Profundo malestar en el Gobierno por la amenaza de huelga de los clubes de LaLiga

Hace tiempo que cuando se pregunta en el seno del Gobierno por asuntos y polémicas vinculados al fútbol profesional español la respuesta es la misma: "Estamos muy hartos". Cada cierto tiempo, aparecen nuevos elementos de fricción y el último tiene que ver por la Ley del Deporte, ese proyecto de reforma anunciado durante años y años que verá al fin la luz en los próximos meses. Quizá en diciembre, pero ya no es prudente ponerle fechas al asuntos, pues todas acaban decayendo.

El caso es que la complicada tramitación para la actualización del texto vigente desde 1990 se ha encontrado con 39 de los 42 clubes de LaLiga enfrente cuando lo más difícil parecía hecho, alcanzar cierto consenso político (ni mucho menos total) para recibir el aval del Congreso y el Senado. "No es una discrepancia más, esto es gordo y vamos muy en serio", aseguran desde uno de los clubes alineados, que son todos menos el Barcelona, el Madrid y el Athletic. Los tres conforman la oposición habitual al presidente de LaLiga, Javier Tebas. Allí está CVC como (gran) ejemplo reciente.

Las discrepancias

Hay varios focos de debate sobre el articulado ahora en tramitación, a falta todavía del informe que haga la ponencia y de las modificaciones que puedan producirse antes de su definitiva votación en las dos Cámaras legislativas. El principal punto de fricción tiene que ver con la eliminación de un párrafo que protegía a los clubes españoles de una hipotética Superliga.

Hasta hace unas semanas, el proyecto recogía, de forma resumida y pegada a la realidad, que la RFEF y LaLiga podían denegar licencias a aquellos clubes que participaran en competiciones que estén fuera de la jerarquía tradicional del fútbol. Como la Superliga, claro. Pero una enmienda pactada entre PSOE y PP borró esa referencia. En LaLiga no tienen ni la menor duda de que Florentino Pérez es quien está detrás de esta maniobra.

Esa modificación de finales de septiembre, unida a una falta de blindaje (a juicio de Tebas y de los clubes) de la comercialización conjunta de los derechos de televisión, ahora regulada por un Real Decreto Ley, una norma de rango inferior al de una ley, enfureció a los clubes que no son Madrid, Barça y Athletic.

La reacción de estos clubes fue reclamar una reunión al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y deslizar en diversos medios su voluntad de convocar un cierre patronal (o sea, una huelga que paralice la competición) si no se atendían sus demandas. Una postura que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha causado un profundo malestar en el Gobierno.

"No es aceptable acudir a una reunión con un ministro habiendo presionando en los medios con que te pararás la competición si no hace lo que quieres", señalan desde el Ejecutivo, que no dio ninguna difusión a la reunión celebrada ayer en el Ministerio de Cultura porque la consideran "una más" de las muchas que han tenido vinculadas al mundo del deporte en los últimos meses.

Amplia representación

A dicho cónclave acudieron, en representación del Gobierno, el ministro Iceta, el secretario general del Ministerio, Víctor Francos, y el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, José Manuel Franco. Ninguno hizo declaraciones a la salida.

Los clubes, por su parte, hicieron una demostración de fuerza, al acudir con Tebas y con 10 presidentes y directivos de otros tres clubes, todos los que forman parte de la Comisión Delegada de LaLiga. La directriz recibida por todos ellos es guardar silencio sobre lo hablado en el Ministerio, a la espera de que Iceta mueva ficha.

"Nos han escuchado, van a intentar resolver los problemas, y si tuviéramos que tomar otras decisiones lo haríamos, pero no empecemos la casa por el tejado, empecemos por hablar y resolver los problemas”, resumió el presidente del Sevilla, José Castro, uno de los tres que hizo declaraciones, en representación del resto, junto a los máximos dirigentes del Eibar (Amaia Gorostiza) y del Levante (Quico Catalán).

Descartaron, en todo caso, acudir a un parón inmediato de la competición. "La situación tendría que ser aún más extrema para eso. Ese escenario sería delicado para el Gobierno, pero sobre todos para los clubes y más aún tras estos dos años de pandemia con reducción de ingresos. Pero si hiciera falta...", reconocen en privado desde otro de los clubes consultados.

Desde el Gobierno, por su parte, recuerdan que no es el Ministerio sino el Congreso y el Senado quienes deciden los contenidos de las leyes. Asumen su papel mediador, pero entienden que la ventanilla y otra. Y advierten: "En ningún escenario se puede renunciar a un amplio consenso político por las demandas de terceros".