RESIDUOS RADIACTIVOS

Las eléctricas exigen al Gobierno un giro total de su plan nuclear y adelantar 25 años el gran cementerio definitivo

  • Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP reclaman descartar los almacenes temporales que contempla el Ejecutivo y construir directamente un almacenamiento geológico profundo para estar listo en 2050.

  • Proponen almacenar en cada central nuclear los residuos radiactivos hasta que esté listo el almacén definitivo donde se guardarán los residuos nucleares para siempre.

La central nuclear de Ascó, en Tarragona.

La central nuclear de Ascó, en Tarragona. / FORO NUCLEAR

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El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para aprobar un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y actualizar la hoja de ruta sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar todas las centrales nucleares y cuánto va a costar y cómo pagar todos los trabajos. El actual plan fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto ahora un inédito proceso de consulta pública para escuchar a las empresas del sector y a las administraciones implicadas antes de aprobar un nuevo programa con actuaciones previstas durante todo este siglo.

La propuesta del Gobierno contempla dos alternativas sobre qué hacer con los residuos nucleares del país durante los próximos 60 años. Una, mantener el plan de construir un solo cementerio nuclear centralizado temporal que debería estar listo en 2030 (un plazo que el sector ve imposible de cumplir). Otra, instalar siete almacenes temporales descentralizados en cada una de las centrales nucleares. Sea cual sea opción temporal para las próximas décadas que se elija finalmente, posteriormente se construirá un almacén geológico profundo (AGP) con el objetivo de que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los desechos.

Esa es la propuesta doble que maneja actualmente el Gobierno sin mojarse demasiado sobre sus preferencias y que, por no estar del todo concretada, previsiblemente dilatará aún más un proceso sobre la gestión a largo plazo de la basura nuclear. Las grandes eléctricas, que son las propietarias de todas las centrales nucleares operativas en España, rechazan ahora ambas opciones y reclaman una tercera vía: mantener sólo durante dos décadas los residuos nucleares en cada una de las centrales y activar directamente la construcción del cementerio definitivo para adelantar su puesta en marcha 25 años antes de lo previsto por el Ejecutivo, para que esté operativo como tarde en 2050.

Así se recoge en las observaciones remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el borrador del PGRR por el Comité de Energía Nuclear (CEN), que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP como propietarias de los reactores ubicados en España y que han presentado un documento de alegaciones conjunto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Resulta crítico adelantar la fecha de entrada en operación de las instalaciones requeridas para el almacén geológico profundo (AGP) al menos al año 2050”, sostienen las cuatro grandes eléctricas en el escrito enviado al Gobierno el pasado 8 de junio.

El almacenamiento geológico profundo es la solución técnica actualmente aceptada internacionalmente para guardar de manera definitiva los residuos nucleares y países como Finlandia, Suecia o Alemania ya han activado sus procesos para contar con este tipo de instalaciones. Por lo general, el proyecto consiste en aislar de manera definitiva, para siempre, los residuos en cavidades a unos 500 metros de profundidad en terrenos con condiciones concretas, fundamentalmente arcillosos o graníticos.

Las eléctricas alertan de que la falta de consenso político y entre administraciones es la causa que ha dado al traste con el proyecto de construir un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca, paralizado por el Gobierno de Pedro Sánchez al poco de llegar a Moncloa. Por eso, las grandes energéticas exigen volcarse ya en crear el consenso necesario para determinar la ubicación para el AGP donde descansarán los residuos nucleares para siempre. En su defecto, reclaman al Gobierno desarrollar una “legislación que permitiese solventar una eventual falta de consenso social, político e institucional”.

Dos décadas en cada central

Algunas de las centrales nucleares españolas ya cuentan con sus propios almacenes temporales individualizados (ATI) -Zorita, Garoña y Trillo- y en el resto están en proceso de adjudicación y estarán disponibles entre 2025 y 2026 -Almaraz, Vandellós, Ascó y Cofrentes-.

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP reclaman utilizar estos almacenes individuales como solución intermedia durante un par de décadas, hasta que se puedan trasladar todos los residuos al gran cementerio final, el AGP, en 2050. Con la previsión de que esta instalación cuente ya antes, en 2045, con un edificio de recepción de los contenedores de la basura nuclear para empezar a acoger los primeros traslados y preparar los contenedores para su almacenaje definitivo.

La propuesta de las grandes eléctricas es utilizar los ATI de cada central para dejar allí los residuos durante dos décadas, pero sin llegar a realizar los trabajos para su conversión en almacenes más completos y con instalaciones más complejas en los que albergar los desechos durante más de cincuenta años, como contempla una de las opciones del Plan General de Residuos del Gobierno de convertirlos en almacenes temporales descentralizados (ATD).

Según argumentan las eléctricas, la opción de utilizar los ATI existentes o en proceso de licitación permitiría liberar los terrenos actualmente ocupados por las centrales nucleares con varias décadas de antelación, facilitando el desarrollo de proyectos de renovables e industriales sustitutorios de las plantas y activando el desarrollo económico de los territorios.

“En el momento en que se selecciones el emplazamiento definitivo del AGP, lo cual está previsto en esta versión inicial del séptimo PGRR en 2040, se podrá construir allí una infraestructura centralizada en la que albergar los contenedores ubicados en las centrales”, sostienen las eléctricas en el escrito remitido al ministerio comandado por Teresa Ribera. “Esto permitirá adelantar la liberación de los emplazamientos, teniendo en cuenta que no es eficiente ni aceptable medioambientalmente mantener el combustible gastado en los emplazamientos durante más de 60 años”.

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