NEGOCIACIONES TRAS EL 23J

Los barones del PP más combativos con la quita de la deuda señalan ya la vía judicial contra el Gobierno

Madrid presentó hasta 12 recursos contra el Estado en la pasada legislatura

El presidente gallego Alfonso Rueda vota en Pontevedra

El presidente gallego Alfonso Rueda vota en Pontevedra / EFE / Salvador Sas

Elena Marín

Elena Marín

Los barones del PP tienen entre sí diferentes posturas respecto a cómo debe actualizarse el sistema de financiación autonómica, pero hacen causa común cuando se trata de la posible condonación de la deuda a Cataluña. La respuesta es de oposición total ante la propuesta que el PSOE ha puesto sobre la mesa de negociación con los partidos independentistas. Pero no solo porque se plantee para los catalanes como una concesión y moneda de cambio para un hipotético apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, sino porque no quieren que se aplique en unas regiones sí y en otras no.

El responsable de Economía del partido, Juan Bravo, ha pedido esta semana que cualquier modificación que tenga que ver con la financiación autonómica se discuta de forma "multilateral" en el Consejo de Política Fiscal Financiera (CPFF). Este jueves ha sido el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha reclamado de nuevo su convocatoria y ha pedido conformar un "frente político" con otros territorios que también se vean perjudicados por el sistema actual, pero ante la posibilidad de que Pedro Sánchez siga adelante con una oferta que solo beneficie a los catalanes, Rueda ha marcado el camino que habría que seguir: los tribunales. La Comunidad de Madrid, dos días antes, ya había advertido de que explotará también todas las vías: "Nos opondremos con todos los medios que nos asistan en Derecho".

Recursos previos

Rueda ha recordado este jueves en la rueda de prensa posterior a su último consejo de gobierno antes del parón del mes de agosto que Galicia ya ha recurrido con anteriodad a los tribunales para reclamar al Estado más de 200 millones de euros de la liquidación del IVA del año 2017, puntualiza Efe.

En la Comunidad de Madrid no han tenido reparo durante toda la legislatura pasada en acudir a los tribunales cada vez que han estimado que una medida del Gobierno central perjudicaba los intereses de la región o invadía competencias. En total, Isabel Díaz Ayuso llegó a las elecciones de mayo con 12 procesos judiciales de distinto tipo abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Rueda, aunque ha querido dejar ver que no tendría complejo en volver a hacerlo, sí ha insistido en que primero hay que apostar por la comunicación y la negociación en el órgano competente entre todas las comunidades para que no haya un acuerdo "bilateral" entre el Estado y Cataluña.

Libertad a sus barones

Alberto Núñez Feijóo confía en la autonomía de cada uno de los territorios y mientras dilucida cómo afronta la investidura deja vía libre a sus barones. Desde Génova reconocen que no está prevista reunión alguna "sobre este tema" para establecer una estrategia común y circunscriben el debate a "una cuestión política que ha sacado María Jesús Montero para intentar convencer a los catalanes" de que apoyen a Sánchez en las negociaciones.

Esta ha sido la postura de Feijóo desde que llegó a la dirección de Génova hace año y medio. Intentar coordinar sí, pero dejando a cada presidente autonómico manos libres para defender sus propios intereses, como reclamaba él mismo cuando era presidente de la Xunta de Galicia. De hecho, si desde Santiago encabezó el frente de las regiones despobladas en las que se encontraban también Asturias, Castilla y León, Castilla- La Mancha y Extremadura, pidiendo que la dispersión y el envejecimiento de la población fueran criterios de peso en el reparto financiero, a los pocos meses de llegar a Génova se puso la gorra de presidente nacional y defendió el frente opuesto que representan la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Las regiones del arco mediterráneo se quejan de estar infrafinanciadas y salir perjudicadas con el sistema actual porque no se tiene en cuenta el crecimiento poblacional de estas regiones, entre otros asuntos, y acusan la desigualdad a la que les aboca el sistema.

La exigencia del PP en los últimos años, en los que el acuerdo entre comunidades ha sido imposible, siempre ha sido que se pongan más recursos sobre la mesa para que todas se puedan ver de alguna manera beneficiadas. Ahora, en el debate sobre la quita de la deuda, lo que vienen a decir es que si se condona a una, se condone al resto en la misma proporción, que se eviten los "agravios comparativos" que denunciaba la consejera de Economía y Hacienda de Madrid, Rocío Albert. Este juevos lo ha dicho claro el presidente Rueda: "Si se hacen detracciones, tienen que ser en el mismo porcentaje, a todos por igual”.