El TSJC sentencia que el Govern catalán discriminó a Policía y Guardia Civil en la vacunación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentenciado este viernes que el plan de vacunación de la Generalitat fue "discriminatorio" para los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña.

La sentencia, consultada por Europa Press, estima el recurso que presentaron la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (Jucil) y Justicia Policial (Jupol) contra la Conselleria de Salut, y condena al pago de 4.000 euros en costas al Ejecutivo autonómico.

El tribunal ordena a la Generalitat continuar la vacunación a policías y guardias civiles "en igualdad de condiciones" con otros funcionarios de actividades esenciales.

La secretaria regional de Jucil en Cataluña, Milagros Cívico, ha manifestado su “satisfacción por el inicio del proceso de vacunación a la Guardia Civil y la Policía Nacional destinada en Cataluña, con lo que se pone fin a una injusticia por parte de las autoridades catalanas hacía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La asociación profesional y el sindicato denuncian la "estigmatización que sufren tanto ellos [los agentes] en su tarea como sus familias en su vida diaria" en Cataluña. El portavoz de Jupol, Pablo Pérez, ha resaltado que la resolución judicial “nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña”.

La tesis de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía se posicionó defendiendo que "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido excluidos injustificadamente de la aplicación de dicho plan de vacunación preferente, y relegados al sistema de vacunación común", por lo que sostuvo que se les había vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

En cambio, la Generalitat negó discriminación y aseguró que "fueron acontecimientos ajenos a ella las que provocaron que la vacunación se produjera al ritmo que se expresa", como la dificultad para comunicar los datos y la paralización en su momento para vacunar con AstraZeneca.

Al valorar los argumentos, los jueces señalan que el documento de estrategia de vacunación frente al covid-19 en España preveía una posición prioritaria en el orden de vacunación para policías y otros servicios de emergencias, y remarca que este plan "no establece diferenciación alguna entre los cuerpos" por ser estatales o autonómicos.

"Falta total de iniciativa"

Toman en cuenta las cifras de vacunación a los Mossos en comparación con la Policía y la Guardia Civil, y creen que "junto a ese retraso, se aprecia también una falta total de iniciativa en la administración autonómica respecto de la atención a los cuerpos nacionales".

Por todo, los jueces llegan a "la conclusión de que la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos".