice Rosa Valls-, de la misma universidad, del rector y el equipo rectoral, que le da funciones y la deja hacer (o no), y por otro de las personas que están al cargo, que tienen que haber hecho investigación en este campo y no estar ahí para cumplir con el jefe".

El hecho de que formen parte de la misma institución que genera la violencia puede ser una desventaja si no pueden actuar como un órgano concreto, al estilo del Síndic de Greuges que tiene libertad para denunciar lo que hace el Govern.