Las nucleares rechazan el “disparate” de construir siete cementerios y exigen un solo almacén

El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos, la hoja de ruta a largo plazo sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto va a costar hacerlo todo. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica contempla dos alternativas sobre qué hacer con los residuos nucleares durante los próximos 60 años: mantener el proyecto de construir un solo cementerio nuclear centralizado o instalar siete almacenes por toda España, uno en cada una de las centrales nucleares del país.

Desde el sector nuclear español se rechaza de plano la posibilidad de mantener durante seis décadas repartidos los residuos radiactivos en los terrenos de las actuales centrales nucleares y se exige un único cementerio centralizado. “Tener siete almacenes por toda España es un disparate y es tremendamente ineficiente”, denuncian fuentes de los grandes operadores de plantas nucleares, que cargan contra el Gobierno por mantener abiertas opciones y no mojarse, a pesar del enorme retraso que acumula la definición del nuevo plan de residuos.El Gobierno apela a la búsqueda de consenso social, político y dentro del sector energético y, por eso, deja abiertas ambas opciones: un solo cementerio (almacén temporal centralizado o ATC) o un almacén en cada central (almacenes temporales descentralizados o ATD). Se mantienen las dos alternativas, a pesar de que crear una red de siete almacenes costaría 2.100 millones de euros más, según las propias estimaciones del Ejecutivo.

Las estimaciones del Gobierno contemplan que lo que costará desmantelar todas las centrales nucleares y la gestión a largo plazo de todos los desechos ascenderá hasta el año 2100 a 24.435 millones (si se construye un solo cementerio central) o 26.560 millones (si se opta por los siete almacenes repartidos por España). Unos importes que financian los propios operadores con aportaciones a un fondo mediante el pago de tasas específicas por la producción de energía nuclear o por gestionar material radiactivo.

Las compañías con intereses en el sector nuclear (las grandes eléctricas y decenas de empresas industriales vinculadas) reclaman un único cementerio de residuos en España, que es el plan que se había mantenido durante años desde los sucesivos gobiernos. Y además piden al Gobierno que la localización del cementerio centralizado se elija buscando que esté cerca a la ubicación donde finalmente tendrá que construirse un almacén geológico profundo (AGP), que guardará para siempre los desechos y que el plan del Gobierno aspira a tener operativo en 2073. Las empresas alertan de que dejar los residuos 60 años varados en los terrenos de las diferentes centrales nucleares impedirá la puesta en marcha de grandes proyectos industriales para relanzar el empleo y la economía tras el cierre de las plantas (programado de manera sucesiva entre 2027 y 2035). “Si se quedan los residuos en los terrenos de las actuales centrales, que los ayuntamientos afectados se despidan de poder poner en marcha proyectos industriales en los emplazamientos. Sólo se quedará allí el almacén durante seis décadas. Eso no genera empleo en la zona”, indican desde una de las grandes eléctricas. “Sería terrible para el entorno y para los propios ayuntamientos. Implica matar la gestión de los emplazamientos para impulsar una transición económica”. Las centrales nucleares españolas ya cuentan con almacenes propios en los que guardan el combustible gastado. Se denominan almacenes temporales individualizados (ATI) y el Gobierno pretende seguir con las actuaciones para ampliar su capacidad como solución transitoria. Pero estos silos ubicados en cada central no podrán utilizarse directamente para guardar los residuos durante décadas.

La reconversión de los almacenes actuales en ATD implica la construcción de una instalación complementaria para operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se guardan los desechos y además habrá que construir una instalación central en una de las plantas nucleares para manipular esos contenedores en caso de incidente en alguno de los ATD. Unas exigencias que explican en gran parte ese sobrecoste de 2.100 millones calculado por el Ejecutivo.

Esperar a la próxima legislatura

La elaboración del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) llega con mucho retraso (el actual plan fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto) y la Comisión Europea ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ello. Las nucleares denuncian que la indefinición del Gobierno sobre si construir un solo almacén o siete retrasará aún más el proceso y ven imposible que se pueda aprobar esta legislatura, dejando la decisión final al próximo Gobierno a partir de 2024.

El Ejecutivo ha abierto ahora el proceso de consulta pública del nuevo PGRR hasta mediados de junio, posteriormente elaborará un borrador definitivo y tendrá que remitirlo después al Consejo de Seguridad Nuclear para que lo avale (lo que puede llevar entre uno y dos años más).

“El Gobierno decidió paralizar el proyecto de almacén centralizado de Villar de Cañas (Cuenca) en 2018 y desde entonces no ha avanzado en un nuevo PGRR para decidir qué hacer. Ahora pone en marcha el proceso cuando ya no queda tiempo para aprobarlo esta legislatura”, se queja uno de los operadores nucleares. 

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“Sólo se busca salvar la cara y poder decir a Europa que se ha empezado el procedimiento, pero el Ministerio sabe que le está dejando la decisión al siguiente Gobierno”.

El Gobierno pactó con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035 que conducirá al apagón nuclear total en el país. Los planes del Gobierno son mantener el cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles ahora operativos acordados en 2019 con Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, y que contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. El objetivo es empezar con los trabajos previos de clausura entre tres y cinco años antes del cese de actividad de cada central, iniciar las obras de desmantelamiento tres años después del cierre y que se alarguen durante una década.