FONDOS EUROPEOS

Fondos europeos: Las promesas de Sánchez que comprometen a futuros gobiernos

Centenares de inversiones en centros deportivos, estaciones o instalaciones de regadío, miles de kilómetros de vías férreas mejoradas, centenares de miles de domicilios arreglados para hacerlos más eficientes energéticamente y millones de ciudadanos formados en habilidades digitales y en competencias para mejorar su empleabilidad: los compromisos de inversión y gasto adquiridos con la Unión Europea que rebasan el horizonte de la actual legislatura

Pedro Sánchez, en el Congreso.

Pedro Sánchez, en el Congreso. / Alberto Ortega

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Las Disposiciones Operativas, el documento firmado esta semana entre el Gobierno y la Comisión Europea para fijar el ritmo de las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los 70.000 millones de euros de subvenciones europeas, establece con un nivel de precisión que no había sido alcanzado hasta ahora los proyectos que España ha de acometer en los próximos años y, sobre todo, el calendario de su puesta en marcha. En muchos casos, las fechas van más allá del umbral de esta legislatura: las personas afectadas más allá de finales de 2023 se cuentan por millones, y las cantidades comprometidas por miles de millones.

Así, la mejora de las infraestructuras ferroviarias comprometidas a plazo más largo es notable: no sólo habrá que haber dedicado 1.619 millones de euros para la mejora de las líneas de corta distancia a finales de 2024; en Cercanías, 700 kilómetros de vías y 70 estaciones han de ser mejoradas para 2026, además de tener que realizar distintas actuaciones (construcción, equipamiento y/o mejora) sobre 2.700 kilómetros de las redes ferroviarias de los corredores Atlántico y Mediterráneo.

En el ámbito de la agenda urbana y rural, los compromisos de mayor recorrido incluyen la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social, y las actuaciones de mejora sobre 381.000 domicilios y 2.600 hectáreas de distritos, barrios, y también de zonas próximas a minas de carbón y a centrales eléctricas: todo para mediados de 2026. También para mediados de 2026 se espera la renovación de 1.230.000 metros cuadrados de edificios públicos (además de la renovación estrictamente energética de 1.000.000 metros cuadrados de esas instalaciones) la modernización de 100.000 sistemas de regadío, medidas de conservación de la biodiversidad sobre 50.000 hectáreas de terreno y llegar a un porcentaje de recogida municipal selectiva de basuras del 21%. Por su parte, entre empresas, municipios, Comunidades Autónomas y Estado tendrán que sumar 280 proyectos de movilidad sostenible para finales de 2025, y 85 proyectos innovadores que impulsen la electromovilidad.

5 millones de personas formadas

En la energía, el compromiso para mediados de 2026 es el aumento de capacidad de generación de energía renovable en 3.980MW, además de la entrada en funcionamiento de cinco centros de almacenamiento energético; en turismo, habrá que acometer 50 actuaciones en inmuebles de patrimonio histórico también con el horizonte del segundo trimestre de ese año; y en deporte, el compromiso es arreglar y mejorar 95 instalaciones a finales de 2025.

También para finales de 2025 es cuando están previstos los principales resultados en materia de formación: para esa fecha, 2,6 millones de ciudadanos tendrán que haber recibido algún tipo de instrucción general para mejorar sus competencias digitales, y otros 2,4 millones de empleados y parados habrán pasado por cursillos más específicos con el fin de afinar sus competencias profesionales o recualificarse. Antes, para finales de 2024, se agendan dos importantes compromisos relacionados con educación y empleo: tendrá que haber 135.000 plazas más de Formación Profesional que a finales de 2020, y el proceso de estabilización de 300.000 interinos de la administración pública habrá de completarse.

PERTE y digitalización

En algunos casos, el diseño de las medidas concretas cae (en principio) en esta legislatura, pero la rendición de cuentas corresponderá a otro Gobierno. Por ejemplo, en el caso de la digitalización de la administración central, los contratos, por valor de 1.200 millones de euros, han de firmarse antes de finales de 2023, pero de su finalización tendrá que dar cuenta el Ejecutivo que esté en el poder en el tercer trimestre de 2025. Igual pasa con los PERTE, los grandes proyectos que implican a toda una industria: de momento sólo hay uno convocado, el del vehículo eléctrico, pero Europa quiere que haya tres completados para mediados de 2026.

Además de las inversiones y los programas, las reformas que se han comprometido con Bruselas (como la laboral y la de pensiones) y que en general están previstas para los años de esta legislatura (2021, 2022 y 2023) también ejercerán su influencia sobre los gobiernos siguientes: su contenido será difícil de cambiar, porque el acuerdo con Bruselas especifica que "el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos presuponen que las medidas relacionadas con hitos y objetivos previos no han sido revertidas": es decir, cambiar una reforma que tiene el visto bueno de la Comisión Europea puede suponer la paralización de la recepción de los fondos.

Las reformas e inversiones afectan a todos los ámbitos de la vida económica del país, al sector público y al privado y a todos los niveles de la administración, pero -tal y como detallan las Disposiciones- además del diseño del programa, su dirección la lleva el Gobierno central y, singularmente, la Secretaria General de Fondos Europeos, que "es responsable a nivel nacional de la coordinación y supervisión de la implementación efectiva de las medidas previstas y la consecución de los objetivos fijados en el Plan de Recuperación y Resiliencia".

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