El Poder Judicial pide una reforma urgente de la ley contra la violencia de género

El Consejo General del Poder Judicial considera necesaria una reforma "urgente" de la ley contra la violencia de género para perseguir de forma "efectiva, exhaustiva y profunda" todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente los delitos sexuales.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha aseverado en un informe hecho público este jueves que se debe "acometer cuanto antes" una reforma de la ley 1/2004 para ampliar la lucha contra las violencias machistas más allá del ámbito de la pareja o la expareja y adecuar la norma al Convenio de Estambul.

"El actual concepto de violencia sobre la mujer es insuficiente para estudiar y combatir con efectividad este fenómeno criminal en el sentido amplio que prevé el citado convenio del Consejo de Europa, firmado en Estambul en 2011", ha defendido el Observatorio.

En su informe, el Poder Judicial también pide aumentar el número de juzgados de violencia sobre la mujer así como la ampliación de sus competencias a todos los nuevos delitos cometidos en el ámbito de las violencias machistas. "De este modo, la tramitación de los procedimientos se vería beneficiada por las ventajas derivadas de la especialización y coordinación de medios y recursos a disposición de estos juzgados, lo que redundaría en beneficio de las víctimas al acortar los tiempos de respuesta y evitar la revictimización".

Este pronunciamiento, algo inusual, coincide en el tiempo con la tramitación en el Congreso de los Diputados del anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí. Un proyecto que el CGPJ criticó profundamente en su informe preceptivo, sobre todo en lo relativo al consentimiento expreso como eje del abordaje penal de los delitos sexuales.

Fuentes del CGPJ precisan que la misión del Observatorio es evaluar la respuesta judicial ante la violencia de género y que es habitual que se pronuncie sobre necesidades legislativas, como hiciera al reclamar que se suprimiera la dispensa de la obligación de declarar de las víctimas de violencia de género, informa Cristina Gallardo. "Si en el marco de esa evaluación se advierten necesidades en el plano legislativo, se pone de manifiesto", indican las fuentes.

Una única ley frente a leyes específicas

En lugar de reformar la ley contra la violencia de género para incluir en ella todas las violencias machistas, el Ejecutivo optó por una norma específica contra la violencia sexual porque así se estableció en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En otoño, el Ministerio de Igualdad planteó reformar la ley contra la violencia de género precisamente en el sentido que propone el CGPJ, de ampliar su ámbito de actuación a todas las formas de violencia. El departamento de Irene Montero puso en marcha la consulta pública previa para este cambio legislativo, que no contentaba a las asociaciones de mujeres implicadas en la lucha contra la violencia de género.

Sin embargo, el acuerdo con todas las fuerzas políticas -salvo la extrema derecha- para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género desactivó, en principio, este cambio.

Un análisis jurídico de la violencia sexual

El CGPJ ha llegado a estas conclusiones al elaborar un análisis jurídico de 102 sentencias sobre violencia sexual dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Para empezar, sólo el 6,9 % de las causas que llegaron al TS fueron instruidas por juzgados de violencia sobre la mujer, lo que "merma la eficacia contra este tipo de delincuencia".

El Observatorio ha mostrado su preocupación ante la incidencia de delitos sexuales contra víctimas menores de edad (el 71 % de los casos analizados) mientras que sólo el 3 % de ellos fueron denunciados por la propia víctima (frente al 56,8 % de delitos contra víctimas mayores de edad). También se ha mostrado preocupado por el hecho de que no se denuncien los delitos que cometen personas que contactan con menores con fines sexuales utilizando la tecnología o aquellos que cometen quienes llevan a un menor a participar o presenciar actos de naturaleza sexual: ""El Observatorio considera necesario hacer un análisis de las razones por las que estos fenómenos no están siendo denunciados o no están siendo investigados correctamente".

Uno de cada tres delitos sexuales contra menores los cometieron personas de su entorno doméstico y otro dato significativo que se pone sobre la mesa es que sólo el 6 % de los hechos fueron detectados por la aplicación de protocolos escolares, lo que ha llevado al Poder Judicial a pedir que los centros escolares revisen esos protocolos y sean "punta de lanza" en la detección precoz de la violencia sexual contra niños y niñas.

El Poder Judicial ha solicitado que se elabore un estudio sobre la agravante de reincidencia en la violencia sexual, que se impulsen planes de formación sobre delitos sexuales sobre menores, que se materialice una mayor coordinación entre operadores jurídicos, médicos y centros escolares y que se elaboren los perfiles de las víctimas menores más vulnerables para la detección precoz del riesgo.