La RFEF de Rubiales maniobra para evitar el juicio por defraudar 1,5 millones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales -ahora suspendido de forma temporal por la FIFA- ha maniobrado para sortear el banquillo de los acusados como persona jurídica en el denominado 'caso Haití' alegando que el delito de fraude de subvenciones por el que fue procesada está prescrito. Así consta en las cuentas de la propia Federación, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La causa ha recaído en el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid, cuya titular es Hortensia de Oro-Pulido, que deberá decidir si acepta la petición de la Federación bajo la presidencia de Rubiales.

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"La RFEF alega la prescripción de las actuaciones dado que la acción se consumó el 30 de noviembre de 2011 y la querella que da origen a las actuaciones se interpuso el 30 de diciembre de 2016", explica el organismo que rige los destinos del fútbol español en un recurso que sostiene que no se le puede procesar por fraude de subvenciones porque pasaron "más de cinco años", el periodo en el que se considera que el delito habría prescrito.

Devolvió el dinero

Sin embargo, la Federación reconoció que las ayudas públicas no tuvieron el destino para el que fueron concedidas. En sus cuentas oficiales, la RFEF explica, en este sentido, que tras ser imputada como persona jurídica abrió una investigación interna que permitió que "antes del inicio del procedimiento judicial" las subvenciones, que no fueron ejecutadas, fueran reintegradas: "Dicho reintegro, por un importe total de 1.560.931 euros incluyó el principal más los intereses devengados", prosiguen las cuentas de Rubiales, que defienden que esta "regularización conlleva la reparación del daño, siendo por tanto eximente de acción penal".

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El conocido como 'caso Haití', el único por el está procesada la RFEF como persona jurídica, se inició tras la denuncia presentada por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (Cenafe), Miguel Ángel Galán Castellanos, contra la Federación, contra su entonces presidente, Ángel María Villar, y otros directivos. En concreto, les atribuía los delitos de apropiación indebida, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con una subvención de 219.500 euros cuya finalidad era la creación de una escuela de fútbol en Haití.

La investigación desarrollada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) confirmó que esos fondos no tuvieron como destino el país caribeño. Además, la instructora amplió sus pesquisas a cuatro programas subvencionados diferentes por otros 1.222.500 euros que también fueron adjudicados a la RFEF.

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Tres procesados

Además de la Federación, la magistrada de Majadahonda acordó procesar al ex secretario general del organismo Jorge Pérez Arias; al ex administrador José María Castillón Casasnovas; y a la exdirectora de la Fundación de la RFEF Isabel Navas Portillo. Les acusó de no ejecutar "el proyecto para el que la subvención fue otorgada, no ajustándose a las condiciones a las que se condicionó la ayuda", dice de forma literal un auto de 28 de noviembre de 2022, al que ha tenido acceso esta redacción.

Por el contrario, la jueza archivó la acusación contra Villar y contra la Federación por los otros delitos por los que fueron denunciados. La Fiscalía ya ha reclamado que se condene a la RFEF al pago de 700.000 euros, según adelantó la web Iusport.