España gastará 26.500 M en cerrar las centrales nucleares y guardar sus residuos

El Gobierno lanza el proceso para actualizar la hoja de ruta a muy largo plazo sobre qué hacer con los residuos radiactivos y cuánto va a costar gestionarlos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento de información pública de la propuesta del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). El actual plan fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y ahora el Gobierno tiene que poner en marcha un nuevo programa con las previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo financiar todas estas actuaciones.

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica contempla dos alternativas sobre qué hacer con los residuos nucleares del país durante los próximos 60 años. Una, mantener el plan de construir un solo cementerio nuclear centralizado temporal que debería estar listo en 2030. Otra, instalar siete almacenes temporales descentralizados en cada una de las centrales nucleares. Y sea cual sea opción temporal para las próximas décadas que se elija, posteriormente se construirá un almacén geológico profundo (AGP) para que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los desechos.

Las estimaciones del Gobierno contemplan que entre lo ya gastado en gestionar los residuos nucleares, lo que costará desmantelar todas las centrales nucleares y el coste de la gestión a largo plazo de todos los desechos España gastará hasta el año 2100 entre 24.435 millones (si se construye un solo cementerio central) y 26.560 millones de euros (si se opta por los siete almacenes repartidos por España).

De ese importe estimado, 7.326 millones de euros se habrán gastado al cierre de 2022, y aún quedarían por gastar 17.109 y 19.234 millones en función de si hay un solo cementerio o varios almacenes. De los costes ya ejecutados desde los años ochenta y los previstos para las próximas décadas, unos 5.400 millones corresponden al coste de desmantelamiento de las centrales nucleares y otros 11.700 y 13.700 millones corresponderán a la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos de alta actividad (procedentes singularmente de las plantas nucleares).

El Gobierno pactó con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035 que conducirá al apagón nuclear total en el país. Los planes del Gobierno son mantener el cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles ahora operativos acordado en 2019 con Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, y que contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. El objetivo es empezar con los trabajos previos de clausura entre tres y cinco años antes del cese de actividad de cada central, iniciar las obras de desmantelamiento tres años después del cierre y que se alarguen durante una década.

Un solo cementerio o siete almacenes

El Gobierno baraja ambas alternativas: un solo cementerio (almacén temporal centralizado o ATC) o un almacén en cada central (almacenes temporales descentralizados o ATD). Se mantienen las dos opciones, a pesar de que crear una red de siete almacenes en las siete centrales costaría 2.100 millones de euros más, según las estimaciones del Ejecutivo. “La decisión que finalmente se adopte requiere necesariamente de un alto grado de consenso social, político e institucional”, apuntan desde el Ministerio comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera.

Las centrales nucleares españolas ya cuentan con almacenes propios en los que guardan el combustible gastado. Se denominan almacenes temporales individualizados (ATI) y el Gobierno pretende seguir con las actuaciones para ampliar su capacidad como solución transitoria. Pero estos silos ubicados en cada central no podrán utilizarse directamente para guardar los residuos durante décadas. La reconversión de los almacenes actuales en ATD implica la construcción de una instalación complementaria para operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se guardan los deshechos, y es ésta la razón del sobrecoste calculado por el Ejecutivo.

Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, ya elaboró en 2020 una primera propuesta para aprobar un nuevo PGRR. Entonces la compañía apostaba preferentemente por construir un solo almacén centralizado que debería estar operativo en 2028 (un plazo ya imposible de cumplir), aunque dejaba abierta la puerta a levantar varios almacenes en distintas localizaciones. Su previsión entonces era que el coste de la gestión de los residuos sería de 23.044 millones de euros durante todo el siglo.

El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, paralizó el proyecto de construir un almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca, y da por descartado retomarlo. Si la opción elegida finalmente es levantar un solo almacén para los residuos de todas las centrales, el Ejecutivo tendría que buscar otra localización alternativa

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El Ejecutivo renunció a continuar con la opción de Villar de Cañas por los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios independientes.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018. Pero más de una década después de que el Consejo de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas para instalar el cementerio nuclear sigue sin haber un almacén.