La batalla por el precio del alquiler

La aplicación de la nueva ley de vivienda abre la guerra entre el Gobierno y las CCAA

Fuentes del sector inmobiliario indican que la inversión se polarizará hacia aquellas autonomías que no implementen la nueva normativa estatal, como es el caso de Madrid o Andalucía

La aplicación de la nueva ley de vivienda abre la guerra entre el Gobierno y las CCAA
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 La aprobación ayer del Anteproyecto de la Ley de Vivienda amenaza con convertirse en una nueva arma arrojadiza entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas en las que no gobierna el PSOE. La clave, en esta ocasión, se centra en la declaración de zona tensionada. La aplicación de este concepto, enfocado a aquellos núcleos urbanos que encadenen altos precios del alquiler, permitirá a los propietarios beneficiarse de determinadas bonificaciones fiscales, que variarán en función de si se rebaja el precio el 5% respecto al anterior contrato (90%), si el arrendador tiene entre 18 y 35 años (70%) o de si ha realizado una reforma reciente en su vivienda (60%). Sin embargo, como las competencias en materia urbanística dependen de las CCAA, solo se podrán beneficiar de estas deducciones los ciudadanos que pongan en alquiler inmuebles en regiones en las que haya entrado en vigor la norma porque la autonomía en cuestión lo haya aceptado.

Lo que en la práctica supone dejar fuera de estas bonificaciones a las comunidades en las que no gobierna el PSOE que han anunciado ya su negativa a su implementación, como es el caso de Madrid o Andalucía, entre otras. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana indican que su objetivo es “establecer un equilibrio en las zonas tensionadas, queremos que no haya especulación en los precios… que pueda haber un incremento del 10%, pero no del 20-40% que expulse a familias del mercado del alquiler”. Sin embargo, también recuerdan que en las comunidades que no se acojan a esta normativa “podrán aplicar otros incentivos fiscales en materia de vivienda”.

Fuentes del sector inmobiliario señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que “esta normativa genera inseguridad jurídica y una polarización de la inversión hacia aquellas comunidades que dedican no aplicarla, como es el caso de Madrid. El mejor ejemplo lo tenemos en Cataluña, donde la inversión inmobiliaria se ha reducido en los últimos años tras la aplicación de los límites al precio del alquiler. Estas medidas intervencionistas no gustan a los inversores, que buscan un libre mercado para invertir y reclaman certidumbre jurídica. Además, no debemos olvidar que la inversión se sitúa en muchas más regiones que Madrid y Cataluña. En el caso de la costa, Andalucía puede resultar beneficiada en términos de inversión frente a otras como la Comunidad Valenciana donde sí se han mostrado más partidarios de su aplicación”.

Los mayores afectados serán los grandes tenedores, aunque no a todos afectará por igual. Según la definición que recoge el anteproyecto, se catalogan así a las personas físicas o jurídicas que tengan más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o con una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial (se excluyen garajes o trasteros). Sin embargo, solo las personas físicas se podrán beneficiar de los incentivos fiscales por rebajar el precio del alquiler, mientras que a las jurídicas (es decir, empresas y fondos de inversión) estarán afectados por las limitaciones de precios. Desde el Ministerio, no obstante, no han querido revelar cómo se calcularán los índices de referencia y se dan hasta 2024 para la entrada en vigor de esta medida. En la actualidad, el Ministerio calcula que el 85% de los pisos de las zonas tensionadas están en manos de particulares. Asval, la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler, apunta a que “esta medida supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual”.

Tiempos diferentes

Por otro lado, fuentes financieras indican también que “se trata de una medida electoralista que difícilmente verá la luz, pero así muestran que hay un compromiso con sus votantes para rebajar los precios”. En cualquier caso, los tiempos que maneja el Gobierno apuntan a que la norma completará su aprobación parlamentaria “en el segundo semestre de 2022”, según indicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y, a partir de ahí, pasarán 18 meses hasta que tengan acotados todos los aspectos clave de la ley. En este contexto, otras fuentes consultadas señalan que “difícilmente estará lista antes del final de la legislatura”.  

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