APAGÓN NUCLEAR

Choque entre nucleares y Gobierno por la factura millonaria del cierre de centrales

  • La sociedad pública Enresa avisa de que la ley permite subir más las tasas que pagan las eléctricas si se eleva la previsión de costes del desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos.

  • Las compañías rechazan pagar más de lo pactado cuando se planificó el cierre escalonado entre 2027 y 2025 y se quejan de que el nuevo plan del Gobierno plantea un sobrecoste de hasta 3.500 millones. 

Choque entre nucleares y Gobierno por la factura millonaria del cierre de centrales
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El Gobierno ha lanzado el proceso para aprobar un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos. El objetivo es actualizar la hoja de ruta a largo plazo sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto va a costar hacerlo todo. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ahora en consulta pública, contempla un sobrecoste de entre 1.400 y 3.500 millones de euros en relación a lo estimado previamente. Unos gastos adicionales que las nucleares no entienden y no quieren asumir.

Desde Foro Nuclear, la patronal del sector, se ha venido criticando el aumento de los costes incluidos en el borrador del PGRR y se subraya que Gobierno y eléctricas ya pactaron hace tres años el plazo de funcionamiento de las centrales, un importe de costes totales y una subida de tasas que se han de respetar. “No vamos a pagar más de lo que acordado con el Gobierno. Los costes previstos en el PGRR han subido mucho y no sabemos por qué. No es admisible que ahora nos quieran hacer pagar más”, sentenció hace unas semanas Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, que agrupa a las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares y a decenas de empresas ligadas a la industria atómica.

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2023 y aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías en función de la electricidad producida para financiar la gestión de los residuos y el gasto de desmantelar las centrales. En 2020, el Gobierno subió esas tasas 19,2% y actualmente están fijadas en 7,98 euros por cada megavatio hora generado. Y ahora desde el sector nuclear se teme que estos costes adicionales impliquen la aprobación de un nuevo incremento de las tasas.

Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, estimó entonces que esa subida serviría para cubrir los costes de desmontar las centrales y el almacenamiento de la basura radiactiva, que calculó en su primer borrador de PGRR serían de 23.044 millones hasta el año 2100. En la nueva propuesta de Plan de Residuos elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica se eleva la estimación de costes entre los 24.435 millones (si se construye un solo cementerio de residuos nucleares centralizado) y los 26.560 millones de euros (si se opta por los siete almacenes repartidos por España, uno en cada central nuclear).

La ley permite más subidas

Frente a las críticas de las nucleares, desde Enresa -de titularidad estatal a través de SEPI (dependiente de Hacienda) y Ciemat (Ministerio de Ciencia e Innovación) y en cuyo consejo de administrativo se sientan altos cargos de hasta cuatro ministerios- se advierte de que la legislación vigente habilita al Gobierno a revisar la tasa que pagan las centrales si se prevé un aumento significativo de los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos.

“Si en el futuro hay un incremento de costes que no se puede asumir, hay posibilidad de subir la tasa. Hay un mecanismo legal que prevé que si se produce una actualización de los costes se pueda actualizar la tasa”, subrayó este lunes en un encuentro informativo el presidente de Enresa, José Luis Navarro. “Las prestaciones patrimonial que pagan los titulares de las centrales no tienen carácter fiscal, no tienen carácter tributario, sino que es puramente operativo, el pago por un servicio. Si no existiera Enresa, esos costes los deberían asumir directamente las compañías”.

La Ley del Sector Eléctrico contempla que el Gobierno puede revisar la tasa nuclear mediante real decreto basándose en una memoria económico financiera que actualice los costes previstas para cubrir los trabajos del Plan General de Residuos Radiactivos. “Esta potestad del Gobierno no puede verse limitada por el protocolo de cierre ordenado de las centrales nucleares firmado en marco de 2019 por Enresa y las empresas propietarias de las centrales”, explican fuentes de Enresa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Esto es, el acuerdo sobre el calendario de cierre de las centrales contemplaba una subida máxima del 20% de la tasa, pero según Enresa ese acuerdo quedó agotado con la subida del 19,2% aplicada desde 2020.

“En el futuro pueden tomarse decisiones de política energética, de gestión de residuos radiactivos o de desmantelamiento de instalaciones nucleares o también producirse situaciones imprevistas que alteren la previsión de costes o ingresos que sirvió como base para la aprobación del Real Decreto 750/2019”, en el que se establecía la subida del 19,2%, se aclara desde Enresa. “Si se diera esta circunstancia, la tarifa fija unitaria podría tanto incrementarse como reducirse”, concluye la sociedad pública.

La interpretación que hacen las compañías del sector nuclear es que el sobrecoste que se contempla en el borrador de PGRR se debe a no tener aún una solución para el almacenamiento de los residuos debido al enorme retraso que arrastra el proyecto de construir un almacén temporal y que no es atribuible a las propias operaciones de las centrales nucleares. Desde hace años los titulares de las centrales nucleares se quejan de la carga fiscal que soporta su actividad e incluso denuncian estar operando a pérdidas.

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